Los abogados de Cristina Kirchner aseguran que una nueva documentación pone en crisis uno de los fundamentos de la condena por Vialidad. La defensa sostiene que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de más de US$2.000 millones y prepara un recurso para revisar la sentencia.
Redacción EnOrsai // Miercoles 16 de septiembre de 2026 | 06:49
Una nueva prueba pone contra las cuerdas los fundamentos de Vialidad
El dato que puso en marcha la nueva ofensiva judicial es concreto: un informe elaborado sobre información de la Dirección Nacional de Vialidad señala que entre 2009 y 2015 se pagaron US$2.200 millones mediante el mecanismo analizado, pero las empresas vinculadas al Grupo Austral recibieron US$18,66 millones, apenas el 0,85% del total.
Para la defensa, esa cifra no es un detalle contable. Es la pieza con la que pretende discutir la premisa de que el decreto 54/2009 habría sido utilizado para favorecer a Lázaro Báez.
El informe presentado por los abogados sostiene que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió 367 obras, ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados de pago durante el período analizado. De ese universo, solamente 17 obras estuvieron vinculadas a cuatro empresas del Grupo Austral.
Esas 17 obras representaron el 4,63% del total de obras financiadas. Los 36 certificados correspondientes al Grupo Austral significaron el 0,93% de todos los certificados pagados y los US$18,66 millones representaron el 0,85% del dinero desembolsado.
La evolución anual que exhibe el informe también resulta relevante para la estrategia defensiva: la participación del Grupo Austral habría sido del 1,63% en 2009 y del 3,26% en 2010, para luego caer al 0,18% en 2011 y llegar al 0% entre 2012 y 2015.
La defensa utiliza esos datos para sostener que el fideicomiso no habría sido creado exclusivamente para beneficiar a Báez. Carlos Beraldi afirmó que la información demuestra que lo señalado en la sentencia era falso y calificó la imputación de “absolutamente falsa”.
Pero existe una discusión sobre el universo utilizado para realizar la comparación. Un magistrado de Comodoro Py citado por Infobae sostuvo que el informe toma datos nacionales, mientras que el juicio de Vialidad estuvo concentrado en la obra pública de Santa Cruz, donde —según esa fuente— Báez habría concentrado cerca del 85% de las obras investigadas.
Ese contrapunto será central para determinar cuánto peso puede tener la nueva documentación. La defensa sostiene que los números contradicen la hipótesis de la condena; desde el ámbito judicial se cuestiona que esos números sean comparables con el universo específico que fue objeto del juicio.
La información apareció a partir de la declaración de un funcionario de Vialidad en la causa Cuadernos. Según relató Beraldi, el testigo explicó una base de datos en la que figuraba cómo habían sido utilizados los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2018.
La defensa solicitó acceder a esa información y luego encargó un análisis económico-financiero a especialistas de la consultora brasileña Specs. El informe presentado está fechado el 14 de septiembre en San Pablo y cruzó la información de la planilla de Vialidad con las empresas y las obras incluidas en la causa.
El dato tiene especial importancia para los abogados porque, según su relato, durante el juicio habían propuesto realizar una pericia contable para determinar cómo habían sido utilizados los fondos y quiénes resultaban beneficiarios, pero el pedido fue rechazado en distintas instancias.
El objetivo ya no es solamente discutir públicamente la sentencia. Beraldi anunció que presentarán un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y que solicitarán la suspensión de los efectos de la condena mientras se analiza la nueva evidencia.
La pretensión de la defensa es explícita: que la condena sea revisada, que Cristina Kirchner recupere la libertad y que pueda reanudar su actividad política. Según Beraldi, la mera presentación del recurso permitiría solicitar la suspensión de la sentencia.
La ofensiva también será llevada al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa ya presentó una comunicación individual vinculada con la condena y sus consecuencias.
La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja presentada por la defensa. Actualmente, Cristina Kirchner cumple seis años de prisión domiciliaria y mantiene la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Por eso, la aparición de esta documentación no significa por sí misma que la condena haya sido anulada ni que la prisión domiciliaria haya quedado sin efecto. Lo que cambia es el terreno de la disputa: los abogados buscan convertir una nueva evidencia documental en fundamento para abrir una revisión judicial.
El centro de la ofensiva es una pregunta incómoda: si el mecanismo que, según la defensa, fue utilizado como prueba para vincular al gobierno de Cristina Kirchner con un supuesto beneficio a Báez distribuyó más de US$2.000 millones y apenas el 0,85% terminó en empresas del Grupo Austral, ¿qué peso debe tener ahora ese dato frente a los fundamentos de la condena?
La Justicia deberá determinar si esa nueva evidencia alcanza para modificar lo ya resuelto. Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner ya convirtió la cifra en el eje de una ofensiva nacional e internacional destinada a cuestionar no solo la condena, sino también la continuidad de sus efectos: la prisión y la inhabilitación política.
LA NACION. (2026, 15 de septiembre). Los abogados de Cristina Kirchner presentaron una nueva prueba para revertir la condena por el caso Vialidad y piden un recurso de revisión.
Infobae. (2026, 15 de septiembre). Los abogados de Cristina Kirchner presentaron un informe con nuevas pruebas para discutir la condena en la causa Vialidad.
TN. (2026, 15 de septiembre). Los abogados de Cristina Kirchner dicen que encontraron una prueba que la podría beneficiar en la causa Vialidad.
Página/12. (2026, 15 de septiembre). “La imputación fue absolutamente falsa”: los abogados de Cristina apuntaron contra la condena por Vialidad.
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