Corrupción libertaria en Tandanor: secuestran US$367.110 en efectivo

La Justicia investiga una presunta coima tras hallar US$367.110 y un recibo manuscrito

Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y otro en Mar del Plata. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñaba como gerente comercial del astillero estatal.

La hipótesis judicial apunta a una presunta exigencia de dinero a un empresario privado a cambio de hacer desaparecer una deuda que su empresa mantenía con Tandanor. El monto de esa deuda rondaba los US$200.000, mientras que la maniobra investigada alcanzaría, según la reconstrucción publicada, al menos los US$220.000.

Pero el dato que más compromete el expediente no es solamente la cantidad de dólares encontrada. Entre los elementos secuestrados apareció también un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones, además de comprobantes de transferencias, extractos bancarios, contratos y documentación comercial.

La pista del dinero: un recibo escrito a mano

Según la investigación, Gallé habría ofrecido al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar S.A., gestionar la condonación de una deuda que la compañía mantenía con Tandanor.

La Justicia intenta determinar si esa supuesta gestión estaba condicionada al pago de dinero. El expediente analiza una posible maniobra de cohecho y administración infiel en perjuicio de la administración pública.

El hallazgo del efectivo adquiere especial relevancia porque los investigadores no encontraron únicamente documentación contable o bancaria. También apareció dinero físico distribuido entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño.

Los allanamientos permitieron secuestrar además una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. Todo ese material quedó incorporado a una investigación que ahora deberá determinar el origen del dinero, su eventual destino y la existencia de una conexión concreta con la presunta maniobra denunciada.

Una causa que nació dentro del propio astillero

El expediente tiene un elemento que resulta particularmente significativo. La investigación no comenzó a partir de una denuncia periodística, sino de una auditoría interna realizada en Tandanor después del recambio de autoridades.

Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia de la propia empresa estatal. En mayo, Casanello delegó la investigación en una unidad especializada de la Policía Federal dedicada a delitos vinculados con la corrupción.

De esta manera, una revisión administrativa terminó transformándose en una causa federal con allanamientos, secuestro de cientos de miles de dólares y documentación que ahora deberá ser analizada por la Justicia.

La gestión de Ana Laura Hernández queda bajo la lupa política

La investigación judicial tiene como protagonista principal a Gallé, pero el caso también vuelve sobre el período en el que Ana Laura Mari Hernández estuvo al frente de Tandanor durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

Hernández había llegado a la presidencia del astillero durante la gestión de Nicolás Posse. Su desembarco estuvo acompañado por una fuerte reestructuración interna, con despidos de trabajadores, incorporación de directores y asesores y la contratación de BDO para realizar una auditoría.

Uno de los cambios que generó mayor controversia fue la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión, un área que concentraba información vinculada con el funcionamiento de la compañía.

La decisión produjo una crisis interna y, según la información publicada, Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina e integrante del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo adoptado por la conducción.

Sin embargo, hay una precisión imprescindible: no surge de la información disponible que Hernández esté imputada por la presunta maniobra de cohecho investigada actualmente. La relación con la causa es temporal y administrativa, vinculada con el período de conducción del astillero en el que posteriormente se detectaron las irregularidades.

Tandanor y una vieja historia con los terrenos

El caso adquiere otra dimensión cuando se observa el valor estratégico y territorial de Tandanor.

El astillero ocupa más de 30 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires. Su patrimonio territorial ha sido históricamente un punto de conflicto y también estuvo atravesado por una causa de corrupción vinculada con la privatización de un predio durante la década de 1990.

En 2018 fueron condenados un exfuncionario del Ministerio de Defensa y dos empresarios por una maniobra relacionada con la privatización fraudulenta de un terreno perteneciente a Tandanor.

En agosto de 2026, el Tribunal Oral Federal N.º 5 ordenó el decomiso y la restitución a Tandanor de ese predio, conocido como Planta I. La decisión judicial puso nuevamente en primer plano una historia en la que el patrimonio del astillero terminó en manos privadas mediante una operación que la Justicia consideró irregular.

El antecedente no demuestra ninguna relación entre aquella causa y la investigación actual por presunto cohecho. Pero sí permite dimensionar por qué el patrimonio de Tandanor constituye una cuestión de enorme importancia cuando vuelve a discutirse el futuro de la empresa estatal.

El Gobierno vuelve a poner a Tandanor en la agenda de privatizaciones

Mientras la Justicia investiga lo ocurrido puertas adentro del astillero, el Gobierno de Javier Milei volvió a colocar a Tandanor dentro de la discusión sobre las privatizaciones.

La empresa había formado parte originalmente de las compañías estatales alcanzadas por el proyecto de privatizaciones impulsado por el Gobierno. En 2026, la posibilidad de avanzar nuevamente sobre Tandanor volvió a aparecer en la agenda oficial.

El dato adquiere particular relevancia porque, según los relevamientos citados en las investigaciones periodísticas, Tandanor no aparece simplemente como una empresa estatal deficitaria que el Estado busca desprenderse para reducir gastos. Por el contrario, se ha señalado que registró resultados positivos.

Así, mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió con una presunta maniobra para condonar una deuda privada a cambio de dinero, el Gobierno mantiene abierta la discusión sobre el futuro de la compañía.

Del astillero estatal al negocio inmobiliario

La discusión tampoco puede desligarse del enorme valor de las tierras que ocupa Tandanor.

El astillero no representa solamente una infraestructura industrial vinculada con la actividad naval. También posee una ubicación estratégica en Buenos Aires, frente al desarrollo conocido como Solares de Santa María, en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Ese componente inmobiliario alimentó durante años las sospechas sobre el verdadero interés que puede existir detrás de las discusiones acerca del futuro de las tierras del astillero.

Pero, nuevamente, corresponde establecer un límite: la existencia de interés inmobiliario o de proyectos de privatización no constituye por sí misma una prueba de corrupción ni demuestra una relación con la causa que investiga Casanello.

Lo que sí existe es una coincidencia temporal que merece atención pública: mientras una causa federal reconstruye una presunta trama de coimas dentro de la empresa, el Gobierno vuelve a discutir el destino de un patrimonio estatal de enorme valor.

De Posse a González Botto: la continuidad en las empresas públicas

La salida de Hernández tampoco significó el final de la influencia del entorno de Nicolás Posse sobre Tandanor.

Posteriormente llegó a la conducción Mauricio González Botto, quien había estado vinculado al área de empresas públicas durante la gestión de Posse y había participado en el diseño inicial del proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno.

La sucesión resulta políticamente significativa porque conecta la conducción de Tandanor con el área desde la cual el Gobierno comenzó a diseñar la transformación y eventual privatización de empresas estatales.

El recorrido puede resumirse como una sucesión de etapas: primero, la reestructuración del astillero; después, una auditoría interna; luego, una denuncia; finalmente, una investigación federal que desembocó en allanamientos y en el secuestro de cientos de miles de dólares.

US$367.110 y una pregunta que ahora deberá responder la Justicia

El hallazgo de US$367.110 en efectivo no prueba por sí mismo que todo ese dinero provenga de una maniobra de corrupción. Esa determinación corresponde a la Justicia.

Lo que sí existe es una investigación federal que tiene como principal imputado bajo la lupa a un exgerente comercial de Tandanor, una presunta negociación vinculada con una deuda de alrededor de US$200.000, un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones y documentación financiera cuyo análisis puede resultar decisivo.

La pregunta central será determinar si esos elementos forman parte de una misma operación, quiénes participaron y cuál fue finalmente el destino del dinero.

Y hay otra pregunta, de naturaleza política, que excede el expediente penal pero que difícilmente pueda evitarse: ¿qué ocurrió dentro de Tandanor durante la reestructuración de los primeros meses del gobierno de Milei y por qué, mientras aparecen estas irregularidades, el Estado vuelve a discutir la privatización de un astillero estratégico y dueño de tierras de enorme valor?

Por ahora, no hay una respuesta judicial para esa pregunta. Sí existe, en cambio, una causa federal que acaba de pasar de una auditoría administrativa a una investigación por presunto cohecho.

El efectivo secuestrado, el recibo manuscrito y los movimientos bancarios constituyen ahora las piezas de un rompecabezas que deberá reconstruir la Justicia. Y el resultado será especialmente relevante porque Tandanor no es solamente una empresa estatal: es patrimonio público, infraestructura industrial y territorio. En un Gobierno que hizo de la privatización una de sus principales banderas, cada decisión sobre el futuro del astillero vuelve a poner en discusión una pregunta incómoda: ¿se está desarmando al Estado para hacerlo más eficiente o se está poniendo en juego patrimonio público cuyo verdadero valor excede ampliamente sus balances?