Sea Lion: Milei endurece las sanciones, pero ¿Argentina tiene realmente capacidad para frenar el petróleo de Malvinas?

Milei endurece sanciones, pero Sea Lion avanza hacia 2028

El conflicto por el petróleo de Malvinas ingresó en una nueva etapa. Después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que exploten hidrocarburos en las islas sin autorización argentina, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration respondieron que sus licencias siguen siendo válidas y que las medidas argentinas no tendrán un efecto material sobre Sea Lion.

El proyecto está ubicado al norte de las Islas Malvinas y es operado por Navitas, que posee el 65%, mientras Rockhopper conserva el 35%. Las compañías sostienen que las licencias fueron otorgadas por el gobierno de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido.

La disputa, entonces, no se limita a una pelea entre el Gobierno argentino y dos petroleras. El problema de fondo es mucho más incómodo: Argentina sostiene que esas actividades se desarrollan sobre su plataforma continental, pero no ejerce control efectivo sobre el territorio desde el cual se otorgan las licencias ni sobre las operaciones que allí se realizan.

Y esa diferencia entre derecho reclamado y capacidad efectiva de imponerlo es precisamente el punto débil de la ofensiva anunciada por Milei.

Argentina ya había sancionado a Navitas y Rockhopper

La historia tampoco comenzó con la cadena nacional de Milei.

En abril de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 240/2022 y declaró ilegales y clandestinas las actividades desarrolladas por Navitas Petroleum en la plataforma continental argentina próxima a las Malvinas. La empresa fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino.

La medida se tomó en el marco de la Ley 26.659, que establece las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La legislación contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para quienes incumplan las prohibiciones establecidas.

El proceso había comenzado antes. Según la Cancillería, durante 2020 el Gobierno nacional había enviado notas de desaliento a las empresas involucradas, advirtiéndoles que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino y que las actividades hidrocarburíferas sin autorización podían generar consecuencias administrativas y judiciales.

La ofensiva también había alcanzado a otras compañías vinculadas con Sea Lion. Harbour Energy terminó retirándose del proyecto, mientras Navitas decidió continuar.

Una sanción de 20 años que no impidió el avance del proyecto

Aquí aparece la primera gran contradicción.

La sanción contra Navitas no desapareció. En septiembre de 2023, la propia Cancillería volvió a recordar que la empresa estaba declarada clandestina y tenía una inhabilitación por veinte años.

Más todavía: en diciembre de 2025, cuando Sea Lion dio un paso decisivo hacia su desarrollo, el Gobierno argentino volvió a señalar oficialmente que tanto Navitas como Rockhopper habían sido sancionadas por operar sin autorización argentina.

Por lo tanto, hay que corregir una versión que circuló estos días: no existe evidencia oficial consultada que permita afirmar que Milei levantó las sanciones de 2022 contra Navitas.

La evidencia disponible apunta en sentido contrario. Las sanciones continuaban siendo reconocidas por el propio Estado argentino cuando el proyecto avanzó hacia la decisión final de inversión.

Entonces, ¿qué cambió con Milei?

Lo que cambió ahora es el intento del Gobierno de hacer más rápido y más amplio el mecanismo sancionatorio.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento administrativo específico para detectar, investigar y sancionar actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales.

El decreto fija diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo y otros diez días para que la autoridad resuelva el procedimiento una vez cumplidas las etapas correspondientes. También obliga a los organismos públicos nacionales a informar posibles incumplimientos a la autoridad de aplicación.

Pero hay algo todavía más relevante.

La nueva reglamentación busca extender las consecuencias más allá de las petroleras. El Gobierno apunta también a quienes tengan participación societaria, a proveedores y a otros actores que participen directa o indirectamente de las actividades hidrocarburíferas cuestionadas.

Además, el decreto incorpora controles vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI. Los proyectos que pretendan acceder a ese régimen deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659.

El límite que Milei no puede resolver con un decreto

El problema es que una sanción argentina no equivale automáticamente a la posibilidad material de detener una operación petrolera en las Malvinas.

Reuters señaló que Argentina no administra las islas y, por esa razón, no puede bloquear directamente las perforaciones allí. Esa limitación es central para entender por qué Navitas y Rockhopper pudieron responder que las nuevas medidas no modificarán el calendario de Sea Lion.

Las empresas sostienen una posición jurídica diametralmente opuesta a la argentina: consideran válidas las licencias otorgadas por el gobierno de las islas y remarcan el respaldo del Reino Unido.

Argentina, en cambio, considera ilegítimas esas licencias y sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas en la zona en disputa no cuentan con autorización argentina. La Cancillería también las vincula con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la disputa de soberanía.

Ahí aparece el verdadero desafío para el Gobierno.

Milei puede sancionar empresas que tengan actividades, negocios o vínculos dentro de la jurisdicción argentina. Lo que resulta mucho más difícil es impedir físicamente que una empresa continúe operando bajo la autoridad de un territorio que Argentina no administra.

El proyecto ya está demasiado avanzado

La dificultad aumenta porque Sea Lion ya no es solamente una hipótesis de exploración.

Navitas y Rockhopper adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto en 2025 y proyectan obtener el primer petróleo en 2028. La inversión de capital prevista para esa etapa ronda los 2.200 millones de dólares, según Rockhopper.

El proyecto contempla una primera producción de aproximadamente 50.000 barriles diarios. La estimación difundida por Reuters ubica los recursos del yacimiento en alrededor de 1.700 millones de barriles.

Esto explica la urgencia política de la reacción argentina.

El Gobierno ya no está discutiendo solamente una licencia exploratoria o una eventual perforación futura. Está intentando intervenir cuando el emprendimiento entró en una fase en la que las compañías ya tomaron decisiones de inversión y establecieron un horizonte concreto de producción.

El mercado respondió, pero las petroleras no retrocedieron

Las amenazas argentinas sí tuvieron un efecto inmediato sobre el mercado financiero.

Las acciones de Rockhopper llegaron a caer alrededor de 12% y las de Navitas hasta 6% luego de los anuncios de Milei. Sin embargo, la reacción bursátil no se tradujo hasta ahora en una modificación pública del proyecto.

Por el contrario, las empresas comunicaron que consideran que los acontecimientos recientes no tendrán un efecto material sobre el desarrollo de Sea Lion ni sobre su cronograma.

El contraste es difícil de ignorar: Buenos Aires anuncia sanciones y las compañías responden que el proyecto seguirá adelante.

Eso no significa que las medidas argentinas sean irrelevantes. Pueden incrementar los costos legales, financieros y comerciales para las empresas, sus proveedores y otros actores vinculados. Pero tampoco significa que, por sí solas, puedan detener las operaciones petroleras dentro de las islas.

La paradoja de la política de Milei

El caso Sea Lion deja al descubierto una paradoja de la estrategia oficial.

Durante años, la Argentina construyó herramientas legales para desalentar la explotación de hidrocarburos en las áreas bajo disputa. El gobierno de Alberto Fernández utilizó esas herramientas contra Navitas y otras compañías. La administración Milei ahora decidió acelerar y ampliar ese mecanismo.

Sin embargo, mientras las sanciones argentinas permanecían vigentes, Sea Lion avanzó.

En diciembre de 2025, la propia Cancillería argentina denunció la decisión final de inversión de Navitas y Rockhopper y volvió a advertir que cualquier empresa, proveedor, entidad financiera o actor que participara directa o indirectamente en el proyecto podía quedar expuesto a medidas administrativas, legales y judiciales.

La pregunta que queda flotando es incómoda: si una inhabilitación de veinte años no consiguió impedir que Sea Lion llegara hasta la decisión final de inversión, ¿cuánto más puede conseguir un nuevo endurecimiento administrativo?

La respuesta dependerá de hasta dónde consiga Argentina trasladar el conflicto desde el terreno declarativo hacia los ámbitos financieros, comerciales, diplomáticos y judiciales donde sí posee capacidad de acción.

Una disputa que vuelve a poner a Milei frente a sus propias contradicciones

El Gobierno presenta el nuevo paquete de sanciones como una defensa de la soberanía nacional. Pero el episodio también expone los límites de una política que llega cuando el proyecto petrolero ya está avanzado y cuando las empresas aseguran que las decisiones argentinas no modificarán sus planes.

La contradicción es todavía más evidente porque las sanciones contra Navitas no son nuevas. Argentina ya había declarado ilegales sus actividades y la había inhabilitado durante veinte años. Y, pese a ello, Sea Lion avanzó hasta convertirse en un proyecto con decisión de inversión y producción proyectada para 2028.

Por eso, la discusión de fondo ya no es solamente si Milei puede anunciar sanciones más duras. La cuestión decisiva es si esas sanciones tienen capacidad suficiente para alterar una operación petrolera que se desarrolla bajo control británico, con licencias que las empresas consideran válidas y con un proyecto de inversión que ya entró en ejecución.

Sea Lion es, en ese sentido, una prueba concreta de la distancia entre proclamar soberanía y tener capacidad efectiva para ejercerla.

Y esa distancia es, probablemente, el verdadero desafío que el Gobierno deberá explicar.

Fuentes

• Boletín Oficial de la República Argentina. (2022, 21 de abril). Resolución 240/2022, Secretaría de Energía. Consultar la Resolución 240/2022
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (2022, 23 de abril). Sanción a empresa petrolera por actividades ilegales en la plataforma continental en Malvinas. Consultar la información oficial de Cancillería
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (2023, 20 de septiembre). Repudio de la República Argentina a las actividades ilegales llevadas a cabo por Navitas Petroleum LP en las Islas Malvinas. Consultar el comunicado oficial
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (2025, 11 de diciembre). Cuestión Malvinas: rechazo argentino a los anuncios presentados por las ilegítimas licenciatarias en las Islas Malvinas. Consultar el comunicado oficial
• Poder Ejecutivo Nacional. (2026, 4 de septiembre). Decreto 868/2026. Boletín Oficial de la República Argentina. Consultar el Decreto 868/2026
• Reuters. (2026, 4-5 de septiembre). Argentina's Milei steps up Falklands sovereignty claims with oil sanctions; Milei finds unity in pushback against Falkland Islands oil project.
• Infobae. (2026, 4 de septiembre). Las operadoras del yacimiento Sea Lion en las islas Malvinas respondieron a las sanciones de Milei.