PAMI Río Cuarto: la causa que pone contra las cuerdas al amigo de Luis Juez

La Justicia investiga a Carasso por tráfico de influencias en la causa PAMI

Una causa por hasta $1.400 millones

La situación judicial del exvicegobernador de Luis Juez, Marcos Carasso, se volvió más compleja en el marco de la investigación por una presunta defraudación al PAMI Río Cuarto. El expediente comenzó investigando una posible sobrefacturación de prestaciones de rehabilitación y el perjuicio económico estimado pasó de unos $600 millones a una cifra que podría alcanzar los $1.400 millones.

La investigación se concentra especialmente en Ethical Salud, empresa vinculada a servicios de rehabilitación. La Justicia Federal de Río Cuarto analiza si se facturaron prestaciones de alta complejidad que no se habrían realizado y si existió una estructura destinada a inflar los pagos efectuados por el organismo.

El expediente está a cargo del juez federal Carlos Ochoa, con intervención del fiscal Rodolfo Cabanillas. La causa alcanzó a distintos actores vinculados con Ethical Salud y al entonces director médico del PAMI, Víctor Genesio.

Carasso, en el centro de una segunda línea de investigación

Aunque Carasso no fue imputado por la presunta defraudación al PAMI, su nombre quedó involucrado a partir de una segunda línea investigativa derivada del expediente principal.

La Justicia lo imputó por presunto tráfico de influencias pasivo. La hipótesis bajo investigación apunta a que habría actuado como intermediario entre empresarios vinculados con Ethical Salud y un actor estatal todavía no identificado públicamente.

Según la información difundida sobre la causa, los registros de comunicaciones telefónicas tendrían un papel relevante. Esos registros ubicarían a Carasso atendiendo y canalizando pedidos de Pablo Adzich y Gonzalo Lima, ambos vinculados con Ethical Salud y ya imputados en el expediente principal.

La investigación busca determinar qué se solicitó, qué gestiones realizó Carasso y ante quién fueron efectuadas. La cuestión resulta central para establecer si se trató de gestiones políticas habituales o si pudieron constituir una utilización indebida de influencias.

Allanamientos y renuncia

El avance judicial tuvo una consecuencia política concreta. Gendarmería allanó la vivienda de Carasso en General Cabrera y su despacho en el Tribunal de Cuentas de Córdoba, donde se secuestró documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Luego de ser imputado, Carasso renunció al Tribunal de Cuentas y anunció también su salida de cargos partidarios dentro de la Unión Cívica Radical. El dirigente sostuvo que la Justicia no le atribuía participación en la defraudación al PAMI y afirmó que demostraría su inocencia.

Los empresarios bajo investigación

La causa principal involucra a Pablo Adzich, Gonzalo Lima y Lucas Kurilkowich, vinculados con Ethical Salud. También fue detenido e imputado el entonces director médico del PAMI, Víctor Genesio.

Adzich y Lima posteriormente sumaron una imputación por presunto tráfico de influencias activo. Esa figura aparece vinculada con la investigación sobre las gestiones que habrían realizado y con la presunta intervención de Carasso como intermediario.

El expediente, de este modo, comenzó a extenderse más allá de la discusión sobre las prestaciones facturadas. Ahora también intenta determinar si existió una red de contactos e influencias que pudiera haber facilitado la operatoria investigada.

La defensa de Luis Juez

Frente al avance de la causa, Luis Juez decidió presentarse voluntariamente como testigo. El dirigente defendió públicamente a Carasso, a quien calificó como un hombre "honorable", y sostuvo que las gestiones ante organismos públicos forman parte de las prácticas habituales de la actividad política.

Juez planteó incluso que, si ese tipo de gestiones fueran consideradas tráfico de influencias, debería investigarse a buena parte de la dirigencia política. Sin embargo, según la información publicada sobre el expediente, quienes conocen la causa consideran que su declaración tuvo escasa incidencia sobre la situación procesal de Carasso.

La defensa política, por lo tanto, no modificó hasta ahora el curso de la investigación judicial.

El PAMI y una ausencia que genera interrogantes

Otro elemento señalado en la información publicada sobre el caso es que el PAMI Río Cuarto no se habría presentado como querellante en la causa, pese a ser el organismo señalado como perjudicado por la presunta maniobra.

La situación adquiere relevancia política porque la conducción de la delegación está vinculada al diputado nacional Gabriel Bornoroni, referente de La Libertad Avanza en Córdoba. Según la información difundida, Bornoroni y Juez aparecen entre quienes intentan evitar que la causa termine golpeando políticamente a Carasso.

Así, mientras la Justicia Federal intenta determinar cómo se produjo la presunta defraudación y quiénes participaron, queda planteada una tensión política alrededor del rol que está asumiendo —o dejando de asumir— el propio organismo afectado.

El cambio en el sistema de facturación

La investigación también puso el foco sobre una modificación normativa del PAMI. Según la información publicada por Jornada Política, la Resolución 2024-790, firmada el 1° de julio de 2024, habría implementado un sistema de autogestión centralizado para determinados módulos.

De acuerdo con esa publicación, el nuevo esquema eliminó controles previos de las UGL locales y permitió autorizaciones automáticas desde Buenos Aires. La investigación periodística señala que, a partir de ese cambio, se habrían generado condiciones que facilitaron la facturación cuestionada.

Este aspecto introduce una dimensión política sobre el funcionamiento del organismo durante el gobierno de Javier Milei. La discusión ya no queda limitada a quién facturó determinadas prestaciones, sino que alcanza también a los mecanismos administrativos que permitieron procesarlas.

La pregunta que la Justicia todavía debe responder

La causa tiene ahora un interrogante decisivo: quién era el eventual destinatario estatal de las gestiones que, según la hipótesis investigativa, habría realizado Carasso.

Los registros de comunicaciones podrían resultar determinantes para reconstruir esa secuencia. Si la Justicia logra establecer qué pedidos realizaron los empresarios, qué intervención tuvo Carasso y qué funcionario recibió esas gestiones, podrá avanzar sobre el supuesto circuito de influencias investigado.

Por ahora, esa identidad no fue determinada públicamente. Precisamente por eso, la imputación de Carasso abre una nueva etapa en una causa que comenzó con una presunta sobrefacturación y terminó poniendo bajo la lupa las relaciones entre empresarios de la salud, funcionarios públicos y dirigentes políticos.

Una causa que incomoda al poder

El caso PAMI Río Cuarto ya no puede reducirse a una discusión contable sobre facturas. La investigación incorporó una dimensión política que compromete a dirigentes de distintos espacios y pone bajo examen los mecanismos mediante los cuales determinados empresarios pudieron acceder a funcionarios y gestionar decisiones dentro del Estado.

La cifra investigada —que podría alcanzar los $1.400 millones— vuelve especialmente relevante cada una de esas respuestas. Mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito de la presunta defraudación, las explicaciones políticas deberán enfrentar un expediente que, lejos de cerrarse sobre los empresarios inicialmente investigados, comenzó a mirar hacia quienes pudieron haber abierto las puertas del Estado.

El impacto final dependerá del avance de la investigación judicial. Pero el dato político ya está instalado: una causa por presunto perjuicio millonario al PAMI terminó colocando bajo sospecha el funcionamiento de una estructura de relaciones e influencias que excede a una empresa y alcanza a dirigentes con responsabilidades políticas.