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Qué recursos están en juego y por qué crece el rechazo al proyecto

La discusión ya no es solamente jurídica ni económica. Es, ante todo, una disputa por el futuro del territorio argentino. Mientras el Senado se prepara para debatir el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica la Ley de Tierras, miles de personas convocan a marchar frente al Congreso bajo una consigna tan sencilla como contundente: la tierra no puede transformarse en una mercancía entregada al mejor postor.

El proyecto oficial propone elevar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras. El Gobierno sostiene que esa flexibilización permitirá atraer inversiones millonarias y dinamizar la economía. Sin embargo, para organizaciones sociales, ambientales, campesinas, pueblos originarios y especialistas en soberanía territorial, el verdadero resultado sería otro: profundizar un proceso de concentración sobre recursos estratégicos que pertenecen a todos los argentinos.

No se trata únicamente de hectáreas. Se trata del control sobre cuencas de agua dulce, bosques, minerales, puertos, corredores logísticos y zonas de frontera. Son espacios cuya importancia excede cualquier cálculo financiero y forman parte de la capacidad del Estado para ejercer soberanía sobre su propio territorio.

Los datos disponibles muestran que alrededor del cinco por ciento del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, una superficie superior a los trece millones de hectáreas. Aunque el porcentaje nacional permanece por debajo del límite vigente, distintos estudios advierten que existen departamentos donde la concentración extranjera supera ampliamente ese techo, especialmente en regiones con abundancia de recursos naturales y valor estratégico.

Quienes convocan a la movilización sostienen que el proyecto no representa una política de desarrollo sino una cesión progresiva de soberanía. Desde esa perspectiva, la posibilidad de incrementar la propiedad extranjera sobre la tierra implica renunciar a herramientas que el Estado argentino construyó precisamente para proteger un recurso finito e irremplazable.

La preocupación aumenta porque la modificación de la Ley de Tierras forma parte de un paquete legislativo más amplio que también contempla cambios en materia de desalojos, expropiaciones y regulaciones sobre áreas afectadas por incendios. Para los sectores que rechazan la iniciativa, el conjunto de reformas responde a una misma lógica: reducir la capacidad regulatoria del Estado y ampliar el margen de acción de grandes intereses privados.

La convocatoria a marchar frente al Congreso expresa, entonces, mucho más que el rechazo a un artículo de una ley. Es una defensa de una idea de país donde la tierra continúa siendo un patrimonio estratégico antes que un activo financiero. Sus impulsores sostienen que las inversiones son necesarias, pero no a cualquier precio ni bajo condiciones que puedan comprometer el control nacional sobre recursos esenciales para las generaciones futuras.

La historia argentina demuestra que las decisiones sobre la propiedad de la tierra nunca fueron neutras. Detrás de cada modificación legal se definieron modelos de desarrollo, relaciones de poder y formas de ejercer la soberanía. Por eso, para quienes participarán de la movilización, el debate excede ampliamente una cuestión económica: consideran que está en juego quién decidirá sobre el destino de los recursos naturales del país durante las próximas décadas.

Con esa convicción, organizaciones sociales, ambientales y territoriales convocaron a concentrarse frente al Congreso durante el tratamiento legislativo del proyecto. Su mensaje es directo: la soberanía no se negocia, el territorio no se entrega y la tierra argentina no debe convertirse en una mercancía disponible para los grandes capitales internacionales.

Los principales puntos

Defensa de la soberanía nacional

Se sostiene que la tierra es un recurso estratégico y que permitir una mayor concentración en manos extranjeras puede reducir la capacidad del Estado para decidir sobre territorios clave.
Protección de recursos naturales. Muchas de las tierras involucradas contienen agua dulce, bosques, minerales, humedales o están ubicadas en zonas de frontera. Los críticos consideran que esos recursos deberían permanecer bajo mayor control nacional.

Evitar la concentración de la propiedad

Quienes rechazan la iniciativa afirman que una mayor apertura favorecería a grandes fondos de inversión y grupos económicos con alto poder adquisitivo, dificultando el acceso a la tierra para productores locales.

Seguridad nacional

Existe preocupación por la eventual adquisición de grandes extensiones cercanas a fronteras, pasos estratégicos, cuencas hídricas o infraestructura crítica.

Preservación del modelo establecido por la Ley 26.737

La legislación vigente fijó límites a la propiedad extranjera de tierras rurales precisamente para evitar una extranjerización excesiva. Quienes se oponen al cambio consideran que esos límites siguen siendo necesarios.

Impacto ambiental

Organizaciones ambientalistas advierten que el proyecto forma parte de un paquete de reformas que también modifica otras normas vinculadas con el manejo del fuego, expropiaciones y protección territorial, lo que podría reducir salvaguardas ambientales.

Protección de comunidades rurales e indígenas

Algunos sectores sostienen que una mayor presión del mercado sobre la tierra puede incrementar conflictos por la tenencia y afectar comunidades que dependen históricamente de esos territorios.

Decisión sobre un recurso no renovable. Para muchos manifestantes, una vez vendida una tierra a un privado extranjero, revertir esa situación resulta jurídicamente complejo y costoso, por lo que consideran que el debate debe darse antes de modificar la legislación. Este argumento ha aparecido con frecuencia en el debate público.