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Por Javier "El Profe" Romero - El próximo jueves 6 de agosto la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, las organizaciones ambientales y buena parte del arco político opositor van a confluir frente al Congreso bajo un lema que resume el clima de época: "Argentina no se vende". La convocatoria llega en el momento exacto en que el Senado debe tratar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que en los papeles habla de derechos y de seguridad jurídica pero que en la práctica abre la tranquera para que el capital extranjero avance sobre las tierras rurales, los acuíferos, los bosques nativos y la cordillera con minerales estratégicos.

Lo esencial:

• Centrales obreras y organizaciones sociales marcharán el 6 de agosto al Congreso bajo la consigna "Argentina no se vende".
• El Gobierno modificó el proyecto original de Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich al no alcanzar las voluntades necesarias en el Senado.
• La iniciativa modifica el régimen de expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y acelera procesos de desalojo.

El Gobierno tuvo que retroceder

Cuando el proyecto ingresó al Congreso, el borrador oficial no ponía ningún límite. La idea original de Federico Sturzenegger y de Patricia Bullrich era eliminar todo tope a la venta de tierras a personas físicas o jurídicas extranjeras. Con la ley vigente desde 2011 los extranjeros no pueden poseer más del 15% del territorio nacional ni más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Ese piso, mínimo pero existente, era lo que el oficialismo quería derribar.

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Sin embargo, tras cuatro postergaciones y quince versiones distintas del proyecto, el Gobierno se vio obligado a ceder. Fuentes legislativas confirmaron que Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger están negociando un tope de venta a extranjeros que rondaría entre el 20 y el 25%. Es una cifra superior a la actual, pero muy por debajo de lo que soñaba el Ejecutivo. También aceptaron que el Estado nacional mantenga la responsabilidad del resguardo de las zonas de frontera y que exista un registro público de las tierras ocupadas por extranjeros.

Para entender el contexto:

• Ley de Tierras (Ley 26.737 de 2011): Establece un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, además del tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
• Propuesta oficialista modificada: Busca elevar el límite de compra para extranjeros a un rango entre 20% y 25%, manteniendo el control público del registro y la custodia de fronteras.

La aritmética del Senado

La cuenta no cierra. La Libertad Avanza necesita 37 votos para la media sanción y el poroteo interno del bloque da 36. Tres senadores radicales que fueron claves para dar quórum el 16 de julio ya avisaron que no van a acompañar el capítulo de tierras. Y los libertarios saben que un solo voto en contra los deja sin ley.

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El día de la votación Milei estará en Cali, Colombia, en la asunción del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Villarruel —que se opuso públicamente al proyecto— queda a cargo del Ejecutivo. Es la escena perfecta para entender el momento político: el Presidente se va a jurar con la ola azul continental mientras en el Senado se decide si Argentina sigue teniendo alguna soberanía real sobre su propio territorio.

Lo que se juega en la calle

Que el Gobierno haya tenido que retroceder no es una concesión magnánima: es la prueba de que la sociedad organizada todavía marca límites. La resistencia empezó silenciosa, con ONGs, cooperativas, organizaciones ambientales, movimientos sociales, sindicales, científicos y religiosos que fueron construyendo un rechazo transversal. Sin esa presión, el proyecto original ya sería ley.

La marcha del jueves es más que un acto: es la última oportunidad de frenar una entrega que va mucho más allá del capítulo de tierras. La ley también modifica el régimen de expropiaciones, acelera los desalojos, flexibiliza la ley de manejo del fuego y toca los derechos de los inquilinos. Es un paquete de reformas que redefine qué significa tener propiedad en Argentina y quién puede ejercerla.

Traición a la patria

Cuando un gobierno pone en venta el territorio, ya no habla de política económica: habla de traición a la patria. La tierra, el agua y los minerales no son mercancías, son la base material de la soberanía. Y no hay república posible sin soberanía sobre el propio suelo.

El 6 de agosto no se define solamente una votación en el Senado. Se define qué clase de país queremos ser. Uno con dueños extranjeros y ciudadanos como inquilinos, o uno donde la tierra siga siendo, aunque sea imperfectamente, patrimonio común. El Gobierno ya sabe que la sociedad no compra. La pregunta es si los senadores van a estar a la altura.

Fuentes: La Nación, TN, El Desconcierto y Noticias de Necochea.