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Este lunes 3 de agosto la docencia argentina volvió a mostrar músculo. El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tuvo un altísimo nivel de acatamiento en todas las provincias, según el comunicado oficial de la Junta Ejecutiva del gremio, y culminó con una multitudinaria movilización frente al Ministerio de Economía de la Nación, realizada junto a CONADU, CONADU Histórica y ATE.

Lo esencial:

• El salario docente cayó 33,3% en la educación básica y 32,6% en las universidades nacionales entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, según un informe de la Universidad Nacional de Luján.
• Los docentes universitarios acumulan una pérdida del 40,5% del poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Milei, según un informe del IARAF y la FEDUN.
• El Gobierno amenaza con sanciones a los gremios invocando la Ley 27.802, pese a que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió judicialmente esa norma.
• CTERA reclama la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

La delegación gremial estuvo encabezada por Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, y Roberto Baradel, secretario adjunto, junto a la Junta Ejecutiva Nacional y representantes de las entidades de base de todo el país. Acompañó también Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los Trabajadores y diputado nacional. La jornada coincidió, además, con el regreso a clases tras el receso invernal en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, según la cronología reconstruida por TN.

Cuando el conflicto docente desaparece detrás del relato del poder

Qué reclama la docencia

El pliego de CTERA es preciso y no se agota en lo salarial:

• Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, ámbito paralizado desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según informó NEA HOY.
• Restitución y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por decisión administrativa del Ejecutivo Nacional.
• Envío inmediato de los fondos nacionales adeudados a las provincias para sostener el sistema educativo.
• Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, tras la derogación de la anterior.
• Rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, el paquete refundacional que impulsa el oficialismo.
• Defensa de las jubilaciones docentes y de los derechos laborales del sector.

Estos reclamos, lejos de ser una consigna abstracta, se apoyan en datos concretos que explican el hartazgo.

Los números del ajuste

La docencia argentina no está reclamando aumentos por capricho: está reclamando porque cada mes vive peor. Según un informe reconstruido por la Universidad Nacional de Luján sobre datos oficiales, entre noviembre de 2023 —último mes de la gestión anterior— y febrero de 2025, la caída real de los ingresos docentes fue del 33,3% para maestros y profesores de la educación básica y del 32,6% para docentes de las universidades nacionales. Un tercio del salario evaporado en apenas quince meses de gestión.

En el sector universitario el ajuste se profundizó todavía más. Un informe del IARAF y de la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) registró en 2025 una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 40,5%, equivalente a siete sueldos completos que la docencia universitaria dejó de percibir desde que asumió Milei. Un docente con dedicación simple perdió más de un millón y medio de pesos; un titular de cátedra, cerca de tres millones.

A esa caída se sumó otra herida específica: la eliminación del FONID y del ítem conectividad. Un análisis de la Fundación Mediterránea —firmado por Laura Caullo y Azul Chincarini— estimó que la pérdida de estos dos componentes representa entre el 7,5% y el 12,3% del salario bruto de un maestro con diez años de antigüedad, según la provincia. En nueve provincias, el FONID solo supera el 10% del salario testigo. Traducido: además de la inflación, el Gobierno le sacó directamente por resolución administrativa una décima parte del bolsillo a cada docente del país.

El servicio esencial y el bozal a la protesta

Frente a la magnitud del reclamo, el Gobierno respondió con la vieja receta de amenazar en lugar de negociar. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento del 75% de la actividad habitual y aplicar sanciones a los gremios que no lo garanticen. Fundamentó el operativo en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que declara a la educación como servicio esencial.

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Ahora bien: esa norma, tal como recuerdan los gremios, está judicialmente suspendida. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 dictó una medida cautelar que frenó la declaración de esencialidad mientras tramita la demanda sindical, según reconstruyó Infobae. La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) lo dejó por escrito en un comunicado citado por Puntal:

Hasta tanto haya sentencia definitiva, el derecho constitucional de huelga está plenamente vigente para todos los niveles: inicial, primario, secundario y especial.

El planteo del oficialismo, entonces, se apoya en una norma que la propia Justicia frenó. Amenaza con aplicar sanciones invocando un artículo que, por ahora, no está vigente. Es el vicio recurrente de esta gestión: gobernar por comunicado y por amenaza, aun cuando la letra chica del expediente diga otra cosa.

Qué es la Ley de Libertad Educativa

Detrás del reclamo salarial hay una pelea más grande: el proyecto de Ley de Libertad Educativa que promueve el oficialismo. El secretario general de la UEPC, Roberto Cristalli, lo sintetizó en declaraciones a Radio Punto a Punto reproducidas por Hola Nación: la ley "rompería lo que significa la escuela pública tal cual la conocemos". Elimina al Estado como responsable y garante del derecho a la educación, elimina la obligatoriedad de asistencia, y deja que comisiones de padres, entidades, empresas y municipios definan currículas, quién enseña, cuánto se le paga y qué alumnos pueden asistir.

El análisis de la CTA Autónoma va en el mismo sentido: señala que el proyecto no es una reforma sino una refundación ideológica del sistema educativo nacional, que deroga y reemplaza la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 e instala el principio de subsidiariedad del Estado, relegándolo a un rol secundario frente a la familia y la sociedad civil.

Confluencia sindical: no es sólo la docencia

El paro docente no fue una jornada aislada. Este mismo lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía en reclamo de una recomposición salarial de emergencia y contra los despidos y el vaciamiento de organismos públicos, según reconstruyó NEA HOY. Los salarios de la administración pública, de acuerdo con el mismo relevamiento, están 22% por debajo del nivel que tenían en diciembre de 2023, y cada empleado estatal acumula una pérdida equivalente a 14,1 millones de pesos desde el inicio de la gestión.

Los gremios universitarios sumaron un reclamo específico: el cumplimiento inmediato de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, según recordó CONADU Histórica en su convocatoria. Y en el horizonte inmediato hay más: según el cronograma difundido por TN, la CTA de los Trabajadores confirmó una movilización al Ministerio de Economía el 22 de agosto por el endeudamiento familiar, y la CGT junto a las dos CTA articulan un plan de lucha que se extenderá a lo largo del mes.

Una lectura de fondo

Cuando un gobierno decide gobernar contra la escuela pública y contra sus trabajadores, no está tomando una decisión técnica: está haciendo una declaración política. La docencia argentina lleva un tercio de su salario perdido en quince meses, le eliminaron por decisión administrativa el FONID, y ahora envían inspectores para vigilar el cumplimiento de una norma que la propia Justicia suspendió.

La movilización de este lunes al Ministerio de Economía tiene un valor simbólico concreto: no fue a la puerta del Ministerio de Capital Humano ni al de Educación, sino a Economía, donde se define el ajuste que golpea al sistema educativo.

Fuentes:

• CTERA: comunicado oficial sobre el acatamiento del paro nacional docente del 3 de agosto de 2026
• TN: cobertura del paro y controles del Gobierno
• NEA HOY: paro docente y estatal contra el ajuste de Milei
• Perfil: el operativo de inspección del Gobierno
• Infobae: el debate sobre la Ley 27.802 y la esencialidad de la educación
• Puntal: comunicado de UEPC sobre la suspensión judicial de la esencialidad
• Hola Nación: entrevista a Roberto Cristalli (UEPC) sobre la Ley de Libertad Educativa
• CTA Autónoma: análisis crítico del proyecto de Ley de Libertad Educativa
• Motor Económico / IARAF-FEDUN: pérdida acumulada del 40,5% en el salario universitario
• Universidad Nacional de Luján: informe LPE 2025 sobre la caída real del salario docente
• Fundación Mediterránea (Pausa): análisis sobre la eliminación del FONID
• CONADU Histórica: convocatoria al paro y reclamo por Ley de Financiamiento Universitario
• TN Economía: cronograma de movilizaciones sindicales de agosto