Robo de datos biométricos: seguirá presa la funcionaria judicial acusada de integrar una banda que lavó $27 mil millones

Una funcionaria judicial en una investigación millonaria

Albertina Mangini, funcionaria del Ministerio Público bonaerense, continuará detenida luego de que el juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, dictara su prisión preventiva en una causa que investiga una presunta organización criminal dedicada al juego clandestino, la defraudación mediante el uso indebido de datos y el lavado de activos.

La investigación estima que la estructura habría movilizado más de 27.000 millones de pesos, utilizando identidades y datos biométricos de terceros para abrir cuentas en bancos y billeteras virtuales. El dinero estaría vinculado principalmente con la explotación de casinos online clandestinos.

La decisión judicial también alcanzó a Ignacio Marchioni y Mauro Perrotta, quienes permanecen imputados por delitos relacionados con la presunta organización.

Según la resolución judicial, Mangini habría aprovechado su función en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados para contactar a personas en situación de vulnerabilidad económica.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que les ofrecía sumas cercanas a los 80.000 pesos a cambio de entregar documentación y permitir la toma de fotografías y registros biométricos. Con esos datos se habrían abierto cuentas digitales sin el consentimiento pleno de las personas involucradas.

El expediente plantea que los dispositivos, las claves y otros elementos de acceso quedaban posteriormente bajo el control de integrantes de la organización. De ese modo, las cuentas podían ser utilizadas para recibir, transferir y dispersar fondos.

La investigación busca establecer cómo funcionaba la división de tareas y quiénes habrían ocupado los niveles superiores de la estructura.

La prisión preventiva y los argumentos de la defensa

Mangini fue detenida el 13 de agosto de 2026 y se encontraba alojada en la Alcaidía Departamental La Plata Roberto Pettinato. Sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Molina, habían cuestionado la prisión preventiva y argumentado que no existían riesgos procesales suficientes para justificarla.

La defensa también planteó cuestiones vinculadas con el estado de salud de la acusada. Sin embargo, el juez Crispo consideró que los elementos reunidos permitían sostener, en esta etapa, una intervención concreta y reiterada de Mangini en la captación de personas cuyos datos habrían sido utilizados en la maniobra.

La prisión preventiva no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse a través del proceso judicial.

Los allanamientos y las pruebas secuestradas

Durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, terminales Posnet y otros elementos tecnológicos.

También se incautaron dinero en efectivo, una pistola calibre 9 milímetros y un vehículo de alta gama, entre otros objetos. Los investigadores deberán analizar el material secuestrado para reconstruir el circuito financiero y determinar la participación de cada sospechoso.

La causa está a cargo de la fiscal Betina de Lacki, de La Plata, y continúa con diligencias destinadas a identificar a otros posibles integrantes y beneficiarios de la organización.

Un caso que expone los riesgos del uso indebido de datos personales

El expediente pone en primer plano una problemática que excede la dimensión económica del supuesto lavado: la utilización de identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad.

La apertura de cuentas digitales mediante datos obtenidos bajo engaño o sin consentimiento pleno plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección de la identidad y la responsabilidad de quienes intervienen en los procesos de verificación.

Mientras la Justicia avanza, la investigación deberá establecer si los acusados actuaron dentro de una estructura organizada y cuál fue el destino de los fondos presuntamente vinculados al juego clandestino.

El caso deja una pregunta central: ¿cómo fue posible que datos personales y biométricos de personas vulnerables terminaran integrados a una operatoria financiera de semejante magnitud? La respuesta dependerá de las pruebas que surjan durante la investigación judicial.

Fuentes

Di Nicola, G. (2026, 18 de septiembre). Robo de datos biométricos: seguirá presa la funcionaria judicial acusada de integrar una banda que lavó $27 mil millones. LA NACION. ([LA NACION][1])

Villalba, C. (2026, 19 de agosto). Cayó una funcionaria judicial bonaerense acusada de haber robado datos de personas para cometer una estafa de $27.000 millones. TN. ([Todo Noticias][2])

El Día. (2026, 17 de septiembre). Megaestafa en La Plata: prisión preventiva para Albertina Mangini y los otros imputados. ([El Día de La Plata][3])