La Justicia indaga al Gordo Dan y a otros comunicadores libertarios por amenazas, hostigamiento y discriminación

Una causa judicial que derrumba el discurso libertario

La fiscal porteña Celsa Ramírez indagó este viernes a Alejandro Sarubbi Benítez y Pablo Pazos, mientras que el jueves habían declarado Daniel «Gordo Dan» Parisini y Mariano Pérez. Los cuatro están imputados en una investigación iniciada por una denuncia del diputado nacional socialista Esteban Paulón, quien denunció hostigamiento, amenazas y discriminación vinculados con su orientación sexual y sus posiciones políticas sobre diversidad.

El quinto imputado, Nicolás Márquez, todavía no pudo ser notificado por la Justicia. La investigación analiza publicaciones realizadas en redes sociales y expresiones emitidas en el programa de streaming La Misa, transmitido por el canal Carajo.

La causa no representa una condena ni establece, por sí misma, la responsabilidad penal de los acusados. Se encuentra en una etapa de investigación en la que la fiscalía debe determinar si los hechos denunciados configuran los delitos planteados.

Las publicaciones que originaron la denuncia

Según la denuncia de Paulón, los mensajes difundidos por los comunicadores lo vincularon con la pedofilia, el VIH y otros delitos en relación con su orientación sexual y su actividad política. La presentación judicial también incorporó expresiones realizadas durante emisiones de La Misa.

Entre las publicaciones mencionadas en el expediente figura un mensaje de Nicolás Márquez en el que vinculó al diputado con conductas relacionadas con el contagio del VIH. También se incorporó una publicación de Pablo Pazos que utilizó insultos y una expresión relacionada con el sida contra Paulón.

El expediente investiga posibles delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva, hostigamiento, propaganda de odio y discriminación. La fiscalía cuenta con la intervención de la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales para reconstruir las publicaciones y expresiones denunciadas.

El límite entre la crítica política y la estigmatización

El caso plantea una discusión que excede a los protagonistas: qué ocurre cuando la confrontación política se transforma en una serie de acusaciones que relacionan la orientación sexual de una persona con delitos graves o enfermedades.

La denuncia de Paulón sostiene que las expresiones formaron parte de un ataque sostenido. Esa interpretación forma parte de la hipótesis investigativa y deberá ser evaluada por la Justicia junto con los elementos reunidos en el expediente.

El debate sobre la libertad de expresión no elimina la necesidad de investigar posibles amenazas o actos de discriminación. Al mismo tiempo, la determinación de responsabilidades debe realizarse mediante el debido proceso, con derecho a defensa para las personas imputadas.

Las indagatorias y la estrategia de las defensas

Daniel Parisini y Mariano Pérez se negaron a responder preguntas durante las indagatorias del jueves y presentaron escritos de defensa con el mismo abogado. La fiscalía dispuso una prohibición de contacto físico y virtual entre los imputados y Paulón.

Durante la jornada del viernes, Sarubbi Benítez y Pablo Pazos también comparecieron ante la fiscal. El abogado presentó un pedido de recusación contra Ramírez, mientras que Pazos presentó un escrito de defensa y se negó a declarar, según la información publicada por Clarín.

La prohibición de contacto busca evitar nuevas interacciones entre las partes mientras avanza el proceso penal. La medida no implica una resolución definitiva sobre los hechos investigados.

Los antecedentes que aparecen en la investigación

La cobertura de Clarín menciona antecedentes judiciales vinculados con Manuel Gorostiaga, conocido como Danann, quien anteriormente formó parte del ecosistema de influencers libertarios y luego se distanció del Gobierno de Javier Milei.

En marzo de 2024, Danann fue condenado por discriminación contra una mujer trans a raíz de publicaciones en redes sociales. Según el Ministerio Público Fiscal, se trató de la primera condena a un influencer por discriminación en entornos digitales. La resolución incluyó una multa y la prohibición de volver a mencionar a la víctima en sus plataformas o medios de alcance público.

Un mes después, en otra causa por hostigamiento en redes sociales contra una periodista, Danann acordó una probation que incluyó tareas comunitarias y un taller de formación contra la violencia de género. Estos antecedentes aparecen como referencia contextual en la cobertura del caso, pero no determinan la responsabilidad de los cinco imputados en la investigación iniciada por Paulón.

Una investigación que expone las tensiones del ecosistema digital

La causa contra el Gordo Dan y los demás comunicadores coloca nuevamente en el centro la relación entre comunicación política, redes sociales y responsabilidad por los contenidos difundidos. Las acusaciones de Paulón deberán ser examinadas a partir de las publicaciones, los registros audiovisuales y las demás pruebas incorporadas al expediente.

La próxima etapa estará vinculada con la situación procesal de Nicolás Márquez y con las decisiones que adopte la fiscalía respecto de los hechos denunciados. La investigación deberá establecer si las expresiones analizadas superan los límites de la crítica política y encuadran en las figuras penales que fueron planteadas.

Mientras tanto, el caso deja una pregunta abierta sobre el funcionamiento de la confrontación política en las plataformas digitales: ¿hasta dónde puede llegar el ataque contra un adversario sin que se convierta en una forma de hostigamiento o discriminación? La respuesta, en este expediente, deberá surgir de las pruebas y de la resolución judicial correspondiente.

Fuentes

Alfie, A. (2026, 18 de septiembre). Indagan al Gordo Dan, Sarubbi Benítez y otros tuiteros libertarios por amenazas, hostigamiento y discriminación. Clarín.

Vieyra, I. (2026, 17 de septiembre). Indagaron al influencer libertario “Gordo Dan” por amenazas y discriminación hacia el diputado Esteban Paulón. Infobae.

Nueva Ciudad. (2026, 17 de septiembre). El “Gordo Dan” y conductores de Carajo deberán declarar por hostigamiento al diputado Paulón.