Milei acelera la designación 166 jueces libertarios

Un récord que reconfigura la Justicia

Javier Milei aceleró durante 2026 la cobertura de vacantes judiciales y alcanzó las 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores públicos, según una investigación publicada por El País. El número convierte a este año en un período excepcional por la cantidad de nombramientos concretados.

El Gobierno reivindica la cifra como un récord histórico. La Oficina del Presidente informó el 27 de agosto que el Senado había aprobado 67 pliegos enviados por el Ejecutivo, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara alta.

Detrás de la aceleración aparece el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió en marzo y pasó a ocupar un lugar central en la estrategia oficial para cubrir las vacantes. El Ejecutivo sostiene que se trata de una respuesta al atraso acumulado y a la falta de magistrados en distintos puntos del país.

La dimensión política del proceso, sin embargo, excede la simple cobertura de cargos vacantes. La renovación alcanza tribunales estratégicos y se produce con acuerdos parlamentarios que incluyen a sectores opositores, mientras organizaciones de la sociedad civil cuestionan la forma en que se confeccionaron algunas ternas y se seleccionaron los candidatos.

Del récord oficial a las dudas sobre el procedimiento

El Gobierno presenta los nombramientos como una señal de funcionamiento institucional. El comunicado oficial destacó especialmente la construcción de consensos impulsada por Patricia Bullrich en el Senado y el trabajo de Mahiques para avanzar con la cobertura de las vacantes.

Pero el consenso parlamentario no elimina las preguntas sobre el procedimiento previo. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia cuestionaron determinadas designaciones y señalaron problemas en el proceso de selección, particularmente en torno a las entrevistas y a la conformación posterior de las ternas.

La discusión es relevante porque el mecanismo no habilita al Presidente a nombrar jueces de manera unilateral. El proceso involucra concursos y ternas del Consejo de la Magistratura, la selección del Poder Ejecutivo y finalmente el acuerdo del Senado.

La controversia aparece precisamente en ese recorrido: la crítica apunta a la utilización discrecional de las listas de candidatos y a la selección final realizada por el Ejecutivo. Según la investigación de El País, ACIJ llevó a la Justicia cuestionamientos contra 14 designaciones.

Comodoro Py, el territorio más sensible

La disputa adquiere otra dimensión cuando se observan los tribunales involucrados. Entre los nombramientos aparecen Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, designados para la Cámara Federal porteña, un tribunal particularmente relevante por su intervención en las causas que tramitan en Comodoro Py.

La reforma judicial que impulsa el Gobierno también contempla modificar la estructura de los tribunales federales. Entre las alternativas analizadas aparece la reducción de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y la redistribución de cargos hacia otras regiones del país.

El argumento oficial es territorial. Mahiques sostuvo que existen zonas atravesadas por delitos federales y narcotráfico que cuentan con pocos jueces, mientras que la Ciudad de Buenos Aires concentra una cantidad mayor de tribunales. El ministro planteó incluso eliminar vacantes porteñas para destinarlas a juzgados federales en otras provincias.

La explicación oficial puede tener una dimensión administrativa concreta, pero el impacto institucional de la reforma excede la distribución geográfica. Reducir o trasladar estructuras judiciales modifica también el escenario en el que se tramitan investigaciones que involucran a funcionarios y figuras políticas.

Fallos favorables y una coincidencia que alimenta la polémica

El aspecto más delicado de la investigación de El País aparece al cruzar la renovación judicial con algunas decisiones recientes de los tribunales. El medio señala que, después de las designaciones, distintas resoluciones judiciales favorecieron al Gobierno y a dirigentes vinculados al oficialismo.

Entre esos casos aparece la causa conocida como $LIBRA, en la que la nueva composición de la Cámara Federal porteña dejó fuera a los querellantes que habían sostenido activa la investigación. También fueron confirmados cierres de investigaciones que involucraban a Luis Caputo y a otros funcionarios y exfuncionarios.

Otro expediente mencionado es el relacionado con el ingreso al país de diez valijas en un avión privado perteneciente al empresario Leonardo Scatturice. Según la investigación periodística, un juez recientemente ascendido archivó esa causa.

Los hechos no permiten, por sí solos, afirmar que los nuevos nombramientos hayan provocado esos fallos. Pero la coincidencia temporal alimenta una discusión política inevitable sobre la independencia judicial y sobre el tipo de Poder Judicial que el Gobierno está contribuyendo a configurar.

La reforma no termina con los nombramientos

La ofensiva oficial tiene además una segunda dimensión: la reorganización de la Justicia Federal. El Ministerio de Justicia analiza cambios en la ley de Organización de la Justicia Federal para reducir algunos tribunales y crear otros en zonas consideradas prioritarias por el Gobierno.

La magnitud del movimiento queda reflejada en las cifras oficiales y en las que aportó Mahiques. Para septiembre, el Ministerio había elevado 218 pliegos durante el año: 151 para jueces, 29 para fiscales, 29 para defensores y cinco listas de conjueces.

El propio Gobierno sostiene que su objetivo es reducir vacancias y terminar con situaciones en las que juzgados completos funcionan sin titulares. Mahiques afirmó que la falta de jueces genera subrogancias y demoras que afectan el funcionamiento cotidiano de la Justicia.

La discusión, entonces, no pasa solamente por cuántos funcionarios fueron designados. También está en juego quién ocupa los tribunales, dónde se ubican esos cargos y qué estructura judicial quedará después de la reforma.

La Corte Suprema, el próximo capítulo

El Gobierno también mantiene abierta la discusión sobre la Corte Suprema. Mahiques afirmó que Milei pretende que el máximo tribunal vuelva a tener cinco integrantes, aunque no definió cuándo se concretaría esa decisión. Actualmente la Corte funciona con tres ministros.

Al mismo tiempo, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron modificaciones introducidas por el Decreto 467/2026 al procedimiento de selección de integrantes de la Corte. Amnistía Internacional, la Red Mujeres para la Justicia, ELA y CEJIL presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 de esa norma.

Las organizaciones sostienen que el decreto eliminó criterios vinculados con la diversidad de género y mecanismos de participación ciudadana en el proceso de selección de jueces de la Corte y de autoridades de los ministerios públicos. Para esas entidades, el cambio implica un retroceso en materia de igualdad y no discriminación.

La disputa por la Justicia, por lo tanto, recién comienza a mostrar su dimensión estructural. Los cargos que se cubren ahora no son transitorios: quienes llegan a los tribunales pueden permanecer durante muchos años dentro del Poder Judicial.

Una transformación con efectos que pueden durar décadas

El Gobierno puede exhibir un número récord de designaciones y presentarlo como una normalización institucional después de años de vacantes. Sus críticos, en cambio, ponen el foco en el procedimiento, la discrecionalidad denunciada y la coincidencia entre la renovación de tribunales y determinadas decisiones judiciales favorables al oficialismo.

Ese choque de interpretaciones convierte a la Justicia en uno de los terrenos centrales de la transformación impulsada por Milei. La discusión ya no se limita a llenar cargos vacíos, sino a determinar qué independencia, qué controles y qué equilibrio de poderes tendrá el sistema judicial argentino en los próximos años.

La verdadera dimensión de la disputa puede no estar en los fallos que se conocen hoy, sino en la estructura judicial que quedará después de esta acelerada renovación. Porque los nombres que el Gobierno consigue instalar ahora en los tribunales pueden permanecer allí mucho más tiempo que cualquier mandato presidencial.

Fuentes

• El País. (2026, 14 de septiembre). Milei designa más de 160 nuevos magistrados y los tribunales responden con fallos favorables al Gobierno ultra.

• Oficina del Presidente de la Nación. (2026, 27 de agosto). Comunicado Oficial Número 155. Argentina.gob.ar.

• Alvez, J. (2026, 3 de septiembre). Sin definiciones sobre la Corte, el Gobierno avanza con una nueva reforma de juzgados y un récord de designaciones. Infobae.

• Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. (2026, 14 de agosto). Organizaciones de la sociedad civil demandan al Estado nacional por eliminar la perspectiva de género y la participación ciudadana en la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ELA.