Un fiscal pidió revocar el fallo que habilitó la concesión de los medios públicos porteños

Una concesión que nació bajo cuestionamientos

La disputa por la concesión de los medios públicos porteños sumó un nuevo capítulo judicial que puede poner en jaque el esquema diseñado por el Gobierno de la Ciudad. El fiscal general ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, emitió un dictamen favorable al planteo presentado por los trabajadores de La Once Diez AM 1110, La 2x4 FM 92.7 y el Canal de la Ciudad.

Cuesta pidió revocar la decisión de primera instancia que había rechazado el planteo de los empleados y habilitado el avance del proceso. Ahora será la Sala III de la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver si hace lugar al planteo y, eventualmente, permite que otro juez analice una medida cautelar para suspender el proceso de concesión.

El Gobierno de Jorge Macri presentó el proyecto como una estrategia para modificar el esquema de administración de los medios estatales. La propuesta consiste en entregar a privados el gerenciamiento operativo, técnico y comercial durante cinco años, mientras la Ciudad conserva la titularidad de las señales.

El jefe de Gobierno defendió públicamente la iniciativa bajo el argumento de que los contribuyentes no deberían financiar actividades que, según su criterio, podrían ser gestionadas por empresas privadas. La administración porteña sostuvo además que el objetivo era modernizar la gestión y utilizar de manera más eficiente los recursos públicos.

Sin embargo, el mecanismo recibió una advertencia formal del Ente Nacional de Comunicaciones. En abril, el organismo señaló que el esquema previsto en los pliegos podía entrar en conflicto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, particularmente con el principio de indelegabilidad de la explotación de las licencias.

El ENaCom advirtió sobre las licencias

El planteo del organismo nacional elevó considerablemente la tensión institucional. Según la presentación incorporada a la causa judicial, la licitación impulsada por la Ciudad “colisiona” con la legislación vigente y la explotación de las señales debería ser realizada directamente por su titular.

El ENaCom también advirtió que, si la Ciudad avanzaba con el mecanismo cuestionado, podían iniciarse actuaciones sancionatorias que incluso contemplaran la caducidad de las autorizaciones de operación de las frecuencias.

Así, lo que el Ejecutivo porteño presenta como una simple transferencia del gerenciamiento quedó convertido en una discusión jurídica mucho más profunda: hasta dónde puede llegar un gobierno local al delegar la explotación efectiva de medios cuya regulación y licencias se encuentran alcanzadas por normas nacionales.

Los trabajadores lograron un respaldo clave

La causa judicial comenzó en marzo, cuando trabajadores de los tres medios recurrieron a la Justicia para cuestionar el proceso. Su planteo sostiene que la concesión constituye una privatización encubierta y que vulnera normas de la Ciudad y la legislación nacional sobre comunicación audiovisual.

El dictamen de Cuesta resulta especialmente relevante porque reconoce la legitimación de los empleados para intervenir en la causa. En otras palabras, el fiscal considera que quienes trabajan en esos medios tienen capacidad jurídica para cuestionar una decisión que puede afectar directamente el futuro de las emisoras y del canal.

La discusión tampoco se limita al aspecto empresarial. Los trabajadores vienen reclamando garantías sobre la continuidad laboral de alrededor de 500 empleados, mientras sostienen que los medios públicos cumplen una función social y cultural que no puede quedar subordinada exclusivamente a criterios de rentabilidad.

El Gobierno avanzó pese a la controversia

Mientras la discusión judicial continúa, el Gobierno porteño avanzó con la concesión del Canal de la Ciudad. En agosto adjudicó la operación por cinco años a Cale Group Media, empresa vinculada al empresario Augusto Marini, por un canon mensual de $50 millones. El contrato representa $3.000 millones nominales durante los 60 meses de concesión.

La oferta de Cale Group superó ampliamente la presentada por Argentinos Media, que había ofrecido $15 millones mensuales. La adjudicación no implica, según la explicación oficial citada por LA NACION, un cambio en la titularidad del canal.

El proceso para las radios tuvo un recorrido diferente. La primera licitación quedó desierta porque no hubo ofertas para AM 1110 y FM 92.7, por lo que la Ciudad lanzó una nueva convocatoria. La recepción de ofertas para este segundo proceso quedó fijada para el 28 de septiembre.

Un negocio privado sobre medios públicos

El caso del Canal de la Ciudad agrega otro elemento a la controversia. La empresa adjudicataria, Cale Group Media, pertenece al holding de Augusto Marini, empresario vinculado a los canales de streaming Blender y Carajo.

La administración porteña insiste en que no está transfiriendo la propiedad del medio, sino concediendo su operación. Pero el cuestionamiento judicial y la advertencia del ENaCom ponen el foco precisamente sobre esa frontera entre conservar formalmente la titularidad y delegar en privados buena parte de las decisiones vinculadas con la gestión, programación y funcionamiento de una señal pública.

El debate, por lo tanto, excede la discusión contable sobre cuánto le cuesta un medio al Estado. Lo que aparece en juego es si una política de reducción de costos puede terminar trasladando a operadores privados espacios de comunicación construidos como servicios públicos y sostenidos durante años con recursos estatales.

La Cámara tiene ahora la palabra

El dictamen de Cuesta no significa todavía que la concesión haya sido anulada. La decisión final corresponde a los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones, que deberán resolver la apelación de los trabajadores y el pedido para suspender el avance del proceso.

La situación deja al Gobierno porteño frente a un escenario incómodo. Por un lado, sostiene que la concesión permite modernizar la administración y reducir la carga sobre los contribuyentes. Por otro, el organismo nacional encargado de regular las comunicaciones advirtió sobre posibles incompatibilidades legales y ahora un fiscal de Cámara respaldó la posición de los trabajadores.

El desenlace puede determinar mucho más que el destino de tres medios públicos. Si la Cámara acepta el planteo, el modelo de concesión impulsado por Jorge Macri podría quedar judicialmente condicionado y volver a abrirse la discusión sobre qué lugar deben ocupar los medios públicos, quién debe administrarlos y, fundamentalmente, si la lógica de rentabilidad privada puede reemplazar la función social de un servicio de comunicación estatal.

Fuentes

LA NACION. (2026, 12 de mayo). Avanzan con la concesión de los medios públicos porteños: hubo dos propuestas para el Canal de la Ciudad.

LA NACION. (2026, 14 de agosto). Uno de los dueños de Carajo y Blender se quedó con la concesión del Canal de la Ciudad.

Noticias Urbanas. (2026, 8 de mayo). Medios públicos porteños: ENACOM denuncia ilegalidad.

CEMBA. (2026, 9 de septiembre). Dictamen favorable del fiscal Cuesta respalda el reclamo contra la concesión de los medios públicos porteños.

La Posta Diario. (2026, 10 de septiembre). Medios públicos porteños: un fiscal pide frenar el plan de concesión de Jorge Macri.