Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego aceptó intervenir contra el proyecto petrolero Sea Lion

Sea Lion llega a los tribunales argentinos

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la demanda presentada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en aguas del Atlántico Sur.

La resolución constituye un paso relevante dentro de una disputa que combina explotación de recursos naturales, protección ambiental y la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, el alcance de la decisión debe ser precisado: la magistrada aceptó intervenir en la causa, pero todavía no ordenó detener el proyecto petrolero.

La acción judicial fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

El objetivo de los demandantes es que las compañías se abstengan de iniciar o continuar obras, instalaciones, perforaciones y otras intervenciones relacionadas con Sea Lion hasta que se cumpla el procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente ante la autoridad nacional.

Qué sostuvo la jueza Borruto

Borruto adoptó el criterio del Ministerio Público Fiscal y consideró que la Justicia Federal de Río Grande tiene competencia para intervenir tanto por la materia como por el territorio.

El planteo adquiere especial importancia porque la causa involucra empresas radicadas en el extranjero y recursos naturales ubicados en una zona marítima vinculada con la jurisdicción argentina. De esta manera, el expediente coloca en el centro de la discusión el alcance de la intervención de los tribunales argentinos frente a una explotación hidrocarburífera impulsada por compañías extranjeras.

La cuestión ambiental también ocupa un lugar central. Según surge del planteo judicial, las aguas involucradas mantienen una conexión con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur, debido a factores como las corrientes y la dinámica oceanográfica.

El petróleo, el ambiente y la infraestructura de Sea Lion

El reclamo judicial no se limita a cuestionar la extracción de petróleo. También alcanza a la infraestructura necesaria para desarrollar el proyecto.

El plan contempla pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de líneas de flujo y otros componentes destinados a conectar los pozos con la instalación de producción.

Para la Justicia, el lugar donde se instalaría esa infraestructura resulta central para determinar la competencia. El planteo sostiene que se trata del lecho y subsuelo de la plataforma continental sometida a jurisdicción marítima argentina.

Una causa que vuelve a poner a Malvinas en el centro

La intervención de la Justicia Federal de Río Grande agrega una dimensión judicial a un conflicto que durante décadas estuvo dominado por las discusiones diplomáticas y políticas alrededor de Malvinas.

Ahora, la disputa incorpora una cuestión concreta: quién puede intervenir judicialmente frente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur y bajo qué condiciones ambientales puede desarrollarse esa actividad.

Además, la jueza dispuso dar intervención a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado.

El expediente sostiene que el espacio involucrado forma parte del territorio provincial y considera el papel de las provincias respecto del dominio originario de los recursos naturales.

La cautelar que todavía no fue resuelta

Uno de los puntos más importantes de la resolución es que la Justicia todavía no decidió la medida cautelar solicitada por los demandantes.

La pretensión de suspender las actividades vinculadas con Sea Lion permanece pendiente. Antes de avanzar sobre ese planteo, la jueza ordenó cumplir distintas medidas procesales, entre ellas verificar la existencia de eventuales acciones judiciales paralelas, traducir documentación extranjera y completar documentación incorporada mediante enlaces.

Por eso, presentar la decisión como una orden judicial para detener Sea Lion sería incorrecto. Lo que existe hasta ahora es una resolución que reconoce la competencia de la Justicia Federal de Río Grande para analizar el reclamo.

Un proyecto petrolero de gran escala

Sea Lion está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona marítima de unos 450 metros de profundidad.

La iniciativa está impulsada por Rockhopper y Navitas. Según la información difundida sobre el proyecto, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025.

Al 31 de julio de 2026, Sea Lion contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La primera etapa prevé una producción de aproximadamente 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción del primer petróleo está previsto para marzo de 2028.

El volumen económico proyectado también es significativo. Se estiman US$1.800 millones de inversión hasta alcanzar el primer petróleo y otros US$2.100 millones durante el resto de la explotación.

Más de 60 pozos y una explotación proyectada a décadas

El desarrollo no se limita a una primera perforación exploratoria. La primera fase contempla 11 pozos submarinos, conectados con una plataforma flotante.

Tres años después se sumarían otros 12 pozos. Posteriormente, el denominado Área de Desarrollo Central incorporaría otros 20 pozos en una primera etapa y 18 adicionales en una segunda.

En total, el proyecto contempla más de 60 pozos submarinos, dentro de una explotación cuya duración proyectada ronda los 30 años.

La dimensión de ese desarrollo explica por qué la discusión judicial trasciende una cuestión estrictamente empresarial. Lo que está en juego es un proyecto petrolero de larga duración, con importantes inversiones previstas y localizado en una zona atravesada por una disputa de soberanía.

El Gobierno de Milei y otro frente de conflicto

La resolución judicial llega además en un contexto de creciente tensión alrededor de la explotación de hidrocarburos vinculada con Malvinas.

El Gobierno de Javier Milei había anunciado medidas contra empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, además de iniciativas relacionadas con la defensa de la soberanía y sanciones contra compañías involucradas.

La causa iniciada en Tierra del Fuego introduce así otro frente de disputa. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar mediante herramientas políticas y sancionatorias, la Justicia analiza desde otro ángulo la legalidad de las actividades y las condiciones ambientales bajo las cuales podría desarrollarse Sea Lion.

El contraste resulta inevitable: mientras se reivindica la soberanía sobre los recursos del Atlántico Sur, también queda planteada la discusión sobre cómo se administran esos recursos y qué controles ambientales deben aplicarse antes de habilitar una explotación petrolera de semejante magnitud.

La próxima batalla será por la suspensión del proyecto

La decisión de Borruto no significa que Sea Lion haya sido suspendido. El verdadero punto de inflexión podría llegar cuando la jueza resuelva la medida cautelar solicitada por las organizaciones demandantes.

Si la Justicia avanzara con una suspensión, el conflicto adquiriría una dimensión todavía mayor, porque una decisión de ese tipo podría afectar el cronograma de un proyecto que prevé miles de millones de dólares de inversión y una producción petrolera significativa.

Por ahora, el dato concreto es otro: la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en una causa que pone bajo la lupa judicial el proyecto Sea Lion.

La disputa por Malvinas vuelve así a cruzarse con una cuestión que excede los discursos de soberanía: quién controla los recursos naturales, qué empresas pueden explotarlos y bajo qué condiciones ambientales. En ese terreno, la causa recién comienza.

Fuentes

Monzón, C. (2026, 9 de septiembre). Malvinas: la Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para intervenir en la demanda contra Sea Lion. TN.

Reuters. (2026, 8 de septiembre). Argentina to file criminal charges against Navitas Petroleum over Falklands. Reuters.