Prefectura capacita marineros paraguayos y los gremios denuncian una amenaza al trabajo argentino

Capacitación que encendió la alarma gremial

La Federación Sindical Marítima y Fluvial reclama explicaciones y teme que la formación de profesionales extranjeros termine impactando sobre las fuentes laborales, las titulaciones y las condiciones de los trabajadores argentinos.

La Prefectura Naval Argentina quedó en el centro de una nueva disputa por el futuro de la Marina Mercante. La Federación Sindical Marítima y Fluvial cuestionó que la fuerza participe en la capacitación de profesionales paraguayos sobre legislación marítima y fluvial argentina.

Según FESIMAF, el problema no está en que Paraguay capacite a sus propios trabajadores ni en la defensa de los intereses de ese país. El cuestionamiento apunta directamente a la participación de organismos argentinos y al posible destino que podría tener esa formación en aguas nacionales.

La preocupación sindical es que estos profesionales puedan desempeñarse como prácticos o baqueanos en el tramo comprendido entre Asunción y el Río de la Plata. Para la Federación, esa posibilidad debe analizarse dentro de un proceso político más amplio de flexibilización y desregulación de la actividad marítima.

El cabotaje vuelve a estar en disputa

La controversia aparece mientras el Gobierno nacional impulsa cambios sobre el tránsito de cabotaje, es decir, el transporte realizado entre puertos nacionales. De acuerdo con la denuncia gremial recogida por Rosario3, la propuesta oficial apunta a permitir que ese tráfico pueda ser realizado por embarcaciones de bandera extranjera.

Para los sindicatos, la discusión no es solamente administrativa. Lo que está en juego es quiénes podrán trabajar, bajo qué condiciones y qué lugar ocuparán los trabajadores argentinos en una actividad estratégica para el transporte fluvial y marítimo.

La iniciativa de capacitación adquiere así un peso político mayor. En lugar de aparecer como una simple instancia de cooperación entre países vecinos, FESIMAF la vincula con una política de flexibilización que, según sostiene, puede terminar debilitando las protecciones laborales existentes.

El antecedente que inquieta a los gremios

La Federación sostiene que la capacitación no constituye un episodio aislado. Como antecedente, menciona la Memoria Anual 2024 de la Prefectura Naval Argentina, donde aparecen reuniones bilaterales relacionadas con la habilitación de nuevos prácticos y baqueanos paraguayos para la denominada 4.ª Zona, correspondiente al corredor Asunción–Río de la Plata.

Ese antecedente es utilizado por FESIMAF para plantear una pregunta incómoda: si existe una política de integración regional, ¿por qué esa integración debería avanzar sobre actividades que históricamente han contado con trabajadores formados y habilitados en Argentina?

La Federación reclama que la cooperación regional se construya sobre la reciprocidad y no sobre la sustitución laboral. En ese punto concentra buena parte de sus críticas a la política oficial.

El conflicto por la habilitación de prácticos

Otro elemento señalado por los gremios es el cambio producido durante 2026 en el régimen de practicaje. FESIMAF sostiene que el Decreto 690/2026 había intentado permitir el acceso de extranjeros al título de práctico, aunque posteriormente el texto vigente del Decreto 572/1994 volvió a establecer la nacionalidad argentina como requisito para obtener esa habilitación.

La situación deja planteada una tensión que excede la capacitación paraguaya. Mientras la normativa vigente mantiene el requisito señalado por los sindicatos, la formación de profesionales extranjeros en legislación argentina despierta interrogantes sobre cuál podría ser su utilización futura.

Por eso FESIMAF reclama precisiones sobre el alcance concreto de la iniciativa y sobre las autoridades que participaron de su autorización.

Prefectura, en el centro del reclamo

La Federación sostiene además que la participación de la Prefectura debería analizarse a la luz de las funciones que la Ley 18.398 asigna a la fuerza. Según el planteo gremial, sus misiones están vinculadas con la seguridad de la navegación, la prevención de la contaminación y el combate del delito transnacional.

Desde esa perspectiva, FESIMAF cuestiona que recursos públicos argentinos sean utilizados para capacitar profesionales extranjeros destinados potencialmente a desempeñarse en actividades vinculadas con la navegación en aguas locales.

El reclamo apunta directamente al Estado: la Federación quiere saber quién autorizó la capacitación, cuáles son los contenidos impartidos, qué validez tendrán los certificados y cuál será el eventual impacto laboral.

Una discusión que también llegó al Congreso

La disputa se produce, además, en un escenario donde el régimen del cabotaje continúa generando iniciativas parlamentarias. El 16 de julio de 2026 ingresó a la Cámara de Diputados el expediente 3399-D-2026, que propone crear un Registro Especial Temporal del Cabotaje Nacional (RETCAN) y modificar la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

El proyecto fue girado a las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Entre sus firmantes figuran diputados de distintos distritos, entre ellos Jorge Taiana, Sabrina Selva, Esteban Paulón, Kelly Olmos y Hugo Moyano.

El dato demuestra que el futuro del cabotaje no constituye una discusión marginal. Por el contrario, forma parte de una disputa abierta sobre la regulación de una actividad donde confluyen intereses económicos, soberanía, transporte y derechos laborales.

Cooperación sí, sustitución laboral no

La posición de FESIMAF puede sintetizarse en una advertencia: la integración regional no debería convertirse en una herramienta para abaratar costos mediante el reemplazo de trabajadores argentinos.

La frase elegida por la Federación para cerrar su planteo resulta contundente: “Cooperación, sí. Reciprocidad, siempre. Defensa del trabajo argentino, siempre”.

En el fondo, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones centrales de la política económica del Gobierno de Javier Milei: cuánto debe intervenir el Estado para proteger el empleo y las capacidades nacionales y cuánto espacio debe concederse a una lógica de apertura y flexibilización.

La pregunta que queda abierta es precisamente la que los gremios pretenden que Prefectura responda: ¿la capacitación de profesionales paraguayos es una herramienta de cooperación regional o el primer paso de una transformación que puede terminar desplazando a trabajadores argentinos?

Hasta que el Gobierno y la Prefectura brinden las explicaciones reclamadas, la sospecha gremial seguirá instalada. Y en una actividad donde están en juego empleo, regulación y navegación por aguas argentinas, el silencio oficial no hace más que alimentar la controversia.