Todos los Créditos del Banco Nación para la casta Twittera

La Justicia investiga créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios de LLA

La casta también pide crédito: la trama de los préstamos del Banco Nación a funcionarios libertarios

La historia empezó con una base pública de deudores y terminó en los tribunales. En el medio quedaron funcionarios de primera línea, legisladores de La Libertad Avanza, asesores digitales, integrantes de organismos estatales y hasta un joven dirigente del entorno de los Menem.

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central, procesados por la plataforma “¿Cuánto Deben?”, permitieron identificar inicialmente a al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo con créditos del Banco Nación que, en conjunto, superaban los $2.500 millones.

La cuestión no es que un funcionario público tenga prohibido sacar una hipoteca. El punto que terminó bajo investigación judicial es otro: si quienes ocupaban cargos públicos recibieron créditos en condiciones que no estaban disponibles para cualquier otro cliente, si se flexibilizaron requisitos o si existieron excepciones en el proceso de aprobación.

Y ahí aparece la contradicción política que convirtió una operación bancaria en un problema para el Gobierno de Javier Milei: quienes llegaron al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política aparecen ahora en los registros de la banca pública obteniendo préstamos de cientos de millones de pesos.

El origen: una base pública que puso los créditos bajo la lupa

La información surgió de los registros de la Central de Deudores del Banco Central. La plataforma “¿Cuánto Deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky, permitió cruzar esos datos con información pública de funcionarios y dirigentes.

El relevamiento inicial identificó créditos hipotecarios de magnitud para varios integrantes del oficialismo. El caso que primero concentró la atención fue el de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía Luis Caputo.

Núñez tenía una deuda inicial de $373 millones, unos US$315.000, desde febrero de 2025. En su declaración jurada, además, figuraba la incorporación de un inmueble de 389 metros cuadrados en San Isidro, registrado el 1° de noviembre de 2024.

El propio Núñez salió a defenderse. Dijo que no había hecho “nada ilegal ni inmoral” y sostuvo que había acudido al Banco Nación porque allí cobraba su sueldo y porque la entidad ofrecía una tasa que consideraba competitiva.

El dato que encendió la discusión: la tasa del 4,5%

La controversia no se agotó en los montos. El Banco Nación tenía una línea específica para empleados del sector público denominada “+Hogares sector público”, que permitía financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de la línea general.

Los beneficiarios defendieron la operatoria y aseguraron que las condiciones estaban disponibles para quienes cobraban sus haberes en el banco y cumplían los requisitos. El diputado Alejandro Bongiovanni, por ejemplo, sostuvo que la tasa del 4,5% era la vigente para quienes cobraban sus haberes en la entidad.

El Banco Nación, por su parte, afirmó que el procedimiento era “homogéneo, sin excepciones”, con circuitos digitalizados y evaluación mediante scoring crediticio.

La Justicia, sin embargo, decidió que eso no alcanzaba como explicación. Había que revisar los expedientes y comprobarlo.

Los nombres detrás de los millones

Entre los casos identificados aparecen algunos de los nombres más cercanos al corazón económico y político del Gobierno.

Felipe Núñez: director del BICE y asesor de Luis Caputo. Registraba inicialmente un crédito de $373 millones, equivalente entonces a unos US$315.000, desde febrero de 2025. Su caso quedó asociado a una vivienda de 389 m² en San Isidro.

Federico Furiase: secretario de Finanzas y exdirector del Banco Central. Registraba un crédito inicial de $367,059 millones, unos US$280.787, desde agosto de 2025. Furiase afirmó que se trató de un crédito para una segunda vivienda y negó que fuera para una tercera propiedad.

Pero el caso de Furiase volvió a generar controversia meses después. Una publicación de La Política Online sostuvo que el crédito habría sido utilizado para comprar una vivienda de unos US$300.000 en el country Los Pilares, en Pilar, de 200 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de 880 metros cuadrados. La publicación planteó que podía tratarse de una tercera propiedad y que eso debía contrastarse con las condiciones de la línea crediticia.

Furiase respondió que la propiedad que algunos medios contabilizaban como una tercera vivienda correspondía a una donación de derechos de usufructo realizada por sus padres, de la cual posee el 33%, y sostuvo que no vive allí desde 2010.

Pedro Inchauspe, director del Banco Central, aparece con un crédito inicial informado de $510,654 millones, unos US$345.492 al momento del préstamo, desde diciembre de 2025.

Emiliano José Mongilardi, director de YPF, figura con un crédito de $309,507 millones, unos US$207.766.

Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe” y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, aparece con un crédito de $112,948 millones, equivalente entonces a unos US$76.417.

También aparecen los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que, según el período relevado, se ubicaron entre aproximadamente $230 millones y $279 millones en la primera reconstrucción difundida por Chequeado.

Posteriormente surgieron registros con montos diferentes por la actualización de las deudas en el sistema UVA. Campero, por ejemplo, fue reportado con un crédito de unos $322 millones, mientras que Santiago Santurio aparece con un crédito de $340 millones. Bongiovanni registraba unos $255 millones en enero de 2026.

La cronología del escándalo

Febrero de 2025: Núñez obtiene $373 millones

Felipe Núñez registra el inicio de una deuda de $373 millones con el Banco Nación. El equivalente informado en ese momento era de unos US$315.000.

Mayo de 2025: aparece el crédito de Mariano Campero

El diputado Mariano Campero accede a un préstamo informado posteriormente en alrededor de $322 millones. El legislador negó haber recibido un trato especial y sostuvo que se trató de una línea hipotecaria en UVA disponible para quienes calificaran.

Julio de 2025: el crédito de Santiago Santurio

El diputado libertario Santiago Santurio, referente de “Las Fuerzas del Cielo”, aparece con un crédito de aproximadamente $340 millones.

Agosto de 2025: Furiase toma su crédito

Federico Furiase registra desde agosto de 2025 un crédito inicial de $367,059 millones. El funcionario sostuvo posteriormente que fue destinado a una segunda vivienda y que la tasa fue incluso superior a la de otros créditos.

Diciembre de 2025: Juan Doe y otros casos

Juan Pablo Carreira aparece con un crédito de $112,948 millones desde diciembre de 2025. En el mismo período surge el crédito de Pedro Inchauspe, cuyo monto inicial fue informado en unos $510,654 millones.

Enero de 2026: Bongiovanni

Alejandro Bongiovanni aparece con un crédito de aproximadamente $255 millones en enero de 2026. El diputado defendió la legalidad de la operación y sostuvo que las condiciones eran generales para quienes cobraban sus haberes en el banco.

Abril de 2026: el caso Massaccesi hace explotar todo

La polémica dio un salto político cuando se conoció el crédito de Leandro Massaccesi, entonces jefe de Gabinete de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano.

Según el relevamiento, Massaccesi había obtenido un crédito hipotecario de alrededor de $400 millones. Pettovello le pidió la renuncia de manera preventiva después de que el caso trascendiera públicamente.

Massaccesi negó cualquier irregularidad. Dijo que había gestionado el crédito por Internet, presentado la documentación requerida y que se trataba de un préstamo a 30 años destinado a la compra de su primera vivienda junto con su pareja.

El episodio produjo una escena difícil de explicar políticamente: un funcionario fue desplazado por una operación que otros integrantes del Gobierno defendían como perfectamente legal y accesible para cualquier ciudadano que cumpliera las condiciones.

De la polémica política a una causa judicial

El 3 de abril de 2026, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal para investigar el otorgamiento de estos créditos. La presentación planteó la posibilidad de delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta, aunque esas son hipótesis de una denuncia y no hechos judicialmente probados.

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó posteriormente la investigación y el juez federal Ariel Lijo avanzó con medidas de prueba. La causa quedó centrada en determinar si los préstamos fueron otorgados de acuerdo con las normas o si hubo beneficios indebidos.

El expediente judicial alcanzó a Juan Pablo Carreira, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio, entre otros mencionados en las denuncias.

La Justicia pidió los legajos completos de los créditos, evaluaciones de riesgo, recibos de sueldo, comprobantes de ingresos, contratos de preaprobación, movimientos bancarios y documentación relacionada con las propiedades adquiridas.

También reclamó información sobre los manuales de riesgo crediticio y sobre eventuales Reportes de Operación Sospechosa. El objetivo es determinar si se cumplieron los estándares normativos en cada operación.

La AGN entra en escena

El juez Lijo ordenó además una auditoría de la Auditoría General de la Nación sobre la política de otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación durante los últimos años.

La AGN deberá revisar la normativa vigente, los cambios introducidos desde diciembre de 2023, los procedimientos internos, la cantidad de préstamos otorgados a empleados y funcionarios públicos y legisladores, los montos involucrados y el porcentaje que representan dentro de la cartera hipotecaria.

La medida es particularmente relevante porque cambia el eje de la discusión. Ya no se trata solamente de si un funcionario tenía derecho a pedir una hipoteca: la pregunta institucional es si el Banco Nación aplicó exactamente las mismas reglas para todos.

El Gobierno dice que no hubo privilegios

La defensa oficial fue prácticamente uniforme.

Núñez y Furiase rechazaron haber recibido beneficios especiales. Núñez sostuvo que acudió al Nación porque cobraba allí su sueldo y porque la tasa era competitiva. Furiase afirmó que tomó un crédito para una segunda vivienda y negó que hubiera utilizado el préstamo para adquirir una tercera propiedad.

El Banco Nación también sostuvo que sus procesos son homogéneos y que no existen excepciones. La entidad informó además que había concedido más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea hipotecaria.

En abril, el banco se presentó en la causa judicial y aportó documentación. Según informó LA NACION, la entidad sostuvo que sus auditorías internas no habían detectado irregularidades.

El dato que todavía no tiene respuesta

La discusión más importante no está saldada.

La Justicia busca determinar si las condiciones que beneficiaron a funcionarios y legisladores fueron exactamente las mismas que las disponibles para el resto de los clientes. Para eso pidió información que todavía debía ser analizada: ingresos, propiedades, scoring, documentación presentada, evaluación de riesgo, tiempos de aprobación y normativa vigente en cada caso.

Sin adelantarse a una investigación que justamente busca establecer si existió corrupción, pero sin cerrar el caso con la explicación de que “eran créditos para todos”: eso es precisamente lo que la Justicia está intentando comprobar.

La contradicción que dejó expuesta al Gobierno

El escándalo tiene una dimensión que excede la cuestión bancaria.

El Gobierno de Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la denuncia de los privilegios, la crítica a la “casta” y la reducción del Estado. Sin embargo, varios de sus funcionarios, asesores y legisladores recurrieron a una entidad financiera estatal para obtener créditos hipotecarios por cientos de millones de pesos.

El problema político no es que un funcionario quiera comprar una vivienda. El problema es la asimetría que podría existir entre el ciudadano común que intenta acceder al crédito y quien, desde el Estado, tiene ingresos, contactos, información y posición institucional privilegiada.

La propia reacción del Gobierno terminó mostrando la incomodidad. Mientras algunos funcionarios defendieron los créditos como operaciones normales, una ministra decidió desplazar a uno de sus colaboradores más cercanos por haber accedido a uno.

Y ahora será la Justicia la que deberá responder la pregunta que la política no pudo cerrar: ¿fueron simplemente créditos hipotecarios o hubo una ventanilla especialmente cómoda para quienes estaban dentro del poder?

Una trama que recién empieza a definirse

Los datos disponibles permiten reconstruir una secuencia concreta: créditos de cientos de millones, funcionarios y legisladores oficialistas como beneficiarios, tasas vinculadas a líneas específicas para empleados públicos, defensas políticas, un funcionario desplazado y finalmente una investigación judicial con intervención de la AGN.

El expediente todavía no estableció que haya existido un delito. Pero tampoco estableció que todo haya sido absolutamente regular. La documentación que ahora deberán analizar los organismos de control será la que permita separar el ruido político de los hechos.

Mientras tanto, queda una imagen difícil de ignorar: la banca pública que el discurso libertario cuestiona como parte del Estado que pretende reducir terminó siendo, para varios integrantes del propio oficialismo, una fuente de financiamiento para acceder a viviendas de cientos de millones de pesos.

Y esa contradicción, más allá de lo que determine la Justicia, ya constituye un problema político para el Gobierno de Javier Milei.

Fuentes consultadas

• Chequeado — Qué se sabe sobre los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios del gabinete de Milei y diputados de LLA (Chequeado)

• LA NACION — Los funcionarios de Caputo que tomaron créditos del Banco Nación (LA NACION)

• LA NACION — La investigación judicial y la auditoría de la AGN (LA NACION)

• Infobae — La causa penal por los créditos del Banco Nación (infobae)

• La Política Online — El crédito de Felipe Núñez y la propiedad en San Isidro (La Política Online)

• Infobae — La salida de Leandro Massaccesi y su descargo (infobae)

• La Gaceta — La renuncia de Massaccesi y los créditos del Banco Nación (La Gaceta)

Nota metodológica: hay diferencias entre los montos publicados en distintos momentos porque los créditos en UVA se actualizan y los registros consultados corresponden a fechas diferentes. Además, algunas denuncias mencionan hipótesis de irregularidad que todavía están siendo investigadas; por eso fueron presentadas aquí como denuncias o líneas de investigación y no como hechos probados. (LA NACION)