Tuitero de Caputo obtuvo un crédito de $373 millones del Banco Nación para una casa en San Isidro

Una tasa del 4,5% y un crédito de $373 millones para una casa de 389 m²

Un crédito de $373 millones para una vivienda en San Isidro

Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), obtuvo en febrero de 2025 un crédito hipotecario del Banco Nación por $373 millones, que equivalían entonces a unos US$315.000 al dólar MEP.

El préstamo quedó registrado en la Central de Deudores del Banco Central y fue identificado a partir de información procesada por la plataforma “¿Cuánto Deben?”. El dato adquiere especial relevancia al cruzarlo con la declaración jurada patrimonial del funcionario.

Según esa declaración, Núñez incorporó a su patrimonio el 1° de noviembre de 2024 un inmueble de 389 metros cuadrados ubicado en San Isidro. La propiedad aparece así vinculada temporalmente con el financiamiento hipotecario obtenido posteriormente.

La diferencia estaba en la tasa

Núñez sostuvo que consiguió el préstamo “como cualquier hijo de vecino” y explicó que eligió el Banco Nación porque allí cobra su sueldo. También afirmó que accedió a la misma tasa y plazo disponibles para cualquier persona que cumpliera con los requisitos.

Sin embargo, la documentación analizada por Chequeado muestra que en febrero de 2025 el Banco Nación contaba con una línea específica para empleados del sector público, con condiciones diferentes a las de la línea general.

Esa línea permitía financiar hasta 270.000 UVAs y hasta el 90% del valor de la vivienda. Para el público general, la línea +Hogares establecía un máximo de 230.000 UVAs y financiaba hasta el 75% del inmueble.

La diferencia también aparecía en el costo financiero. Mientras la línea para empleados públicos tenía una tasa del 4,5% anual, para otros clientes del Banco Nación los créditos de montos superiores podían alcanzar una tasa del 9,78%.

Un préstamo muy por encima del promedio

El crédito de Núñez se ubicó prácticamente en el límite de la línea destinada a empleados públicos. Para acceder a un monto de esas características debía acreditar, junto con eventuales codeudores, ingresos superiores a $6 millones mensuales.

La cuota inicial rondaba los $1,8 millones, según el análisis realizado por Chequeado. El dato permite dimensionar el volumen de la operación en relación con el mercado hipotecario de aquel momento.

Durante el primer semestre de 2025, unas 20.000 personas accedieron a créditos hipotecarios y el monto promedio fue de aproximadamente $100 millones. El préstamo de Núñez, de $373 millones, superaba así tres veces ese promedio.

El Banco Nación defendió el mecanismo

Frente a la controversia, el Banco Nación sostuvo que el mecanismo de otorgamiento de créditos es “homogéneo, sin excepciones” y que las líneas hipotecarias están disponibles para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

La entidad también señaló que los préstamos se conceden mediante procesos digitalizados y sistemas de evaluación crediticia. Al mismo tiempo, confirmó la existencia de líneas específicas para empleados del sector público que permiten financiar hasta el 90% de una propiedad.

Por eso, con los datos disponibles en las fuentes, no puede afirmarse que el crédito de Núñez haya sido obtenido mediante una maniobra ilegal. Lo que sí está documentado es que accedió a una línea destinada a empleados públicos que ofrecía condiciones más favorables que las disponibles para otros clientes.

Núñez y otros funcionarios

El caso del funcionario cercano a Caputo no quedó aislado. Los registros públicos procesados a partir de información del Banco Central identificaron al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo que acumularon más de $2.500 millones en créditos del Banco Nación.

Entre los nombres mencionados aparecen Federico Furiase, Juan Pablo Carreira —conocido como “Juan Doe”—, Emiliano Mongilardi y varios diputados de La Libertad Avanza.

La controversia también alcanzó a Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Después de que trascendiera que había obtenido un crédito hipotecario del Banco Nación por alrededor de $400 millones, Pettovello lo desplazó de su cargo. Massaccesi, por su parte, defendió la legalidad del préstamo.

El contraste con el discurso libertario

El episodio vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre los funcionarios del gobierno de Javier Milei y la banca pública. La discusión no pasa solamente por determinar si los créditos fueron otorgados dentro de las reglas, sino también por observar quiénes pudieron acceder a determinadas condiciones de financiamiento y bajo qué criterios.

En el caso de Núñez, los números son concretos: $373 millones de crédito, una propiedad de 389 m² en San Isidro y una tasa del 4,5% anual dentro de una línea destinada a empleados públicos.

El contraste resulta particularmente incómodo para un gobierno que construyó buena parte de su discurso político alrededor de la crítica a los privilegios y a la llamada “casta”. La información disponible no demuestra una ilegalidad, pero sí deja planteada una pregunta política inevitable: ¿qué significa para el discurso libertario que funcionarios del propio Gobierno recurran a un banco estatal y accedan a líneas de crédito preferenciales?

La respuesta no está en una acusación sin pruebas, sino en los propios números. Y esos números muestran que, mientras el Gobierno reivindica la reducción del papel del Estado, la banca pública continúa siendo utilizada por integrantes de su propia estructura para financiar operaciones inmobiliarias de cientos de millones de pesos.