La caja libertaria: los contratos, fondos y negocios millonarios de "la motosierra"

Un mapa que ya excede a un solo escándalo

La expresión corrupción libertaria dejó de estar asociada a un único expediente. A medida que avanzan distintas investigaciones judiciales y periodísticas, aparecen denuncias sobre contrataciones públicas, fondos estatales, patrimonio de funcionarios, financiamiento de organizaciones cercanas al oficialismo y vínculos entre empresarios y personas con acceso al poder.

Eso no significa que todos los casos tengan el mismo grado de avance ni que todas las acusaciones estén probadas. Hay procesamientos judiciales, investigaciones todavía abiertas, denuncias y cuestionamientos administrativos. Precisamente por eso, el dato relevante es observar qué ocurrió en cada expediente y qué grado de sustento tiene actualmente.

 

ANDIS: el expediente que más avanzó

El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es hasta ahora una de las investigaciones con mayor avance judicial. En febrero de 2026, la Justicia procesó a 19 personas: seis exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei y 13 empresarios, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada con sobornos y sobreprecios en compras de medicamentos e insumos.

La investigación comenzó después de que se difundieran audios atribuidos al entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. La fiscalía, sin embargo, no basó su acusación exclusivamente en esas grabaciones, sino también en elementos obtenidos mediante allanamientos y peritajes sobre dispositivos electrónicos.

Según la acusación fiscal publicada por El País, las maniobras investigadas habrían generado un desvío superior a $43.000 millones entre 2024 y 2025. La causa sostiene que las compras de medicamentos e insumos fueron direccionadas y que existieron sobreprecios y pagos indebidos.

La dimensión económica del expediente quedó expuesta también en un informe técnico del Ministerio de Salud difundido en mayo. Allí se detectaron sobreprecios de hasta 4.000% en determinadas adquisiciones, entre ellas una silla de ruedas que habría sido comprada por $19 millones cuando el precio de referencia era de $1,3 millones.

 

Las acusaciones que alcanzan al entorno presidencial

Los audios atribuidos a Spagnuolo mencionaron a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem como supuestos destinatarios de parte del dinero. Hasta el momento, ninguno de los dos fue procesado ni acusado formalmente en esta causa.

En agosto de 2026, el caso volvió a incorporar un elemento político. Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, afirmó que el consultor le había dicho que los audios eran reales y que había personas vinculadas con el Gobierno involucradas. La diputada Marcela Pagano solicitó que Beller sea citada como testigo. Se trata, hasta ahora, de declaraciones que deberán ser corroboradas judicialmente.

 

$LIBRA: el criptoescándalo que todavía no encuentra un cierre judicial

El caso $LIBRA constituye otro de los grandes focos de la investigación sobre el poder libertario. El 14 de febrero de 2025, Javier Milei difundió desde su cuenta de X una criptomoneda que posteriormente sufrió un fuerte desplome. El Presidente borró el mensaje horas después y sostuvo que no tenía relación con el proyecto.

La investigación judicial incorporó posteriormente elementos que complejizaron esa explicación. Un peritaje realizado sobre el teléfono de Mauricio Novelli registró comunicaciones entre Novelli y Milei durante los minutos previos y posteriores al lanzamiento. También aparecieron comunicaciones con Karina Milei y Santiago Caputo.

El mismo peritaje detectó un documento que describiría un supuesto acuerdo por US$5 millones relacionado con el apoyo presidencial al lanzamiento de $LIBRA. La existencia y el alcance jurídico de ese documento forman parte de la investigación y no equivalen, por sí mismos, a una prueba de delito.

La causa sigue abierta. Milei y Karina Milei son investigados, pero no fueron procesados ni llamados a indagatoria en el expediente.

En junio, además, dos organizaciones aceptadas como amicus curiae solicitaron que el Presidente sea indagado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

 

El dinero vuelve a conducir hacia Novelli

Una investigación publicada por La Nación en agosto de 2026 siguió el recorrido de transferencias realizadas por Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA. Según esa reconstrucción, más de US$5 millones digitales fueron enviados a dos cuentas que desembocaban en una financiera vinculada con Novelli.

Novelli, por su parte, sostuvo ante la Justicia que los compradores de $LIBRA asumieron un riesgo y negó que hubiera existido una estafa. También defendió a Milei y afirmó que la publicación presidencial no tenía relevancia penal.

El expediente, por lo tanto, sigue lejos de una resolución definitiva.

 

Adorni: patrimonio bajo investigación

Manuel Adorni también quedó bajo la lupa judicial. La causa principal investiga un presunto enriquecimiento ilícito y analiza posibles inconsistencias entre sus declaraciones juradas, patrimonio, propiedades, gastos y movimientos financieros.

En julio, un informe técnico entregado al fiscal Gerardo Pollicita identificó inconsistencias en los movimientos patrimoniales del entonces jefe de Gabinete. El análisis no estableció todavía un monto definitivo de enriquecimiento ilícito, pero sí detectó diferencias que la Justicia busca esclarecer.

En agosto, Pollicita avanzó un paso más y reclamó explicaciones sobre 20 puntos vinculados con el patrimonio de Adorni y su esposa. Entre ellos aparecen propiedades, dólares en efectivo, préstamos familiares, reformas, viajes, gastos con tarjetas y operaciones con criptomonedas.

Adorni dejó la Jefatura de Gabinete a fines de junio. Según Chequeado, antes de su renuncia había afirmado que era víctima de ataques mediáticos y “mentiras de las más variadas”.

 

SISVIAL: $1,5 billones bajo la lupa

El expediente que puede tener mayor impacto sobre la administración de los recursos públicos es el relacionado con el Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

Según una investigación publicada por La Nación y retomada por El País, desde la asunción de Milei se recaudaron aproximadamente $1,5 billones mediante recursos que, por ley, deben destinarse a obras viales. Sólo una cuarta parte habría sido utilizada para infraestructura, mientras el equivalente a casi US$668 millones fue colocado en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos y títulos públicos.

El Gobierno enfrenta denuncias judiciales por posibles delitos como malversación de fondos, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes. La Justicia pidió información sobre el destino de esos recursos.

La controversia adquiere una dimensión política todavía mayor porque la investigación también puso bajo análisis transferencias realizadas a provincias próximas a votaciones legislativas importantes. Esa circunstancia alimentó sospechas sobre un posible uso político de recursos que tenían un destino específico.

La hipótesis todavía debe ser investigada y probada. Pero el interrogante es difícil de esquivar: ¿qué ocurre cuando fondos creados para una finalidad determinada terminan financiando instrumentos financieros mientras las obras para las que fueron recaudados permanecen subejecutadas?

 

Scatturice: contratos, poder y un avión que evitó los controles

Leonardo Scatturice representa otro capítulo de esta trama. El empresario, radicado en Estados Unidos y señalado como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, acumuló al menos 21 contratos con el Estado desde la llegada de Milei al poder, por unos $1.378 millones, además de convenios por US$4,99 millones con el Ministerio Público Fiscal.

Una empresa vinculada con Scatturice también obtuvo un contrato con la SIDE para actuar como enlace entre los gobiernos de Milei y Donald Trump. El acuerdo contemplaba un pago de US$10.000 mensuales.

Su nombre apareció además en la investigación por el avión que llegó a Aeroparque en febrero de 2025 con Laura Belén Arrieta y diez valijas. El episodio generó cuestionamientos sobre los controles aduaneros y abrió una investigación judicial.

El dato central no es afirmar que la existencia de esos contratos pruebe corrupción. Lo relevante es que una misma figura aparece vinculada a negocios con el Estado, organismos sensibles y una investigación que puso bajo sospecha un procedimiento aduanero.

 

Fundación Faro: millones, inversiones y preguntas sobre los donantes

La Fundación Faro, dirigida por Agustín Laje, constituye otro foco de atención. Según el balance presentado ante la Inspección General de Justicia, la organización declaró ingresos por $4.957 millones durante 2024 y un patrimonio neto de $4.394 millones. Un año antes, cuando todavía se llamaba Fundación Valorar, había declarado un patrimonio de apenas $12 millones.

El salto patrimonial fue de 356 veces. Además, la mayor parte de los recursos no fue destinada a gastos operativos: el balance registró $4.188 millones invertidos en fondos comunes de inversión, Letras del Tesoro y bonos.

La IGJ pidió que la Fundación informara quiénes habían realizado las donaciones superiores a $11 millones. La entidad presentó la información requerida, pero Chequeado informó que el organismo no podía divulgar públicamente los nombres debido a las restricciones previstas por la normativa antilavado.

 

El vínculo con $LIBRA

El caso adquiere otra dimensión cuando aparece Mauricio Novelli. Chequeado documentó que Laje promocionó durante años la empresa N&W Professional Traders, vinculada al empresario señalado como uno de los principales impulsores de $LIBRA.

Documentos revisados por ese medio consignan transferencias a nombre de Laje por al menos 5.000 USDT, equivalentes a US$5.000, por contenidos promocionales.

Una investigación publicada en agosto de 2026 fue más allá y señaló conexiones entre Fundación Faro, YPF, $LIBRA y la Casa Rosada. El informe remarca que existen sectores del recorrido financiero que todavía no pueden reconstruirse completamente con información pública.

 

El punto común: dinero, poder y zonas opacas

Los expedientes son diferentes y no permiten afirmar que exista una única estructura delictiva detrás de todos ellos. Sin embargo, las investigaciones muestran una sucesión de episodios en los que aparecen funcionarios, empresarios, operadores políticos y organizaciones vinculadas con el universo oficialista.

En ANDIS, la Justicia ya procesó a exfuncionarios y empresarios. En $LIBRA, la investigación continúa y todavía no existen procesamientos. En el caso Adorni, la fiscalía profundizó el análisis patrimonial. En SISVIAL, la Justicia busca determinar qué ocurrió con fondos destinados legalmente a obras públicas.

El contraste resulta especialmente incómodo para un gobierno que llegó al poder con un discurso centrado en la eliminación de la llamada “casta” y en la promesa de terminar con las prácticas de la política tradicional. Las investigaciones no permiten afirmar que todos esos hechos constituyan corrupción, pero sí muestran que el oficialismo enfrenta un volumen creciente de preguntas sobre el manejo del dinero, los contratos y las relaciones entre el Estado y los privados.

La discusión, entonces, ya no pasa solamente por un escándalo aislado. Pasa por determinar si cada expediente termina demostrando delitos, irregularidades administrativas o simplemente acusaciones que no logran sostenerse. La respuesta será judicial, pero mientras tanto el costo político se acumula sobre un Gobierno que hizo de la transparencia y de la lucha contra la corrupción uno de sus principales argumentos de legitimidad.

 

Fuentes

Fernández Blanco, P., Grimaldi, I., & Olivera, F. (2025, 8 de agosto). Leonardo Scatturice, el empresario que actúa como nexo con Trump, sumó al menos 21 contratos con el Estado desde que Milei es presidente. LA NACION. (LA NACION)

Lorca, J. (2026, 10 de febrero). Seis ex altos cargos de Milei y 13 empresarios, procesados por sobornos y sobreprecios en la Agencia de Discapacidad. EL PAÍS. (El País)

Lorca, J. (2025, 18 de noviembre). La justicia de Argentina investiga a empresarios y exfuncionarios del Gobierno de Milei por una red de sobornos y sobreprecios. EL PAÍS. (El País)

Marina, R., & Tarricone, M. (2026, 2 de junio). La Fundación Faro de Agustín Laje incrementó su patrimonio más de 350 veces y destinó la mayor parte a inversiones financieras. Chequeado. (Chequeado)

Ballarino, F., & Marina, R. (2026, 11 de junio). Quiénes financian a Fundación Faro: la IGJ tiene el listado de donantes, pero dice que no puede divulgarlo por la ley antilavado. Chequeado. (Chequeado)

Marina, R. (2026, 24 de junio). Javier Milei en la Fundación Faro: el think tank gastó $135 millones en Meta en los últimos 3 meses. Chequeado. (Chequeado)

Piccato, F., Di Santi, M., & Equipo de Chequeado. (2026, 9 de agosto). Fundación Faro, YPF y $LIBRA: el rastro incompleto del dinero y las conexiones con la Casa Rosada. Chequeado. (Chequeado)

Tarricone, M., & Coto, J. (2026, 17 de marzo). Caso $LIBRA: las claves del peritaje al celular de Mauricio Novelli por la causa que involucra a Javier Milei. Chequeado. (Chequeado)

Alconada Mon, H., & Grimaldi, I. (2026, 15 de marzo). Un “memo” en el celular de Novelli detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo de Milei al lanzamiento de $LIBRA. LA NACION. (LA NACION)

Alconada Mon, H. (2026, 2 de agosto). $LIBRA: los millones que transfirió Hayden Davis antes del lanzamiento desembocaron en la financiera vinculada a Novelli. LA NACION. (LA NACION)

González del Solar, F. (2026, 17 de julio). Un informe detectó inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni y el fiscal le pedirá explicaciones tras la feria judicial. LA NACION. (LA NACION)

Tarricone, M. (2026, 21 de junio). Qué causas judiciales involucran a Manuel Adorni y en qué estado se encuentran. Chequeado. (Chequeado)

Belinchón, G., & Centenera, M. (2026, 20 de agosto). Milei enfrenta un escándalo por cubrir déficit con fondos asignados por ley a obras públicas. EL PAÍS. (El País)

Lorca, J. (2026, 19 de agosto). Fernando Cerimedo: La detención de un consultor de ultraderecha acusado de intento de feminicidio activa denuncias de corrupción en Bolivia y Argentina. EL PAÍS. (El País)