El exintendente de Viamonte, del riñón de Llaryora, seguirá detenido por asociación ilícita

De intendente durante 20 años a procesado por asociación ilícita

El exintendente de Viamonte, Gabriel Fernández, atraviesa uno de los momentos más delicados de su extensa trayectoria política. Después de permanecer durante dos décadas al frente del municipio cordobés, la Justicia Federal volvió a darle un duro golpe al confirmar su procesamiento por una presunta asociación ilícita.

La resolución, informada por La Voz este 10 de septiembre de 2026, mantiene además su situación de detenido. La investigación intenta determinar cómo se utilizaron fondos nacionales destinados a distintas obras y programas durante su gestión.

El caso resulta especialmente sensible porque Fernández no fue un dirigente marginal dentro del peronismo cordobés. Su trayectoria estuvo vinculada a Unión por Córdoba y posteriormente a Hacemos por Córdoba, y en 2023 apareció entre los intendentes que respaldaron públicamente la candidatura de Martín Llaryora a la Gobernación.

Una carrera política extensa bajo la lupa judicial

Fernández estuvo al frente de Viamonte entre 2003 y 2023. Durante esos años construyó una fuerte presencia política en el municipio, hasta que en las elecciones de 2023 el peronismo perdió la conducción local.

Ahora, esa extensa permanencia en el poder aparece bajo otra mirada: la judicial. La investigación no se limita a una eventual irregularidad administrativa, sino que analiza la hipótesis de que habría funcionado una estructura organizada para cometer distintos delitos.

La Cámara Federal confirmó así una acusación que coloca al exintendente en el centro de una investigación por presunta asociación ilícita, además de otros delitos que ya habían sido incorporados al expediente.

Millones para obras y demasiadas preguntas

Uno de los ejes de la investigación está relacionado con fondos nacionales destinados a obras públicas en Viamonte. Entre los convenios investigados aparece uno destinado a trabajos en el barrio Néstor Kirchner, que involucró alrededor de $133,9 millones.

Según la investigación difundida por La Voz, quedaron trabajos sin concluir y también se analizó el destino de un último desembolso de aproximadamente $35,4 millones, que habría sido transferido a otras cuentas durante los últimos días de la gestión de Fernández.

El expediente también puso bajo la lupa fondos destinados a una planta de procesamiento de residuos y producción de compost. En ese caso, se investigan aproximadamente $22,5 millones, mientras que la obra habría quedado con un avance cercano al 40%.

Otro de los proyectos investigados involucró unos $8,8 millones destinados a un playón multideportivo, una senda peatonal y una estación de gimnasio. La Justicia busca establecer qué ocurrió con esos recursos y por qué las obras no habrían alcanzado los objetivos previstos.

El dato que profundiza el escándalo

Uno de los aspectos más contundentes de la causa es la diferencia entre los fondos que habrían ingresado y aquellos cuyo destino todavía intenta establecer la Justicia.

Una de las publicaciones citadas en la investigación ubicó el volumen de los fondos bajo sospecha en torno de $500 millones. El problema, precisamente, es que una parte sustancial de ese dinero todavía no habría podido ser localizada.

Durante los allanamientos se secuestraron pesos, dólares y otras monedas, además de documentación, computadoras, tarjetas bancarias y vehículos. Sin embargo, esos procedimientos no permitieron encontrar la totalidad de los fondos que los investigadores buscan reconstruir.

Del poder municipal al banquillo judicial

El contraste es difícil de ignorar. Fernández pasó de ejercer durante 20 años el máximo cargo político de Viamonte a permanecer detenido mientras la Justicia intenta determinar si detrás de las irregularidades investigadas existió una organización destinada a desviar recursos públicos.

La confirmación del procesamiento agrega presión sobre una causa que todavía no terminó de reconstruir el recorrido del dinero. Y mientras el expediente avanza, la pregunta que permanece en el centro de la investigación es tan simple como incómoda: ¿dónde terminaron los fondos destinados a obras que no fueron completadas?

La dimensión política tampoco es menor. Fernández estuvo integrado al peronismo cordobés y respaldó a Llaryora en el proceso electoral de 2023. Eso no convierte al gobierno provincial ni al espacio político en responsable de los hechos investigados, pero sí vuelve inevitable analizar el impacto que puede tener el caso sobre una estructura política que durante años tuvo presencia territorial en Córdoba.

Por ahora, la Justicia mantiene abierta la investigación y Fernández seguirá detenido. El expediente deberá determinar si las acusaciones pueden sostenerse con pruebas suficientes y, sobre todo, cuál fue finalmente el destino de los millones que permanecen bajo sospecha.

Fuentes

Noguera, F. (2026, 10 de septiembre). Corrupción. Otro revés para el exintendente de Viamonte, por presuntamente haber liderado una banda delictiva. La Voz.

Política Córdoba Verdad. (2023). Intendentes de Hacemos por Córdoba expresaron su respaldo a Martín Llaryora. Política Córdoba Verdad.