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Confiscación para la familia, recupero para el Gobierno

Una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta quedó en el centro de una disputa entre una familia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La concesión, vinculada a la familia Girado desde 1890, fue declarada caduca por la administración porteña y posteriormente el espacio fue incorporado a un proyecto comercial y turístico.

Para los herederos, lo ocurrido constituye una confiscación. Sostienen que la Ciudad avanzó sobre un espacio familiar sin una notificación adecuada y que la administración terminó disponiendo de la bóveda para un nuevo negocio.

Para el Gobierno porteño, en cambio, se trata de un recupero administrativo. La gestión sostiene que la concesión se encontraba abandonada, que se realizaron las notificaciones correspondientes y que la caducidad se produjo conforme al procedimiento establecido por la normativa vigente.

La diferencia entre ambas palabras no es menor. “Confiscación” supone, desde la mirada de la familia, que el Estado les quitó un espacio sobre el que mantenían derechos. “Recupero”, en cambio, presenta la intervención como el ejercicio legítimo de una facultad estatal frente a una concesión que había dejado de cumplir con sus obligaciones.

 

Una concesión que se remonta a 1890

La historia de la bóveda se remonta a fines del siglo XIX. Según Lucía Girado, heredera de la familia y artista plástica, la concesión familiar existe desde 1890 y el espacio fue utilizado durante generaciones para alojar los restos de sus familiares.

La documentación oficial identifica la ubicación como el Tablón 201, Sección 17, sepulturas 1 a 12 y demasía del Cementerio de la Recoleta. El expediente administrativo relacionado con el caso es el 12645677/DGCEME/24.

La Ciudad finalmente declaró la caducidad de la concesión. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y se fundamentó en el artículo 75 de la Ley 4.977, que establece las condiciones y procedimientos relacionados con la caducidad de concesiones en los cementerios porteños.

Pero la existencia de un procedimiento administrativo no clausura la discusión. El punto que ahora cuestiona la familia es si las comunicaciones fueron efectivamente realizadas de manera que los herederos pudieran conocer la situación y ejercer sus derechos.

 

La versión de Lucía Girado

Lucía Girado sostiene que no fue debidamente notificada del proceso que terminó con la caducidad de la concesión. Según su relato, tomó conocimiento de la situación cuando se enteró de la licitación que la Ciudad había impulsado para utilizar comercialmente el espacio.

La heredera también asegura que durante años intentó regularizar la situación administrativa de la bóveda. Según declaró, consultó con otros integrantes de su familia y ninguno tenía conocimiento del procedimiento que había terminado con la pérdida de la concesión.

Su reclamo adquirió una dimensión todavía más sensible porque, según su denuncia, dentro de la bóveda se encontraban los restos de su padre y de otros familiares.

Girado afirma que actualmente desconoce cuál es el destino de esos restos. Por eso presentó un amparo judicial para cuestionar el procedimiento y reclamar por la situación de la bóveda y de los restos familiares.

 

La respuesta del Gobierno de Jorge Macri

La versión oficial es sustancialmente diferente.

Funcionarios porteños citados por La Nación sostuvieron que fueron notificadas alrededor de 30 personas que figuraban como titulares y que se enviaron cartas documento, incluso un segundo envío, para que quienes tuvieran derechos sobre los restos concurrieran a retirarlos.

Según la administración porteña, nadie se presentó a retirarlos. El Gobierno sostiene, por lo tanto, que cumplió con las comunicaciones necesarias antes de avanzar con la caducidad y el posterior uso del espacio.

La contradicción entre ambas versiones constituye uno de los puntos centrales del conflicto. Mientras Girado afirma que su familia no fue debidamente informada, la Ciudad sostiene que las notificaciones fueron realizadas y que los titulares tuvieron la posibilidad de actuar.

La documentación de esas comunicaciones será, por lo tanto, una pieza clave para determinar qué ocurrió.

 

El destino de los restos, una cuestión que incomoda

La disputa administrativa adquiere una dimensión mucho más delicada cuando se incorpora la cuestión de los restos humanos.

Girado sostiene que su padre y otros familiares estaban enterrados en la bóveda y que desconoce actualmente dónde se encuentran. La Ciudad afirmó que había ofrecido la posibilidad de retirar los féretros y advirtió que, si la situación no se regularizaba, los restos podían ser cremados.

El interrogante es evidente: ¿qué documentación existe sobre cada uno de los restos que se encontraban en la bóveda y cuál es actualmente su destino?

Las fuentes consultadas no permiten establecer de manera completa esa trazabilidad. Y esa ausencia de información es precisamente uno de los elementos que vuelve más sensible el reclamo de la heredera.

 

La bóveda que terminó convertida en negocio

Después de declarar caduca la concesión, la Ciudad avanzó con una licitación para darle un nuevo destino al espacio.

La bóveda tiene aproximadamente 24,55 metros cuadrados y el proyecto contempla instalar allí una tienda de regalos y un espacio para la venta de alimentos y bebidas bajo la modalidad take away. También está previsto que el lugar tenga vinculación con recorridos turísticos nocturnos por el Cementerio de la Recoleta.

El canon base establecido para la explotación es de 1,6 millones de pesos mensuales. Además, el esquema contempla una participación de la Ciudad sobre los ingresos derivados de los circuitos turísticos nocturnos.

El dato resulta políticamente significativo porque permite observar qué ocurrió después de la caducidad: el espacio que durante generaciones estuvo vinculado a una familia y a la sepultura de sus integrantes pasó a formar parte de un proyecto de explotación comercial y turística.

 

El patrimonio también entra en disputa

La discusión no involucra únicamente a la familia Girado.

La Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta cuestionó la utilización gastronómica de la bóveda y propuso que el lugar tuviera un destino vinculado con la difusión cultural y patrimonial del cementerio.

La propia Ley 4.977 establece principios vinculados con la dignidad y el respeto hacia los difuntos y sus deudos, además de contemplar la preservación del valor patrimonial y cultural de las necrópolis.

Por eso, la discusión excede la situación particular de una familia. También pone sobre la mesa qué ocurre cuando un espacio funerario histórico es incorporado a una lógica de explotación comercial.

 

La Justicia deberá definir dónde termina el recupero y empieza la confiscación

El caso plantea una tensión difícil de ocultar.

Para la Ciudad, la bóveda fue recuperada después de la caducidad de una concesión que consideraba abandonada. Para la familia Girado, fue confiscada después de un procedimiento que cuestionan y que, según denuncian, no les permitió ejercer adecuadamente sus derechos.

La diferencia no es semántica. Define quién tiene legitimidad para disponer del espacio y, especialmente, si el Estado cumplió con todas las garantías antes de avanzar sobre una concesión familiar de más de un siglo.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar el amparo presentado por Girado y determinar si el procedimiento administrativo se ajustó a derecho.

Mientras tanto, la Ciudad avanza con la transformación de la bóveda en un espacio comercial y turístico. El episodio deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿puede un lugar destinado durante generaciones a preservar la memoria familiar convertirse en un negocio después de que el Estado declara caduca su concesión?

La respuesta jurídica deberá surgir de los expedientes. Pero políticamente, la disputa ya quedó planteada: para quienes perdieron la bóveda, fue una confiscación; para quienes gobiernan la Ciudad, fue un recupero. Y entre esas dos palabras quedan una familia, una historia que comenzó en 1890 y los restos de quienes fueron enterrados allí.

Fuentes

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2026). Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notificación y caducidad de la concesión correspondiente al Tablón 201, Sección 17 del Cementerio de la Recoleta.

Argentina.gob.ar. (2014). Ley 4.977. Cementerios: régimen jurídico y poder de policía en materia mortuoria.

El País. (2026, 13 de agosto). De bóveda aristocrática a café: el Gobierno de Buenos Aires licita viejas tumbas del cementerio de Recoleta.

La Nación. (2026, 18 de agosto). Habló la heredera de la bóveda del cementerio de la Recoleta donde la Ciudad quiere poner un gift.