La funcionaria había sido presentada por el Gobierno como doctora en Inteligencia Artificial, pero el título ya había sido cuestionado por En Orsai. Ahora, una denuncia penal de Marcela Pagano incorporó documentación sobre una oferta de doctorado por US$400 en la misma institución.
Redacción EnOrsai // Domingo 13 de septiembre de 2026 | 10:39
adriana-baravalle-doctorado-ia-denuncia-penal
La controversia alrededor del doctorado en Inteligencia Artificial atribuido a Adriana Baravalle, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, sumó un capítulo judicial. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investigue la validez del título vinculado con la American Andragogy University (AAU), de Hawái.
La denuncia incorpora una denominada “compra de prueba”: según Pagano, la misma institución le ofreció un doctorado en Inteligencia Artificial por US$400 y en pocos días, sin exigirle rendir exámenes ni presentar una tesis.
El caso adquiere especial relevancia porque Baravalle fue designada por el Gobierno de Javier Milei para conducir el área nacional de Ciencia y Tecnología y fue presentada inicialmente como doctora en Inteligencia Artificial.
La primera investigación publicada por En Orsai, bajo el título “Nombraron a una doctora en IA de una universidad no acreditada en el CONICET”, había puesto el foco en el origen académico del doctorado atribuido a Baravalle.
La nota documentó que American Andragogy University no estaba acreditada por una agencia reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos. También consignó antecedentes oficiales de organismos académicos que cuestionaban el reconocimiento de títulos emitidos por esa institución.
La investigación no afirmó que Baravalle hubiera comprado su título ni que hubiera cometido una irregularidad. El interrogante planteado fue otro: qué reconocimiento académico tiene el doctorado atribuido a la funcionaria y qué controles realizó el Gobierno antes de presentarla con esa credencial.
Ahora, esa controversia dejó el terreno exclusivamente académico y llegó a la Justicia.
La presentación de Marcela Pagano incorpora documentación sobre una operación realizada ante la American Andragogy University. Según la denuncia, la legisladora consiguió acceder a un supuesto doctorado en Inteligencia Artificial por US$400.
La institución publica un costo superior para ese programa, pero, de acuerdo con la documentación difundida, durante la consulta se ofreció a Pagano una modalidad por US$400 mediante una beca que no había solicitado.
La operación, siempre según la denuncia, avanzó sin que la aspirante tuviera que rendir exámenes ni acreditar previamente un título universitario. Pagano también incorporó capturas de pantalla, conversaciones por WhatsApp y comprobantes de pago.
La presentación judicial sostiene que el procedimiento se desarrolló en apenas ocho días.
La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa. Se trata de hipótesis planteadas en la presentación y no de delitos que hayan sido judicialmente acreditados.
La denuncia alcanza a Baravalle, a autoridades de la American Andragogy University y a quienes eventualmente pudieran resultar responsables. Corresponderá a la Justicia determinar si existió alguna conducta ilícita y, eventualmente, establecer responsabilidades.
El punto central será determinar qué validez tiene el doctorado atribuido a Baravalle y cuál fue el procedimiento mediante el cual obtuvo ese título.
La controversia adquiere una dimensión política porque Baravalle no ocupa un cargo marginal. Está al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, un área directamente vinculada con las políticas públicas destinadas al sistema científico y tecnológico nacional.
El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras investigadores y profesionales del sistema científico atraviesan procesos de formación, evaluación y acreditación para construir sus carreras, la funcionaria encargada de conducir la política científica quedó en el centro de una discusión sobre el reconocimiento académico de uno de sus principales antecedentes.
La pregunta que ahora debería responder el Gobierno es concreta: ¿qué verificó antes de presentar a Baravalle como doctora en Inteligencia Artificial y qué carácter oficial le reconoce actualmente a ese título?
La investigación publicada por En Orsai había advertido que el problema no estaba necesariamente en la trayectoria profesional de Baravalle. La funcionaria cuenta con antecedentes académicos y profesionales vinculados con ciencia de datos, gestión del conocimiento, inteligencia artificial y tecnología.
El punto cuestionado era específicamente el doctorado atribuido a la American Andragogy University y el reconocimiento académico de esa institución.
La nueva denuncia no resuelve por sí misma esa cuestión, pero aporta elementos que ahora deberán ser evaluados judicialmente. Entre ellos aparece la documentación de una operación en la que, según Pagano, la misma universidad ofreció un doctorado en condiciones que la legisladora consideró incompatibles con los requisitos académicos habituales de una formación doctoral.
El caso expone una contradicción que el Gobierno no puede esquivar con una discusión política sobre nombres o trayectorias personales. Si el Ejecutivo decidió colocar a Baravalle al frente de la política científica argentina, también debe poder explicar con precisión qué antecedentes académicos considera válidos para justificar esa designación.
La cuestión tampoco consiste en negar la experiencia profesional de la funcionaria. El interrogante es más concreto y verificable: cuál es el origen del doctorado, qué reconocimiento posee y por qué una credencial que inicialmente fue utilizada para presentar a Baravalle como doctora terminó bajo cuestionamiento.
La denuncia penal abre ahora una nueva etapa. La Justicia deberá establecer si existen irregularidades y si corresponde avanzar sobre las hipótesis planteadas por Pagano.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa una política oficial que exige mérito y eficiencia a científicos y trabajadores del Estado, pero que enfrenta un serio interrogante sobre las credenciales académicas de quien tiene a su cargo una parte estratégica del sistema científico nacional.
La pregunta ya no es solamente quién es Adriana Baravalle. La pregunta institucional es mucho más incómoda: ¿qué entiende el Gobierno de Javier Milei por excelencia científica cuando la persona elegida para conducir la política de Ciencia y Tecnología debe explicar el origen y reconocimiento de su propio doctorado?
En Orsai. (2026, 14 de agosto). Nombraron a una doctora en IA de una universidad no acreditada en el CONICET. Leer la investigación original de En Orsai
La Nación. (2026, 3 de septiembre). Marcela Pagano denunció que la secretaria de Ciencia, Adriana Baravelle, compró un doctorado en IA. (LA NACION)
Tiempo Argentino. (2026, 3 de septiembre). Pagano denunció que la secretaria de Ciencia hizo su doctorado en una universidad que vende títulos por 400 dólares. (Tiempo Argentino)
Diario Noticias de la Calle. (2026, 4 de septiembre). Denunciaron penalmente a la secretaria de Ciencia por dudas sobre su título de doctora en Inteligencia Artificial. (Diario Noticias De La Calle de Misiones)
La frase que se filtró en el Council of the Americas sobre Milei y el Círculo Rojo
Menos ventas y rentabilidad pero los dueños respaldan a Milei
En Provincia de Buenos Aires Pedidos Ya deberá reconocer derechos laborales
Cerimedo declaró ganar 1 millón de dólares por mes
Pagano pide investigar el destino de miles de millones que desaparecieron