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JUSTICIA

Fentanilo contaminado: detienen a dos exjefas de la ANMAT

La detención de Nélida Bisio y Gabriela Fumadó marca un punto de inflexión en la investigación por el fentanilo contaminado. La Justicia ya no solo investiga a los laboratorios involucrados, sino también a quienes tenían la obligación de controlar el sistema sanitario y evitar una tragedia que dejó decenas de víctimas.

Nicolás Valdez // Miercoles 05 de agosto de 2026 | 06:01

El caso ya no solo apunta a los laboratorios, sino también a los organismos de control

La investigación por el fentanilo contaminado cambia de escala

La causa judicial por el fentanilo contaminado dio un giro de enorme trascendencia institucional con la detención de Nélida Agustina Bisio, exadministradora de la ANMAT, y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La decisión representa un cambio profundo en el expediente: por primera vez, el foco deja de concentrarse exclusivamente en los laboratorios productores y alcanza a las máximas autoridades encargadas del control sanitario del Estado.

La investigación, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak, intenta determinar si las fallas en los organismos de fiscalización permitieron que ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias llegaran a hospitales y clínicas, desencadenando una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.

El presunto "manto de cobertura estatal"

Laboratorios bajo sospecha durante años

Según sostiene la Fiscalía Federal N.º 1 de La Plata, HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo acumularon durante años reiterados incumplimientos de las normas sanitarias. Sin embargo, continuaron elaborando medicamentos pese a las observaciones registradas por los organismos de control.

Para los fiscales, esa continuidad solo habría sido posible gracias a un "manto de cobertura estatal" que impidió que las irregularidades derivaran en sanciones efectivas. Esa hipótesis constituye hoy uno de los ejes centrales de la investigación judicial.

La Justicia intenta establecer si existieron omisiones, negligencias o eventuales conductas ilícitas dentro de la estructura estatal que hicieron posible que medicamentos considerados críticos continuaran produciéndose sin que se aplicaran medidas preventivas suficientes.

Las inspecciones que no frenaron la producción

Uno de los elementos más relevantes del expediente es una inspección realizada en noviembre de 2024 en Laboratorios Ramallo.

Durante esa auditoría, los inspectores detectaron importantes deficiencias en las Buenas Prácticas de Manufactura y recomendaron una advertencia que incluso contemplaba la paralización de nuevas elaboraciones. Sin embargo, esas observaciones no derivaron en una interrupción efectiva de la producción.

El INAME, organismo dirigido por Gabriela Fumadó, tenía precisamente la responsabilidad técnica de supervisar el cumplimiento de esos estándares de calidad mediante auditorías e inspecciones periódicas.

De acuerdo con el contexto incorporado a la investigación, un exdirectivo del organismo sostuvo que la normativa permitía actuar de manera inmediata ante una "deficiencia crítica", incluso sin autorización superior, circunstancia que ahora también forma parte del análisis judicial.

Una reunión bajo la lupa de la Justicia

Otro de los episodios investigados ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando Bisio y Fumadó mantuvieron una reunión en la sede de la ANMAT con directivos de HLB Pharma, entre ellos Ariel García Furfaro.

Según declaró posteriormente Bisio, se trató de un encuentro "excepcional" y "acalorado", convocado para discutir las observaciones formuladas durante las inspecciones realizadas al laboratorio.

Aquella reunión quedó registrada y actualmente integra el conjunto de pruebas que analiza el juzgado para reconstruir la secuencia de decisiones adoptadas por las autoridades regulatorias.

Más de 90 muertes y una tragedia sanitaria en expansión

La causa comenzó luego de que el Hospital Italiano de La Plata detectara un brote de infecciones asociado al uso de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias multirresistentes.

Desde entonces, la investigación fue ampliándose hasta transformarse en una de las causas sanitarias más importantes del país.

Las últimas actuaciones judiciales vinculan el caso con alrededor de 90 muertes comprobadas, aunque otras presentaciones mencionan más de un centenar de fallecidos y decenas de personas con lesiones graves. La cantidad definitiva de víctimas continúa siendo materia de investigación.

El Ministerio de Salud queda bajo presión

La causa también comenzó a impactar sobre la conducción política del sistema sanitario.

Durante el procedimiento judicial se solicitó documentación al Ministerio de Salud para reconstruir los ingresos y egresos de ejecutivos de los laboratorios entre 2024 y 2025. La cartera afirmó haber entregado toda la información requerida y aseguró que colabora con la investigación.

Al mismo tiempo, el expediente coloca bajo una presión creciente al ministro Mario Lugones, ya que tanto la ANMAT como el INAME dependían directamente de su cartera. Según la información incorporada a la causa, la Justicia decidió excluir al Ministerio de Salud como querellante para evitar eventuales conflictos de intereses.

A ello se suma una fuerte tensión política dentro del propio oficialismo. De acuerdo con la información difundida, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó públicamente a Lugones y lo acusó de proteger a una persona vinculada con los laboratorios investigados.

Qué delitos analiza la Justicia

El Ministerio Público propuso imputar a las exfuncionarias por delitos relacionados con la adulteración de medicamentos contemplados en los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.

Además, los fiscales dejaron abierta la posibilidad de incorporar otras figuras penales, entre ellas el homicidio agravado mediante un medio idóneo para crear un peligro común, en función de la evolución de la investigación y de las pruebas que continúen incorporándose al expediente.

Un caso que interpela el modelo de control del Estado

La investigación ya no busca únicamente establecer responsabilidades empresariales. El expediente comenzó a examinar si el propio sistema estatal de fiscalización falló en su misión esencial de proteger la salud pública.

En un contexto donde el Gobierno de Javier Milei impulsa una agenda de desregulación del Estado, la causa adquiere una dimensión política inevitable. Sin prejuzgar responsabilidades penales, el avance de la investigación vuelve a colocar bajo debate el papel de los organismos públicos de control y la importancia de contar con estructuras regulatorias capaces de prevenir tragedias sanitarias. La evolución del expediente será determinante para establecer si las fallas obedecieron a negligencias administrativas, decisiones deliberadas o responsabilidades penales que alcanzan tanto al sector privado como a quienes tenían la obligación legal de garantizar la seguridad de los medicamentos.