El juez federal Sebastián Casanello emitió una orden contundente al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, para que se elabore y ejecute de manera inmediata un plan de distribución de los cinco millones de kilos de alimentos retenidos en galpones de Villa Martelli, Vicente López y Tafí Viejo, Tucumán. Esta decisión responde a una medida cautelar presentada por el dirigente social Juan Grabois, basada en un reportaje de Ari Lijalad que reveló la escandalosa retención de alimentos en plena crisis de los comedores populares.

La medida judicial exige que se informe sobre el tipo, cantidad, fechas de adquisición y vencimiento de los alimentos almacenados, así como los registros de ingreso y egreso desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Además, se pide la presentación de los expedientes administrativos relacionados con la adquisición de estos productos. Esta solicitud debe cumplirse en un plazo de 72 horas.

El stock de alimentos sin entregar, según informó el gobierno a El Destape, incluye más de 3 millones de kilos de yerba, más de un millón de kilos de leche en polvo, más de 479 mil botellas de aceite y más de 130 mil kilos de puré de tomate, entre otros productos esenciales.

Grabois amplió la denuncia la semana pasada, exigiendo una inspección ocular de los galpones para comprobar la existencia de estas cantidades siderales de alimentos no distribuidos. "La comida se pudre en los galpones de Capital Humano mientras a 100 metros las familias argentinas pasan hambre", denunció Grabois en su cuenta de Twitter, acusando duramente a los funcionarios de inacción y negligencia.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, se sumó al reclamo, pidiendo al gobierno que entregue los alimentos. "En un tiempo de emergencia alimentaria, rápidamente tienen que ser entregados", expresó Ojea en sus redes sociales.

El gobierno, a través de su vocero Manuel Adorni, presentó dos versiones contradictorias sobre la retención de los alimentos: una justificaba la acumulación para emergencias climáticas y otra argumentaba que los alimentos no fueron distribuidos debido a investigaciones judiciales sobre comedores "truchos".

"Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir", dijo Adorni, en un intento por mitigar la crisis de credibilidad. También alegó que los alimentos fueron adquiridos por la administración anterior y que, debido a auditorías realizadas por la ministra Pettovello, se descubrió que muchos comedores no eran legítimos.

La resolución de Casanello no solo busca la transparencia en la gestión de los alimentos, sino también garantizar la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Exige que los alimentos se distribuyan de acuerdo con sus tipos, cantidades, fechas de vencimiento y grupos destinatarios.

La reacción del gobierno a las denuncias y la orden judicial se dará a conocer en un plazo de 72 horas, tiempo en el cual deberá demostrar con documentación precisa la gestión de los alimentos. Esto incluye los registros de ingreso y egreso de los productos y un plan detallado de distribución que priorice su uso inmediato.

Grabois, por su parte, sigue denunciando la situación a través de sus redes sociales, cuestionando la excusa gubernamental de que los alimentos estaban guardados para emergencias. "¿Acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue suficiente para entregar los alimentos? ¿O el temporal de Corrientes en marzo de este año? ¿El que hubo en Buenos Aires ese mismo mes? Nos están tomando el pelo", escribió en su cuenta de Twitter.

La respuesta del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, también será clave en los próximos días. Durante el fin de semana, sostuvo que los alimentos se mantienen en buen estado y que se utilizan en casos de emergencia. "En la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días que asistir", argumentó en una entrevista radial, una afirmación que deberá respaldar con hechos y cifras concretas.

Además, el juez Casanello ordenó una serie de indagatorias sobre los dirigentes sociales de comedores populares denunciados por el gobierno. Entre ellos, Eduardo Belliboni del Polo Obrero. Las indagatorias se centrarán en presuntas irregularidades en la administración de recursos estatales, que supuestamente fueron desviados para beneficios particulares y actividades partidarias.

Casanello basó su decisión en la comprobación de facturación apócrifa y simulación de gastos, lo que, según su evaluación, indica una distorsión de las políticas estatales diseñadas para asistir a los más necesitados. El juez enfatizó que estas irregularidades no solo socavan la confianza pública en las instituciones, sino que agravan la situación de vulnerabilidad de millones de argentinos que dependen de la ayuda social.

El desarrollo de esta situación se seguirá de cerca, ya que la ejecución de la orden judicial de Casanello podría marcar un precedente importante en la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios. La transparencia y la efectividad en la distribución de alimentos serán fundamentales para responder a las necesidades urgentes de las comunidades más afectadas por la crisis económica y social.