(Por María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind) La Licitación Pública Nº 7192-1818-LPU21 tiene un presupuesto total asignado de $50.055.347.712, y para el 2022 el monto calculado es de $12.104.107.845, cuatro veces más que el presupuesto destinado a Infraestructura Escolar.

La Resolución, que lleva la firma de la ministra Soledad Acuña, indica que las empresas tienen tiempo para presentar las ofertas hasta el 11 de marzo, es decir, menos de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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Tal como se clara en el Expediente, para participar de la Licitación sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas interesadas que hayan abonado el arancel correspondiente al valor del pliego, es decir, $795.000. Este importe, aclaran, no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

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Estos rasgos de la Licitación -el escaso tiempo para presentar ofertas y el valor del pliego- permiten sospechar que el Gobierno de la Ciudad continuará dejando el servicio de comedor, refrigerio y desayuno de más de 290 mil estudiantes en manos de las 19 empresas que desde hace años, y en algunos casos décadas, lo llevan adelante.

Se trata de las mismas 19 empresas denunciadas reiteradas veces por familias, docentes y hasta por organismos públicos (la Auditoría de la Ciudad llegó a llamarlos “incumplidores seriales”) por el pésimo servicio de comedor que brindan en las escuelas porteñas.

Empresas como Lamerich SRL, que en la primera y única semana presencial del ciclo lectivo 2020 intoxicó a más de 100 estudiantes de seis escuelas donde es proveedora de “alimento” y que, pese a manejar contratos con el gobierno porteño por 613 millones de pesos sólo en 2020, está inscripta como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, por ende, no tiene la obligación de presentar balances comerciales ante la Inspección General de Justicia.

Las mismas empresas que durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Alimentaria, cobrando sobreprecios al gobierno porteño de hasta el 50%, tal como denunciamos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en otros informes.

Empresas que adujeron que más de un tercio del costo de los bolsones de comida correspondía a “Mano de Obra”, mientras por un lado reducía el sueldo de sus trabajadorxs entre un 25% y un 50%, y por el otro pedían y recibían el ATP.

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Empresas que mantienen contratos millonarios con el gobierno porteño, y al mismo tiempo registran abultadas deudas con el propio Banco Ciudad, situación que no les impide presentarse y ganar las Licitaciones a las que convoca el Ejecutivo de la Ciudad.

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Que el gobierno porteño vuelva a entregarle el servicio de comedores escolares a estas 19 empresas sólo puede entenderse como parte de las aspiraciones presidenciales del jefe de Gobierno. Ya en 2015, muchas de ellas -Friends Food S.A, Teylem, Siderum y Arkino- fueron aportantes a la campaña electoral de Cambiemos, al igual que la “Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores” y Servicios Integrales de Alimentación S.A.

Terminar con el negocio

El sistema de concesiones que funciona en los comedores escolares es producto de la década del ‘90 y sus privatizaciones y, luego de 30 años, necesita ser profundamente debatido. Organizaciones, docentes y cooperadoras debemos exigir un debate democrático sobre un aspecto tan central como es la alimentación de les estudiantes. Es la única manera de terminar con el negocio.

Se debe promover la Ley N° 6376 de Promoción de la Economía Social incorporando a lxs trabajadorxs de la economía popular que producen alimentos, garantizar una verdadera alimentación (nutritiva y abundante) para les estudiantes y fortalecer una escuela pública de calidad.

Observatorio del Derecho a la Ciudad