la clave

Nicky Caputo perdería 927 millones de dólares con el congelamiento de tarifas

La medida anunciada por el presidente Alberto Fernández de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos por 6 meses estaría detrás de la controversial decisión del bloque de Cambiemos en Diputados de no dar quórum en la sesión del jueves cuando se vaya a tratar la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva girada por el Poder Ejecutivo.

Nicky Caputo perdería 927 millones de dólares con el congelamiento de tarifas

Miercoles 18 de diciembre de 2019 | 08:48

(Por Sergio Villone) Lo que en las primeras horas de ayer parecía una actitud favorable del macrismo (en parte) y el radicalismo (especialmente sus gobernadores) al proyecto que contiene las principales medidas de emergencia social propuestas por el flamante gobierno fue virando -con el correr de las horas- hasta que en la noche se oficializó una posición intransigente: no dar quórum, además de votar en contra si es que el oficialismo logra el número de 129 diputados para abrir la discusión.

Detrás de esta maniobra -que además provocaría que no puedan asumir los diputados que reemplazarían a los legisladores que pasaron al Poder Ejecutivo como ministros o secretarios- estarían los intereses de empresarios muy cercanos al ex presidente Mauricio Macri, encabezados por Nicolás 'Nicky' Caputo.

El amigo presidencial, que ofició como un ministro en las sombras durante el gobierno de Cambiemos, fue uno de los empresarios energéticos más beneficiados por el tarifazo decretado en los 4 años de administración macrista y ahora habría ordenado a sectores amarillos radicalizados -encabezados por los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff, más el carriotismo- frenar la iniciativa oficial.

 

Según fuentes del sector energético, Caputo perdería alrededor de 927 millones de dólares si la ley de Solidaridad Social es aprobada en el Congreso, teniendo en cuenta que no se efectivizarían los aumentos postergados por Macri antes de las elecciones primarias de agosto, como así tampoco se actualizarían las tarifas por decisión del presidente Fernández.

Además, el gobierno del Frente de Todos -con esta ley- busca intervenir los entes reguladores y devolver la jurisdicción de las empresas Edesur y Edenor al ámbito de la Nación (operan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires), lo que restaría poder de fuego a Caputo y al resto de empresarios muy ligados a Macri (Marcelo Mindlin, Joe Lewis, Rogelio Pagano, entre otros).

"Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no lo vamos a hacer. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas", había anunciado el presidente Fernández el lunes, en una entrevista con Telefé Noticias.

LOS GANADORES DEL CAMBIO  Regalo de Macri a su "amigo del alma" Caputo: contrato de $2.300 millones y decretazo impositivo

"A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden", había agregado el primer mandatario, que en las últimas horas de ayer habría decidido la estrategia oficial ante el intento de bloqueo de la oposición.

Para asegurarse el quórum que pueda abrir la sesión y tener los votos necesarios para poder darle media sanción, Fernández habría impartido la orden de que todos los ministros y secretarios que dejaron su banca vuelvan a la Cámara, previo renunciar al nuevo cargo en el Ejecutivo. Este movimiento de piezas sería necesario ya que su renuncia como diputados no fue aceptada todavía porque no hubo una nueva sesión antes de que fueran nombrados como ministros o secretarios de Estado, y por lo tanto no podrían asumir los diputados que los iban a reemplazar. Serían entre 16 y 20 las bancas en esta situación.

Además, el oficialismo contaría con el apoyo del interbloque Federal, que responde al ex ministro Roberto Lavagna, y que encabeza Graciela Camaño, aunque podrían llegar a votar en contra algunos artículos de la mega-ley, especialmente los relacionados con delegaciones de facultades al Ejecutivo.

Sin embargo, desde el oficialismo no dan por cerrada la negociación y apuestan a que los sectores más moderados de Cambeimos puedan contrarrestar -en estas horas- el accionar del ala más dura, que también estaría empujada por sectores agroindustriales, bancarios y supermercadistas, que también se verían afectados por otros puntos de la ley.

El proyecto propone congelar las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio del 2020, y facultar al gobierno nacional a "iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario" para fijar los nuevos valores de los servicios públicos. La renegociación de los contratos con las eléctricas y gasíferas buscará "propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020".

Nicolás Caputo (Edesur), junto a Marcelo Mindlin (Edenor) y Rogelio Pagano (Edelap), concentran el 51% de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional y el 49% de la demanda total, y además, los dos primeros, participan del negocio del gas a través de las empresas Distribuidora de Gas y Pampa Energía (de la que es accionista otro amigo de Macri, Joe Lewis).

Hace un mes, luego del triunfo del peronismo, Caputo se había desprendido de la Transportadora Gas del Norte (TGN), una de las principales operadoras de ductos energéticos, mientras que la semana pàsada repartió dividendos en Central Puerto, que controla varias centrales térmicas, por 1.074 millones de pesos.

Comparte en Facebook Comparte en Twitter Comparte en Google+ Enviar a un amigo Imprimir esta nota
DECISIÓN

Salta se rebela del régimen libertario y suspendió el tarifazo eléctrico

La decisión del gobernador de Salta de suspender el aumento de la tarifa eléctrica previsto para marzo desata un enfrentamiento político con el Gobierno central y pone en duda las políticas de ajuste propuestas por Milei.