El senador nacional del PJ disidente y exgobernador salteño Juan Carlos Romero, actualmente cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, debía presentarse ayer a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga cómo un predio de 90 hectáreas en Salta destinado a la construcción de viviendas sociales terminó formando parte de su propio patrimonio.

Tras el rechazo de la Corte Suprema a tratar un recurso presentado por la defensa de Romero dirigido a evitarle el mal trago de la declaración ante la Justicia, el senador fue citado por el juez José María Alvarado Solá, quien acumuló un expediente con pruebas sobre la venta ilegal realizada en 1998, por la que Romero está acusado de “peculado”.

Sin embargo, el abogado del senador, Oscar Guillén, todavía tenía un as bajo la manga: este miércoles, presentó una recusación contra el magistrado Alvarado Solá, y logró que su defendido no rinda cuentas ante la Justicia.

Cabe recordar que, previamente, la Corte había rechazado por “extemporáneo” un planteo de nulidad contra la “notificación” de la sentencia del alto tribunal, otro intento de la defensa de Romero para evitar la indagatoria; y, antes, el senador filo-massista había recurrido a la Cámara de Casación con el objetivo de no ser citado, algo que también había sido rechazado en todas las instancias previas.

Más que una causa: un escándalo

El escándalo de corrupción que involucra a Romero se remonta a 1998, cuando, a través del Decreto Nº1297, se autorizó que “La Ciénaga” -el campo de 90 hectáreas ubicado en las afueras de la capital salteña- pasara a formar parte del patrimonio público provincial para ser destinado al programa Familia Propietaria, cuyos beneficiarios serían sectores de bajos recursos.

La Provincia desembolsó más de un millón de pesos/dólares para adquirir el terreno donde funcionaba un establecimiento agrícola ganadero cuyo propietario era Domingo Martín. Allí comenzó una serie de operaciones y trasferencias a lo largo de los años que derivaron en que, en 2004, las tierras pasen a una sociedad controlada por familiares del senador, según consignó el diario Tiempo Argentino.

Los letrados que representan a Romero alegaron que el ex gobernador menemista y actual senador cercano al Frente Renovador “jamás firmó ningún decreto, no participó en ninguna operatoria”.