En la Residencia Universitaria de Horco Molle, en Tucumán, del 5 al 10 de julio en el marco del sexto Encuentro Nacional del Consejo de Participación Indígena se reunieron los representantes de los Pueblos Originarios de todo el país.
Viernes 12 de julio de 2013 | 22:01
Actualmente, el CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA (CPI) está integrado por 120 representantes, pertenecientes a 32 Pueblos Originarios, que viven en más de 1.300 comunidades de 19 provincias: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Colla Atacameño, Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mbya Guaraní, Mocoví, Ocloya, Omaguaca, Ona (Selk´Nam), Qom, Ranquel, Sanavirón, Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Tonokoté, Vilela y Wichí.
El encuentro comenzó con la reunión de la “MESA NACIONAL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA”,espacio de Consulta permanente y de articulación conformado por 25 dirigentes indígenas elegidos por los representantes del CPI.
Luego de la reunión inicial de la Mesa Nacional, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita dio la bienvenida a los participantes, por ser la organización anfitriona.Después el CPIen pleno, con la presencia del Presidente del INAI, Daniel Fernández y técnicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas trabajaron con el objetivo de abordar distintos temas para la gestión y elaboración de propuestas, con el fin de profundizar la construcción conjunta de las políticas públicas indígenas de manera operativa.Entre las actividades del encuentro, cabe resaltar la participación de los dirigentesindígenas en la Casa Histórica de Tucumán, con motivo del 197° aniversario de nuestra Independencia, en donde fueron saludados por la Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner por tercer año consecutivo, reafirmando el merecido reconocimiento al protagonismo de los distintos pueblos originarios en las luchas libradas por nuestra soberanía nacional y regional.
Las autoridades indígenasredactaron un acta en donde volcaron los temas discutidos, los ejes de trabajo que deberán priorizarse y las perspectivas en materia legislativa para seguir consolidando las políticas públicas. Entre ellas se destacan, la prórroga de la Ley 26.160 de Relevamiento de Tierras.Sobre la misma expresaron: “Celebramos los avances que se han dado en materia de relevamiento territorial aunque queda mucho trabajo por hacer. Esta política pública ha sido fruto de la lucha de nuestros pueblos que al ser escuchados por el gobierno nacional, legisló por primera vez se realice estas tareas de reconocimiento de nuestros territorios”. Se destaca tambiénla discusión acerca de la necesidad de la actualización de la Ley 23.302/85 que conformó al INAI. Entre otros temas los dirigentes indígenas indicaron que la ley debe incorporar la cosmovisión de los Pueblos Originarios, “Entendemos el desarrollo comunitario productivo, económico y social, asociado directamente a los intereses de nuestras comunidades para el Buen Vivir”.
Además se manifestaron a favor del tratamiento y la incorporación de la propiedad comunitaria indígena en el proyecto del Código Civil y Comercial Unificado, señalando que por primera vez en la historia políticadel país,se visibiliza a la Comunidad Indígena como sujeto de derecho colectivo. También manifestaron la necesidad de que la Justicia se democratice,cuestionaron a los jueces que desconocen la ley de emergencia vigente, y dictan desalojos a comunidades indígenas. En relación a la Participación y la Consulta, se expresaron a favor de la sanción de una Ley Nacional que la instrumente, “Asimismo, seguimos avanzando en el fortalecimiento de nuestra representatividad colectiva. Desde las bases de nuestras más de 1.300 comunidades que nos han elegido en cada pueblo indígena de los 32 que existen en la Argentina”.
Al finalizar el encuentro los dirigentes indígenas plasmaron en el Documento Final su apoyo y solidaridad con el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma y repudiaron la actitud colonialista de avasallamiento cultural de los gobiernos de EEUU y de los países europeos involucrados en el atropello, “fue un atentado a la dignidad y derechos de los Pueblos Originarios de Latinoamérica.”.