VIOLENCIA ESTATAL

Milei deberá explicar ante la CIDH el incremento de la violencia represiva y la criminalización de la protesta

A seis meses de su mandato, Javier Milei enfrenta serias acusaciones de represión y violación de derechos humanos. Organizaciones denuncian detenciones arbitrarias, uso de fuerza excesiva y deslegitimación de movimientos sociales.

Milei deberá explicar ante la CIDH el incremento de la violencia represiva y la criminalización de la protesta

Miercoles 10 de julio de 2024 | 10:44

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina el 10 de diciembre, el país ha experimentado un preocupante incremento en la represión de la protesta social y la criminalización de los manifestantes. Esta situación ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convoque al gobierno argentino a una audiencia para que dé explicaciones sobre estos hechos el próximo jueves 11 de julio a las 15 horas.

Según informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el gobierno de Milei ha implementado diversas políticas destinadas a desalentar y obstaculizar la manifestación en el espacio público. Estas políticas se han traducido en un aumento de la violencia represiva, con el uso indiscriminado de balas de goma, gases irritantes y palos, afectando incluso a los trabajadores de prensa. El CELS y otras organizaciones de derechos humanos han presentado estos casos ante la CIDH, destacando la gravedad de las detenciones arbitrarias y la criminalización de los manifestantes.

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Desde la asunción de Milei, los discursos oficiales han intentado deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores. Estas acusaciones, replicadas por miembros del poder judicial, han llevado a la imputación por terrorismo e intento de golpe de Estado a personas detenidas al azar en las manifestaciones, sin pruebas concretas que respalden tales cargos. Este tipo de persecución judicial busca infundir miedo y desmotivar a aquellos que buscan ejercer su derecho a la protesta.

La audiencia ante la CIDH, solicitada por el CELS en conjunto con la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS, es una oportunidad crucial para que el gobierno argentino rinda cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos.

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El contexto actual de Argentina bajo el gobierno de Milei es alarmante. La violencia represiva y la criminalización de la protesta no solo violan los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también socavan la democracia misma. Las políticas represivas implementadas están diseñadas para silenciar a las voces disidentes y mantener el control mediante el miedo y la intimidación.

Las medidas adoptadas por el gobierno incluyen no solo el uso de la fuerza física contra los manifestantes, sino también una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales. Este ataque a las entidades que defienden los derechos de los trabajadores y los ciudadanos es una táctica deliberada para debilitar la resistencia y consolidar el poder autoritario.

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La audiencia del 11 de julio ante la CIDH será transmitida en vivo, permitiendo que el mundo observe las respuestas del gobierno argentino a estas acusaciones. La presencia de la comunidad internacional es vital para presionar al gobierno de Milei a respetar los derechos humanos y garantizar que no haya impunidad para las violaciones cometidas.

La represión de la protesta y la criminalización de los movimientos sociales son prácticas incompatibles con una democracia saludable. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, bajo el mandato de Milei, estos derechos están siendo erosionados sistemáticamente.

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El uso de "armas menos letales" como balas de goma y gases irritantes es una estrategia que, si bien puede parecer menos violenta, sigue siendo una forma de represión brutal que pone en peligro la vida y la integridad física de los manifestantes. Estas tácticas están diseñadas para dispersar y desalentar la protesta, pero también causan lesiones graves y traumas a quienes participan en las manifestaciones.

Además, la criminalización de la protesta no se limita a la violencia física. El gobierno de Milei ha adoptado una retórica que deslegitima y demoniza a los movimientos sociales, presentándolos como enemigos del estado y agentes de desestabilización. Esta narrativa es peligrosa porque justifica la represión y crea un ambiente de hostilidad hacia aquellos que luchan por sus derechos.

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La audiencia ante la CIDH es un paso importante hacia la rendición de cuentas, pero no es suficiente. Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional continúen monitoreando y denunciando estas violaciones. Solo a través de una vigilancia constante y una presión sostenida podemos esperar un cambio real y duradero.

La situación en Argentina es una advertencia para el mundo. La represión y la criminalización de la protesta son tácticas que pueden ser adoptadas por cualquier gobierno autoritario que busque silenciar la disidencia. Es responsabilidad de todos nosotros defender los derechos humanos y luchar contra la represión en todas sus formas.

 

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