(Por Miguel Ángel Candia miguel.candia.glr@gmail.com) El Gobierno liderado por la "presidenta" de la República, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda, tendrá que responder —ante los fueros judiciales correspondientes— por las aproximadamente 60 muertes que ha dejado, hasta el momento, la represión policial. Aquella orden tiene como finalidad controlar las protestas contra su mandato, las cuales piden su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales para una fecha prudente y no la de abril de 2024, establecida por el Parlamento. Ello aún se encuentra a la espera de su ratificación en segunda votación en la próxima legislatura.

PATRIA GRANDE Perú: algunas claves para entender el conflicto político ¿golpe o autogolpe?

En diálogo con La República, el abogado penalista Andy Carrión señaló que no existen un Estado de derecho en el mundo que permita la cifra de 60 fallecidos, producto de una convulsión social y política que pueda ser justificada. En tanto, advierte que Dina Boluarte tendrá que responder judicialmente por los que perdieron la vida.

“Sesenta muertos en el transcurso de la protesta, desde que se iniciaron. En ningún Estado normal de derecho puede uno permitirse tener tantos muertos. Eso ya es violar los derechos fundamentales de las personas y de un grupo social. No se están resguardando los derechos fundamentales de las personas. Obviamente, se tienen que investigar cada una de esas muertes. (…) El Gobierno no ha sido respetuoso con los derechos humanos”, declaró a este medio.

OPINIÓN Y DATOS Argentina y Perú: dos golpes blandos a favor de EEUU y la ultraderecha

En esta línea, el experto en derecho penal señaló que Boluarte Zegarra tiene responsabilidad en las muertes ocurridas al ser la cabeza del manejo del aparato organizado del poder en el Perú, como presidenta de la República. Así ella no haya ordenado directamente que se reprima con violencia, causando pérdida de vidas humanas, es responsable de “no haber tomado medidas concretas para revocar los resultados lesivos” de la intervención policial. Añade que es el tipo de imputación que se maneja en casos en los que se comprueban violaciones de los derechos humanos.

“Estoy absolutamente convencido (que una vez que deje la presidencia, tendrá que responder ante la justicia) porque las imputaciones que se hacen contra la presidenta y el primer ministro no son a raíz de que ellos han estado presentes en los disturbios y que ellos han disparado, esa no es la forma de imputación. Esto se hizo con Alberto Fujimori, ellos manejan el aparato estatal, ellos toman las decisiones sobre un aparato organizado de poder, ellos no necesitan estar en el lugar de los hechos, ellos bien pueden dar lar órdenes de reprimir las manifestaciones o, en segundo lugar, cabe la posibilidad de que los policías se estén excediendo en el uso de la fuerza. Se tendrían que tomar las medidas para revocar el uso desmedido de la fuerza. Esa orden no la ha dado”, agregó.

Finalmente, aclaró que las investigaciones que realiza el Ministerio Público por genocidio no responderían a la tipificación correcta, ya que Dina Boluarte “no ha dado la orden de eliminar a un grupo social, racional, ni mucho menos”. Sería juzgada por el delito de homicidio calificado por omisión: “Ella sí va a tener que responder por el delito de homicidio calificado y no porque ella haya ido a matar, porque todos se defienden así. Homicidio calificado por omisión y yo creo que ella va a terminar teniendo penas tan altas para este delito, las cuales van entre los 15 y 20 años”.

Fuente: larepublica.pe