(Por Gaby Tijman - @GabyTijman) El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Nuestramérica y el Movimiento Evita, entre otras, son las organizaciones donde se desarrollan los procedimientos en domicilios particulares, merenderos y comedores, entre otros puntos, que incluyen el secuestro de teléfonos, cuadernos y documentación.

«Esta es una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país. Basta de perseguir a los que luchan», señalaron desde el FOL en un comunicado.

Las actuaciones fueron iniciadas «de oficio» por la fiscalía especializada en delitos económicos y contra la administración pública. Los allanamientos se realizan en San Salvador de Jujuy, Lozano, Tilcara y Palpalá.

En la cédula se señala a 13 personas imputadas de asociación ilícita, de quienes se dice que «amedrentaban a personas de escasos recursos que cobran planes asistenciales y los amenazaban con quitarles sus beneficios sociales si no concurrían a las marchas y abonaban a la organización una suma de dinero de manera periódica».

En la orden judicial se detalla además que la causa se inició a partir de la denuncia de nueve personas.

«Arrancamos de nuevo. Necesitan seguir construyendo el relato de que hay un enemigo y direccionar el odio de Morales hacia las organizaciones sociales», describió la abogada Alejandra Cejas en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).

La letrada remarcó que los operativos se realizan con un «despliegue policial casi militar» y opinó que el objetivo de esta avanzada es «fomentar el odio que fomentan siempre conta las organizaciones sociales».

«Me recuerda lo que ocurrió en 2018 luego del acto de apertura de sesiones de la Legislatura, cuando salieron de cacería contra dirigentes», comentó.

Cejas, que integra un grupo de abogados que representan y acompañan a las organizaciones sociales, recordó que en Jujuy «el que maneja la mayor parte de planes es Gerardo Morales, con 82.000 planes. Hay dos conclusiones posibles: o no admite competencia o necesita fortalecer el relato».

«Yo pregunto dónde están esos 82.000 planes. Porque los compañeros de las organizaciones sociales coordinan comedores, jardines de infantes, producen alimentos y se dedican a la economía popular», agregó.

Con respecto a las denuncias sobre las que se fundamenta la investigación, señaló: «Son de la gente que trabaja con el gobierno. Les pagan y aparecen como testigos en distintos juicios. Eso es lo que nos dice la historia».

La abogada advirtió además que «hay un trabajo de inteligencia previo, si no es imposible el despliegue de tantos operativos simultáneos».