Una de las causas que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas presuntamente desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri se reactivará esta semana con una serie de declaraciones testimoniales resueltas por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Uno de los que está citado para este lunes es el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli. El “colorado” a mediados del 2020 tomó vistas de croquis, fotos y seguimientos que salieron del celular del espía Leandro Araque, quien admitió ante la Comisión Bicameral de Inteligencia el espionaje a Santilli.

De esta manera, el diputado nacional declarará como testigo, en calidad de querellante y víctima de las tareas de espionaje ilegal. Santilli hizo uso de su derecho a declarar por escrito y enviará un pliego de respuestas al juez Martínez De Giorgi. Se trata de una forma de cuidar cada palabra.

Por su parte, para el martes 15 a las 10 horas está previsto que concurra a Comodoro Py 2002 otro testigo convocado en la causa por espionaje ilegal, el exfuncionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.

El próximo testigo citado para el 21 de marzo es Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri y un día después, el 22, se espera en el juzgado la presencia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aunque en su caso también podría optar responder por escrito.

Otro testigo será el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo “a fin de que se expida acerca de posibles reuniones con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos altos exfuncionarios de la AFI imputados. Carzoglio denunció haber recibido presiones para detener a Hugo y Pablo Moyano.

Como parte de las actuaciones de la causa por espionaje ilegal, Martínez De Giorgi ordenó las citaciones de otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación iniciada en la justicia federal de Lomas de Zamora por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.