El abogado constitucionalista y asesor del Gobierno de Alberto Fernández, Eduardo Barcesat, dijo en el programa de Camilo Garcia en AM 530 Somos Radio que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la presencialidad de las clases "es lamentable desde el punto de vista jurídico y perverso desde el punto de vista institucional".

Por esto, señaló que los jueces de ese cuerpo "deben ser sometidos a juicio político" y que "la Ciudad de Buenos Aires debería ser intervenida". Sostuvo también que "la situación de Mendoza es nueva, pero hay que analizarla", sumándola a su intentona de romper el orden institucional en ambos estados que se niegan a acatar medidas que consideran perjudiciales.

En los últimos días, hay una escalada de ataques a la posición que tomó Mendoza, aunque la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti logró hallar un punto medio y se diferenció de sus conmilitones nacionales, al presentar ayer un anteproyecto de "Ley Semáforo" que, en cierta forma, admite la posibilidad de que Mendoza se maneje en forma diferente a lo que dicta el Gobierno desde Buenos Aires, incluyendo la presencialidad en algunos casos.

Desde San Juan, hoy el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, tiró piedras contra Mendoza un vez más, tras dar una vuelta en el aire y cambiar totalmente sus argumentos a favor de la presencialidad en las escuelas para militar por el cierre.

Barcesat, que es asesor de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en una entrevista telefónica con Somos Radio AM 530, aseguró que la intervención debería incluir a la ciudad de Mendoza, en donde también "se llama a la desobediencia de una disposición del Ejecutivo Nacional" ya que aquí el gobernador Rodolfo Suarez determinó que las clases seguirán siendo presenciales en el ámbito de la educación pública.

El audio de Barcesat

El abogado argumentó que sus conclusiones devienen de una análisis del texto constitucional y dijo: "Este fallo es lamentable desde el punto de vista jurídico y perverso desde el punto de vista institucional. El primer reproche que le hago es que violentando lo que dice el artículo 116 de la Constitución Nacional, la Corte falla sin la existencia de caso porque reconoce a lo largo de su fundamentación que disponía la presencialidad escolar y no la enseñanza virtual cuando ha vencido la vigencia temporal [sobre el artículo 2 del decreto 241/2021 del 15 de abril], de modo que esa norma no podía ser ya motivo de un pronunciamiento judicial".