Una serie de medidas se encadenan para llevar al colapso a nuestras instituciones. El Gobierno Nacional ha establecido una política que tiende a desmantelar la posibilidad de inclusión de las Personas Con Discapacidad (PCD) en situación de pobreza, beneficiarias de Pensiones No Contributivas (PNC). En primera instancia, avanzando sobre la quita de pensiones, tomando decretos que han perdido vigencia y tomando resoluciones que implicaban quita de pensiones (Certificado Médico Obligatorio digital imposible de conseguir), situación que la justicia en varias instancias ha desestimado pero que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus funcionarios desconocen y por eso generan nuevas medidas que avanzan sobre la vulneración de derechos.

La entrevista completa aquí:

Como el pensamiento está orientado a ver a la PCD como un gasto, recurren a boicotear el sistema de atención destinado a los más vulnerables que financia el Estado Nacional, situación que llevan adelante en primera instancia no aumentando y sub-ejecutando los presupuestos. Esto desfinancia el sistema de atención: transporte, servicios y contención de las personas, por lo que se ven privadas de medicamentos, educación, centros de día, inclusión escolar, rehabilitación, centros educativos terapéuticos, estimulación temprana, hogares, insumos, etc esenciales para su inclusión y calidad de vida.

En este sentido los últimos meses hemos sido testigos y padecemos un brutal embate que como sabemos comienza con no pagar prestaciones corrientes y complementarias brindadas durante los años 2017, 2018 y 2019. Débitos arbitrarios e injustificados permanentes como el 40 % de transporte en Mayo 2018, matriculas, CFI (centros de formación integral) donde no reconocen las edades que marcan las legislaciones jurisdiccionales y lo utilizan como motivo de débito; prestaciones debitadas bajo el titulo de no autorizadas, que en realidad si lo están, etc.

Este conjunto de cosas nos ha llevado a encarar diferentes reclamos en todos los ámbitos posibles, las instituciones, profesionales y transportistas ya no pueden afrontar las más elementales obligaciones de funcionamiento, como el pago de sueldos, Afip, alimentación, servicios, alquileres, gastos profesionales, etc.

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Esto nos muestra, una vez más, el grado de descontrol, desconocimiento y vulneración de derechos que son capaces estos funcionarios del gobierno nacional: puntualizamos en Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), y Pablo Atchabahian, responsable del programa INCLUIR SALUD.

Los recursos presentados ante la justicia, las diferentes movilizaciones, como la última multitudinaria frente a la quinta presidencial de Olivos, no han logado vencer la brutal política de destrucción del sistema de atención a PCD, que sigue avanzando con un requerimiento de asistencia solicitado por el Programa Federal Incluir Salud. Intentan romper con la mensualización del sistema, que desprotege a Personas Con Discapacidad, familias, trabajadores e instituciones poniéndolas en una situación que retrocede en el tiempo 50 años en ejercicio de derechos y pone en una situación de desprotección a todo este colectivo social.

Desde las Asociaciones continuamos luchando. Esta semana se presentó una impugnación a estas medidas arbitrarias no solo orientadas a afiliados de Incluir Salud, ya que claramente está a la vista de todos que los pensionados con discapacidad son un experimento macabro que luego podrá ser trasladado a todo el sistema nacional, situación que se desprende de los dichos de varios funcionarios nacionales.

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*El Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional a través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones.

FORO PERMANENTE PARA LA PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Organizaciones que forman parte del FORO: AIEPESA (Asociación de Instituciones Educativas Privados Especiales Argentinos) - ATAECADIS (Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas) – APRIDIS (Asociación Provincial de Instituciones para personas con discapacidad –Santa Fe) -CAIDIS (Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) - CASAIE (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Integración Escolar) - CEMARID (Cámara de Entidades Médico Asistenciales para la Rehabilitación Interdisciplinaria de la Discapacidad) - Comisión Para las Personas Con Discapacidad (Arquidiócesis de Buenos Aires) - Federación Converger de Córdoba - FENDIM (Federación de Entidades Pro Atención a las Personas Con Discapacidad Intelectual) – Obra Don Orione.

PROVINCIA DESTRUIDA

Los números de la gestión que complican a Vidalhttps://t.co/2Qqrq7E9Dz pic.twitter.com/GotLy9NSPi

— En Orsai (@EnOrsai) July 26, 2019