El 8 de febrero de 2017 Mauricio Macri cumplió 58 años. Era su segundo cumpleaños como presidente, pero seguramente no hubo humor para festejos. Ese día, Nuestras Voces reveló el intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos producto de la histórica deuda de Correo Argentino, una de las empresas de la familia Macri, con el Estado.

El escándalo del Correo fue tal que ni siquiera los medios oficialistas pudieron evitar mencionarlo. Y hasta el día de hoy, aunque parece estancado, es casi el único frente judicial que Macri no logró cerrar gracias a la complicidad de jueces y fiscales que dictaron sobreseimientos express para las causas que molestaron al Gobierno. Con todo, Macri y su familia aún no pagaron un peso de su deuda.

Corrupción, vaciamiento, conflictos de interés, y la eterna herencia de los empresarios cuyo único talento fue aprovecharse de un Estado que, ahora, controlan.

La pesada herencia

Los Macri han significado un costo muy alto para el país. Multiplicaron sus empresas y estatizaron sus deudas privadas en tiempos dictatoriales para pasar, ya en democracia, a encabezar la patria contratista de los 90. Uno de sus últimos trofeos fue la concesión del servicio postal que les otorgó Carlos Menem en 1997. A cambio, los Macri se comprometieron a pagar un canon semestral de 51.600.000 pesos durante los 30 años que durara la concesión. Pero al poco tiempo dejaron de pagar el canon y empezó el conflicto que dura hasta la actualidad. El 19 de septiembre de 2001, Correo Argentino presentó un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia. Ya debían 296 millones de pesos. Hasta hoy, no pagaron un centavo.

Durante 15 años, algo totalmente anómalo, el concurso de Correo Argentino quedó inmerso en la bruma judicial. Que los Macri no pagaban sus deudas con el Estado era vox populi, pero la cuestión quedó fuera de la agenda pública durante años. En 2016, sin embargo, todo cambió. Macri, una vez presidente, mutó una vez más la relación de su familia con el Estado. Ahora ya no era algo externo con el que hacer negocios, sino el Estado directamente bajo su control. Así, de los dos lados del mostrador, buscó cerrar el asunto de la deuda del Correo con la solución más beneficiosa para sí mismo: condonándola.

Pero algo falló. El personaje clave de esta historia es la fiscala Gabriela Boquin, que advirtió la maniobra y logró abortarla. Aquel 8 de febrero de 2017, con un dictamen que ampliaba otro ya firmado el 30 de diciembre de 2016, desnudó la maniobra. Tal como reveló Nuestas Voces, la fiscala Boquin pidió que se rechace la homologación de un acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri que, en sus palabras, legitimaba una propuesta que era “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.

No fue gratis para Boquin, que vivió desde la agresión pública del Gabinete Nacional hasta, como reveló el periodista Ariel Zak, sospechosas fallas en la custodia en la puerta de su casa.

En su dictamen, Boquin detallaba la operación. El día clave fue el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia entre Correo Argentino y el Estado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Fue todo un paso de comedia, cuyo inicio ya era sospechoso. Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”.

El funcionario que encabezó la negociación, Juan Manuel Mocoroa, tenía órdenes expresas del entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad de aceptar una propuesta exactamente igual a la que ofreció la familia Macri. Propuesta que, en lo concreto, implicaba una quita de 70.163 millones de pesos.

Recular en chancletas

Macri estuvo callado varios días. Salieron a defenderlo varios de sus funcionarios. El primero fue Mocoroa, que afirmó: “No le perdonamos ni un mango a Franco Macri, nada, ni siquiera los intereses”. Desde el Gobierno intentaron minimizar el tema y le aseguraron a los medios oficialistas que “la fiscal hizo una interpretación arbitraria y caprichosa”, pero no pudieron frenar el escándalo.

En Comodoro Py se radicaron 4 denuncias contra Macri, Aguad y otros funcionarios, que fueron unificadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.

A las 48 horas la fiscala Boquin encontró nuevos elementos que empeoraron la situación. Tal como informó Nuestras Voces, Boquin presentó un nuevo dictamen donde denunciaba la mala fe procesal de la familia Macri. Mientras el gobierno de Macri le perdonaba a su familia más de 70.000 millones de pesos la misma familia Macri demandaba al Estado por 2.365 millones de pesos. La causa sigue abierta.

Las máximas autoridades de Gobierno salieron en defensa de Macri, pero pronto empezaron a notarse las contradicciones. Aguad, que en un principio dijo que Macri no sabía nada del asunto, luego reconoció que le había comentado el tema a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete. Peña reconoció entonces que Aguad “nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema; con tranquilidad, nunca entramos en detalle ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley”.

Lee la investigación completa acá.

EN LO IMPORTANTE
Macri compró millonarias palmeras para Olivos por 200 mil pesos con tu plata https://t.co/PESYifiS5c pic.twitter.com/kcNa3q6GEU

— En Orsai (@EnOrsai) January 9, 2018