La Jueza Federal María Romilda Servini le dio impulso a una causa que investiga a la segunda candidata a Senadora en la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos, Gladys Gonzalez, debido a presuntas irregularidades en su paso como interventora judicial en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Concretamente, Servini y el fiscal sospechan que la actual titular de la ACUMAR, elogiada por el propio Mauricio Macri por su lucha contra las mafias laborales, pudo haber incurrido en administración fraudulenta del sindicato en el que fue designada como interventora el 18 de febrero de 2016.

Las acciones apuntan a dilucidar si la blonda candidata bonaerense cobró dos salarios (como diputada y como interventora) y si fue la responsable de “formalizar, instrumentar y ejecutar negocios personales o a favor de terceros” en perjuicio del SOMU y de sus afiliados.

Según consta en el oficio judicial, al que accedió InfoGremiales en forma exclusiva, se investiga a Gonzalez por la “desmedida y costosa” contratación de personal auxiliar tras su desembarco en el sindicato.

Los haberes de su plantel de trabajadores, según lo que la propia interventora había informado a Rodolfo Canicoba Corral Juez que la designó, ascendían a $1.674.470 mensuales. Sin contar, según el caso, las cargas sociales correspondientes, lo que llevaría a que superen los $2.000.000 mensuales.

Además, entre los hechos a investigar en la actuación de la dirigente macrista, se piden investigaciones por la utilización de las instalaciones, los rodados, el manejo financiero y la contratación de la empresa Deloitte para la realización de una auditoría externa por $ 1.200.000.

Asimismo se pide investigar un contrato celebrado por Gonzalez con la empresa Amnel, a quien se le encomendó la realización de obras por $ 671.000 en el hotel del SOMU en la localidad de Villa Gesell, un contrato con la empresa Seicar Servicios de Limpieza S.A. por un año para el inmueble del SOMU (sin compulsa de precios), y un contrato con Security Empresariales SRL por $ 183.000 (sin IVA), por un año (hasta septiembre de 2017) para brindar servicios de seguridad.

Los primeros indicios sobre manejos poco claros en la intervención del gremio los habían dado Jorge Carlos Alonso y Santiago Viola, los otros dos integrantes del triunvirato inicial de interventores que había designado la justicia. A sólo tres meses de haber tomado la tarea, ambos renunciaron y elevaron un texto a Canicoba en el que señalaban la falta de criterios comunes con la, por entonces, diputada.

En el escrito que selló su salida cargaron contra Gonzalez por aprestarse a negociar salarios a la baja y criticaron “los diferentes criterios respecto de la incorporación de personal al plantel del sindicato”. Las mayores discrepancias se plasmaron en las áreas de prensa, personal e informática. Los interventores salientes comentaron que, por ejemplo, en el área de personal, Gonzalez “persigue la designación de una persona cuyo salario superaría con holgura (50%) al de la persona que desempeña el cargo actualmente”.

Fuente: http://www.elancasti.com.ar

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— En Orsai (@EnOrsai) 13 de julio de 2017