Es absolutamente inconstitucional el mecanismo por el cual el gobierno nacional pretende ajustar las tarifas

La Asociación Civil Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente –MODECUMA- presentó una acción de amparo contra los tarifazos porteños encuadrando su presentación en los términos de los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional, razón por la cual las resultas de esta acción judicial se extenderían a todos los damnificados por los aumentos tarifarios que pidan incluirse en esta acción sin necesidad de iniciar un amparo u otra acción judicial.

El planteo genérico, que en caso de tener acogida judicial implicaría una virtual vuelta atrás en el aumento tarifario en la ciudad de Buenos Aires, “no presenta matices de agravio por tal aumento y en virtud de cada particularidad” (clubes, pymes, asociaciones civiles, etc.), en términos jurídicos. Es decir que aplica a todo usuario que decida cobijarse bajo esta presentación judicial, por ello llamada, acción colectiva.

El amparo “profundiza su reclamo en la observación de la carencia de legalidad del proceso administrativo que desembocó en la nueva tarifaria haciendo incapié, asimismo, en el carácter absolutamente discrecional del aumento y carente de toda proporcionalidad”, según explica la Asociación en un comunicado de prensa.

Miguel Fortuna, Presidente de MODECUMA, expresó que "aparte del gravamen que transversalmente implica un cuadro tarifario que no se sostiene con la realidad económica de los porteños y la ilegalidad del proceso mediante el cual el gobierno nacional resolvió tal aumento, llama la atención que el Presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Aranguren hagan oídos sordos a un planteo que la población expresa en todos los niveles de rever estas tarifas y, por el contrario, planteen que deben pagarse incluso aunque la justicia ordene cautelares”.

Por último, concluye que “evidentemente el «todos juntos» y el «diálogo» no forman parte de la estrategia de gestión de Macri y su equipo a la hora de resolverle los verdaderos problemas a la gente".

Por su parte, los letrados que presentaron la acción judicial, los Dres. Roberto Boico y Pablo Cano manifestaron que "es absolutamente inconstitucional el mecanismo por el cual el gobierno nacional pretende ajustar las tarifas y creemos que más temprano que tarde la Justicia generará una situación de hecho que obligará al gobierno nacional a reconsiderar su accionar".