Hacemos las mismas críticas que le hicimos entonces: el merodeo no deja de ser inconstitucional por exigir una denuncia previa

Nada nuevo bajo el sol, ya que según los propios dichos de De la Sota pasará el juzgamiento de la Policía al Poder Judicial y se exigirá una denuncia previa de una persona identificable para poder detener a alguien por merodeo.

Este proyecto no es otro que el que ya envió Unión por Córdoba dos veces a la Legislatura: en 2013 y a principios de 2014. En ambos casos no obtuvo el apoyo de ningún legislador de la oposición, ni de las organizaciones sociales ni de ningún experto en la materia.

Hacemos las mismas críticas que le hicimos entonces: el merodeo no deja de ser inconstitucional por exigir una denuncia previa. Seguir utilizando un paradigma vetusto que implica el vigilantismo de la ciudadanía y en el que transforma a cualquier ciudadano en un policía denunciante no parece ser la solución para arreglar el engendro jurídico que es el Código actual. Privar de libertad a una persona con el argumento que alguien se sienta intranquilo es tan burdamente inconstitucional que ni siquiera merece un profundo análisis.

En relación al juzgamiento del Poder Judicial, insistimos en que debe crearse un fuero específico contravencional en el que sea un juez quien juzgue, un fiscal que acuse y se asegure al imputado todos los derechos constitucionales, como el de defensa. Ni los fiscales ni los ayudantes fiscales, por más funcionarios judiciales que sean, tienen jurisdicción y en esto la Constitución Nacional es clarísima: sólo puede juzgar un juez.

Córdoba es una de las provincias con el instrumento legal más represivo y que menos garantía asegura, y sin embargo no ha mejorado ni un ápice su seguridad. No existe relación entre retacear derechos y obtener más seguridad. La seguridad sólo puede funcionar en democracia cuando el Estado garantiza derechos. Sin ese cimiento, no sólo que no hay seguridad posible, no hay convivencia ni democracia viable.

Cortando los nexos que unían al Código de Faltas con la seguridad podemos imaginar otro paradigma por fuera del represivo. ¿Será muy arriesgado pensar un Código de Convivencia totalmente alejado de la Policía, sin penas de arresto, en los que haya instancias vecinales de mediación entre los conflictos? Deberíamos pensar en una instancia que permita reconstruir el tejido social que las políticas de seguridad han destruido. Allí imagino un Código de Faltas o de Convivencia que permita resolver los conflictos que se suscitan al interior de un barrio y de los que el sistema penal jamás pudo ni puede resolver. Problemas con la basura entre vecinos, medianeras, insultos, riñas, amenazas parecen conflictos menores. Sin embargo, no son resueltos por el sistema penal, ni por ninguna otra instancia del Estado y muchos de ellos terminan en tragedia por la escalada a la que llegan. Pensar un Código de Convivencia que, con la participación de otro vecino, mediante mecanismos de mediación, logre dar una respuesta satisfactoria a ambos involucrados sería un gran primer paso para vivir en una ciudad mejor.

El lenguaje jamás es neutro. Cuando discutimos un proyecto de modificación del Código de Faltas no estamos discutiendo sobre más o menos seguridad, sino sobre la posibilidad de mejorar la convivencia entre todos. Ahí se encuentra el desafío.