Según publicó hoy el diario Tiempo Argentino, el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, apeló el viernes una declaración de incompetencia para que la causa regrese a la justicia federal de esa provincia, y que de esta forma permita que se puedan investigar varias causas conectadas con delitos económicos que tienen al holding en la mira.

La denuncia apunta también a dilucidar si montaron "un aparato de propaganda" destinado a apuntalar a la última dictadura desde 1976 en adelante.

La causa se originó el 21 de marzo de 2012 a raíz de una denuncia del dirigente kirchnerista Carlos Moscatelli ante la Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari.

Allí se señaló a Magnetto como el jefe de una asociación ilícita con vinculación con empresas como el diario La Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre de Córdoba, todos comprados por el Grupo Clarín, y además solicitó que se investigue penalmente su rol como "partícipe y cómplice de los hechos delictivos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976".

El escrito, según el matutino, agrega que el multimedios "se habría desempeñado como aparato de propaganda, dando información tendiente a sugestionar, atemorizar y confundir a la población".

La acusación abarca períodos posteriores, en los que se habrían perpetrado delitos de índole económica, como la distorsión de precios de las acciones que habrían sido compradas por las AFJP, una de las principales causas contra el multimedios acusado de haber fraguado una salida a la Bolsa con un precio inflado, lo que ocasionó que cuando las administradoras de fondos jubilatorios las incorporaron a sus carteras, el precio de desplomó, ocasionando un perjuicio a sus tenedores.

La causa apunta a determinar si esto posibilitó que el Grupo adquiriera los principales medios de Córdoba a través de una apropiación de forma fraudulenta.

Senestrari impulsó la acción penal ante el juez Ricardo Bustos Fierro, quien había sido denunciado por la Secretaría de Comercio por emitir fallos favorables al multimedios.

Sin embargo, el fiscal solicitó al juez que se declare incompetente y envíe el expediente a la justicia federal, porque la investigación sobre las maniobras económicas y por el presunto montaje de un aparato de propaganda excedió la jurisdicción de la provincia.

La justicia federal de Córdoba giró las actuaciones a la de la Capital Federal en virtud de que existen antecedentes para investigar al multimedios desde Comodoro Py. El juez Sebastián Ramos se declaró incompetente, algo que la fiscalía rechazó, por lo que será definido por la Cámara Federal.