Negocios, corrupción y narcotráfico

El Puerto de Rosario quedó envuelto en una investigación federal que examina presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con fondos de la corrupción catalana y recursos provenientes del narcotráfico. En el centro del expediente aparecen el empresario catalán Jordi Pujol Ferrusola, el ex titular de Terminal Puerto Rosario (TPR) Gustavo Shanahan y sociedades que participaron en la estructura de la concesionaria.

La investigación vuelve a colocar bajo escrutinio una terminal cuya administración está relacionada con importantes intereses empresariales. Al mismo tiempo, el futuro de la concesión, que vence en 2032, aparece atravesado por las aspiraciones de Vicentín y Ultramar de prolongar su permanencia.

La cuestión no se reduce a una disputa entre accionistas. El caso plantea interrogantes sobre cómo se incorporaron capitales a una empresa concesionaria, qué controles se aplicaron y qué responsabilidades podrían surgir de las operaciones investigadas.

La ruta de los fondos catalanes

Una inversión de 1,85 millones de euros

Según la reconstrucción publicada por medios que accedieron a la investigación, en febrero de 2005 la sociedad offshore Brantridge Holdings Ltd. transfirió 1.850.000 euros a Loster Company S.A.

Los fiscales sostienen que ese dinero fue utilizado para financiar un aumento de capital relacionado con Terminal Puerto Rosario. La hipótesis judicial apunta a que fondos de origen ilícito habrían ingresado al circuito económico formal mediante operaciones vinculadas con la actividad portuaria.

La investigación también analiza el papel de las sociedades utilizadas para canalizar el dinero y las relaciones entre los distintos participantes del entramado.

La transferencia constituye uno de los movimientos financieros destacados por los investigadores. Sin embargo, la determinación de las responsabilidades penales corresponde a la Justicia y depende del avance de la causa.

El apellido Pujol y la investigación española

Jordi Pujol Ferrusola, hijo del histórico presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley, aparece como una figura central del expediente argentino.

La Justicia española investigó el origen del patrimonio del clan Pujol Ferrusola. Según las reconstrucciones periodísticas, un fallo de la Audiencia Nacional de Madrid, confirmado en 2021, vinculó ese patrimonio con presuntas comisiones y sobornos relacionados con negocios públicos en Cataluña.

La investigación argentina examina si fondos relacionados con ese entramado fueron canalizados hacia el negocio portuario rosarino. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si las operaciones tuvieron una finalidad de ocultamiento de su origen.

Vicentín y Ultramar: el cambio de manos de Terminal Puerto Rosario

La historia accionaria de TPR constituye uno de los puntos más relevantes del caso. Durante el período investigado, la terminal atravesó cambios en su estructura de control que involucraron a empresarios locales, sociedades relacionadas con Pujol Ferrusola y el grupo Vicentín.

De la crisis financiera al ingreso de Vicentín

En 2009, Terminal Puerto Rosario atravesaba una situación financiera crítica. La empresa enfrentaba una caída de la actividad y dificultades para sostener sus operaciones.

En ese contexto, Gustavo Shanahan, vinculado a la firma Pro Puerto, asumió un papel central en la conducción de la concesionaria. Su participación se relacionó con la búsqueda de un comprador o socio operador para el negocio portuario.

En 2010, una empresa vinculada con Vicentín adquirió el 51% de TPR. Shanahan conservó el 19%, mientras que el 30% restante quedó vinculado a una sociedad relacionada con Jordi Pujol Ferrusola.

La estructura accionaria volvió a modificarse posteriormente, cuando Ultramar ingresó en el negocio portuario. El proceso de traspaso de acciones es ahora objeto de revisión judicial por las sospechas relacionadas con el origen y el recorrido de los fondos.

La venta de acciones y las dudas sobre las operaciones

La transferencia del 30% de las acciones vinculadas con Pujol Ferrusola a Ultramar, concretada en 2012, ya había despertado cuestionamientos en España.

En 2015, publicaciones periodísticas informaron que Hacienda española había detectado indicios de blanqueo en esa operación. Entre los aspectos señalados figuraban las diferencias entre el valor de adquisición de las acciones y el precio posterior de venta.

Los antecedentes permiten comprender por qué el expediente actual vuelve a revisar las operaciones accionarias de la terminal. No obstante, las sospechas sobre determinadas transacciones deben distinguirse de una sentencia que establezca la responsabilidad de cada empresa o persona involucrada.

Gustavo Shanahan y la conexión con el narcotráfico

El nombre de Gustavo Shanahan aparece en la investigación por su participación histórica en Terminal Puerto Rosario y por sus vínculos con operaciones financieras investigadas por la Justicia.

Shanahan fue condenado en 2023 a siete años de prisión por narcotráfico, según la información publicada sobre el caso. La nueva investigación examina si existió una conexión entre las maniobras de lavado vinculadas con fondos catalanes y el dinero proveniente del narcotráfico rosarino.

Operaciones financieras y dinero de origen ilícito

La causa investiga movimientos de dinero realizados a través de sociedades y operaciones financieras que, según la hipótesis fiscal, podrían haber sido utilizadas para ocultar el origen de los fondos.

Entre las maniobras analizadas aparecen transferencias internacionales, operaciones con acciones y mecanismos destinados a dar apariencia legal a recursos de procedencia presuntamente ilícita.

La investigación busca establecer cómo se desarrollaron esas operaciones, quiénes participaron y cuál fue el destino final de los fondos. El expediente continúa abierto y las hipótesis fiscales deben ser acreditadas mediante pruebas judiciales.

Una concesión estratégica bajo la lupa

Terminal Puerto Rosario administra las terminales I y II del puerto rosarino. La concesión, otorgada en 2002 por un plazo de 30 años, tiene vencimiento previsto para 2032.

Vicentín y Ultramar aspiran a extender la permanencia en la terminal. La intención de conseguir una prórroga adquiere relevancia en un contexto donde las operaciones de antiguos accionistas y administradores están siendo examinadas por la Justicia.

La eventual continuidad de la concesión plantea interrogantes sobre los criterios que deberán utilizar las autoridades para evaluar la situación de la empresa, su estructura accionaria y los antecedentes que surjan de la investigación.

El papel de los organismos de control

El Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) tiene responsabilidades vinculadas con el control de la concesión. La discusión sobre el futuro de TPR vuelve a poner en primer plano la necesidad de examinar las condiciones bajo las cuales se desarrollaron las operaciones societarias.

La investigación periodística también recupera antecedentes de cuestionamientos formulados en años anteriores sobre determinados movimientos accionarios. Entre ellos se menciona un informe del Banco Nación de 2020 que habría advertido inconsistencias en operaciones relacionadas con el traspaso de acciones.

Estos antecedentes no permiten afirmar, por sí solos, que los organismos de control hayan incurrido en responsabilidades penales. Sí justifican el interés por conocer qué controles se realizaron y qué documentación respaldó las decisiones adoptadas durante la evolución de la concesión.

¿Qué está en juego después de 2032?

La investigación por presunto lavado de dinero coloca al Puerto de Rosario ante una discusión que excede los intereses de las empresas involucradas. La concesión de una terminal estratégica exige mecanismos de control capaces de garantizar transparencia en la administración y en la composición de su capital.

El expediente judicial deberá determinar si existieron maniobras de lavado, quiénes fueron responsables y qué alcance tuvieron las operaciones investigadas. Mientras tanto, el proyecto de extender la concesión mantiene abierta una discusión sobre las condiciones de continuidad de los actuales operadores.

El caso vuelve a mostrar la importancia de que las decisiones sobre infraestructura portuaria se encuentren respaldadas por controles efectivos y documentación verificable. Cuando una concesión estratégica queda atravesada por sospechas de lavado de dinero, la pregunta no es solamente quién pretende quedarse, sino bajo qué condiciones y con qué garantías de transparencia.

FUENTES

La Política Online. (2026, 16 de septiembre). El escándalo de lavado de la familia Pujol en el puerto de Rosario complica el plan de Vicentín para quedarse hasta el 2032. (La Política Online)

Rosario3. (2026, 9 de septiembre). La nueva investigación por lavado contra Shanahan reflota dudas sobre la venta de acciones del puerto de Rosario. (Rosario3)

Página/12. (2026, 11 de septiembre). El puerto de Rosario funcionó como plataforma de fondos de origen ilícito. (Página|12)

Punto Biz. (2015, 6 de abril). España ve “indicios de blanqueo” en la venta del puerto a Ultramar. (Punto Biz)