Los acreedores que han aceptado los canjes y los holdouts no son casos iguales. No parece correcto obligar a los deudores a tratarlos en forma igualitaria

Adiviná. ¿En qué se parece el más influyente columnista del influyente Finantial Times a los gobiernos de Brasil, Rusia, China y Francia y a la Comisión Económica para América latina? ¿En qué se asemeja The New York Times a los halcones del Fondo Monetario Internacional; o qué tienen estos en común, ahora, con los principales economistas de la oposición argentina o con legisladores británicos del Partido laborista? ¿No se te ocurre? Respuesta: Todos se han pronunciado en contra de la aberrante interpretación judicial estadounidense que ordena a nuestro pueblo pagarle a dos fondos buitre y un puñadito de inversores locales unos 1.330 millones de dólares, poniendo en peligro el proceso de reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, que ha permitido a la Argentina levantarse de las cenizas de la hiperrecesión, default de la deuda externa y la salvaje devaluación de principios de siglo.

El Gobierno argentino ha contado en esta batalla que se libra en el corazón del Imperio americano con poderosos aliados, que insisten en que la razón está de nuestra parte. Martin Wolf, tal vez el columnista más leído del diario de la city londinense, escribió la semana pasada un artículo titulado Defender a Argentina de los buitres. Martin afirmó que si “la Argentina se ve obligada a pagar en su totalidad a los holdouts o fondos litigantes, el costo caerá sobre los argentinos y eso sería una extorsión respaldada por el poder judicial de Estados Unidos”.

Sí, escribió extorsión, la misma palabra que había usado Cristina días atrás para referirse a los fallos del juez neoyorquino Thomas Griesa, cuya peculiar interpretación del pari passu (igual tratamiento para todos los deudores) es la piedra basal de este dilema de porquería en que nos han metido.

Martin Wolf repitió en su columna los mismos argumentos que el Ministerio de Economía: “los acreedores que han aceptado los canjes y los holdouts no son casos iguales. No parece correcto obligar a los deudores a tratarlos en forma igualitaria“, tal como ha hecho Griesa. Y concluye:  “Un mundo en el que la opción para los soberanos y sus acreedores está entre un pago en su totalidad y falta absoluta de pago sería tan mala como uno en el que los deudores debieran elegir entre la hambruna y la prisión. Ahora debe ser encontrada una mejor manera”.

OTRO RESPALDO

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América latina de la ONU, Alicia Bárcena, se pronunció también a favor de la postura argentina y advirtió sobre sus consecuencias en futuras reestructuraciones de deudas soberanas, tal como habían hecho nada menos que el Fondo Monetario Internacional y el diario más influyente de Estados Unidos, The New York Times.

"Pues si ante una negociación voluntaria como la llevada a cabo por Argentina, en la que más de 92 por ciento de los acreedores aceptó canjear los títulos de deuda en cesación de pagos, por nuevos bonos con una quita considerable, cualquier acreedor puede reclamar y cobrar la totalidad de la deuda ¿cuáles son los incentivos para ingresar a futuro en una reestructuración semejante?", se preguntó la directiva del Cepal.

Afirmó Alicia que "sin esa reestructuración, Argentina hubiera experimentado otra década perdida en los años 2000", y remarcó que "dificultosamente y a lo largo de casi 10 años, el país logró una aceptación mayoritaria de su propuesta". Destacó que "la extensión de plazos y la quita implícitas en el canje de deuda resultante hicieron posible que el país experimentara un ciclo importante de crecimiento, aprovechando las buenas condiciones del contexto internacional, y cumpliera al mismo tiempo con los compromisos emanados de dicha reestructuración".

La secretaria ejecutiva de la Cepal puntualizó que atender el reclamo de los fondos buitre "puede incluso tener efectos negativos para quienes participaron en la renegociación", y advirtió que "por un lado, si Argentina se viera forzada a declarar la cesación de pagos ningún acreedor cobraría".
"Por otro lado, si Argentina optara por pagar debe hacerlo a todos los acreedores con independencia de si participaron o no en la reestructuración 2005-2010", subrayó Bárcena.

Concluyó que "se trata entonces de un caso testigo para la comunidad internacional, como ya lo han hecho saber numerosos gobiernos y organismos internacionales, que pone de manifiesto un vacío legal que debería dar lugar a una reforma en la normativa internacional que permita proteger el bien común del afán de ganancias extraordinarias de las minorías".