Sobreseyeron a Chocobar en la causa por presunta estafa con la Fundación que llevaba su nombre: su abogado denunció una “persecución política”

Cinco años de investigación y una causa cerrada

Cinco años después de que la Inspección General de Justicia denunciara presuntas irregularidades en la denominada Fundación Chocobar, la Justicia resolvió sobreseer a Luis Chocobar y a los abogados Fernando Oscar Soto, Luis Jorge Cevasco y Ricardo Daniel Galeano.

La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 42. Según la información publicada sobre el fallo, no se logró demostrar que los donantes hubieran sido víctimas de un engaño ni que hubieran sufrido un perjuicio patrimonial.

La decisión cerró una investigación que había comenzado en 2021, cuando la IGJ cuestionó la existencia legal de la fundación y su mecanismo de recepción de aportes económicos.

Una fundación bajo la lupa

La denuncia original señalaba que la entidad no se encontraba inscripta como fundación ni como asociación civil, pese a que recibía donaciones a través de una página web y cuentas vinculadas a Mercado Pago y al propio Chocobar.

La IGJ había advertido que la organización no contaba con autorización formal para funcionar como tal. Además, cuestionó que se solicitaran aportes bajo una estructura institucional que todavía no había completado su proceso de constitución.

En agosto de 2021, los abogados de Chocobar respondieron con una denuncia contra el entonces titular de la IGJ, Ricardo Nissen. Lo acusaron de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación de secreto, y calificaron la intervención del organismo como una supuesta persecución política.

Qué determinó la Justicia sobre las donaciones

Uno de los puntos centrales del expediente fue el análisis del dinero recibido por la denominada Fundación Chocobar.

Según la información publicada por Infobae, se identificaron 32 donantes que aportaron un total de $69.100 entre junio y septiembre de 2021. De las 25 personas que prestaron declaración, 24 manifestaron que no se consideraban perjudicadas económicamente.

Mercado Pago informó que la cuenta investigada no registró movimientos de ingresos ni egresos entre septiembre de 2021 y mayo de 2026, y que conservaba $66.962,74.

El juzgado consideró que la permanencia de los fondos y las declaraciones de los aportantes no permitían acreditar los elementos necesarios para sostener una maniobra de estafa. La resolución también tomó en cuenta que existían gestiones destinadas a constituir formalmente la fundación. ([infobae][2])

El límite entre una irregularidad administrativa y un delito

El caso expone una diferencia relevante: que una organización no haya completado su inscripción legal no demuestra, por sí solo, la existencia de una estafa.

La investigación debía establecer si hubo un engaño capaz de inducir a error a los donantes y un perjuicio económico efectivo. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Justicia concluyó que esos elementos no fueron acreditados.

Sin embargo, el sobreseimiento no elimina los cuestionamientos que originaron la investigación sobre el estado legal de la fundación. El trámite de inscripción ante la IGJ continuaba activo y había recibido observaciones relacionadas con su patrimonio, documentación profesional y planificación institucional.

Fernando Soto y la denuncia de una “persecución absoluta”

Tras el cierre de la causa, Fernando Soto cuestionó la duración del proceso y el accionar de los organismos que participaron en la investigación.

En declaraciones difundidas por Noticias y Protagonistas, el abogado sostuvo que los fondos no habían sido retirados y que los donantes habían manifestado que no se consideraban estafados. También afirmó que el proyecto de la fundación había quedado paralizado durante cinco años.

“Fue una persecución absoluta”, expresó Soto, según la publicación. El abogado aseguró, además, que la iniciativa continuará adelante.

La acusación de persecución política forma parte de la posición expresada por la defensa desde 2021. En aquel momento, los abogados de Chocobar habían cuestionado la denuncia de la IGJ y sostenido que el organismo había actuado con una intención política.

No obstante, las fuentes consultadas no aportan elementos suficientes para establecer que la investigación haya respondido a una persecución política. Esa interpretación corresponde a los abogados denunciantes y debe distinguirse de los fundamentos judiciales que terminaron con el sobreseimiento.

El caso Chocobar no termina con este sobreseimiento

El cierre de la causa vinculada con la fundación no significa que haya finalizado toda la situación judicial de Luis Chocobar.

El exagente había sido condenado en 2021 por exceso en el cumplimiento del deber, en relación con la muerte de Juan Pablo Kukoc. En 2024, la Cámara de Casación anuló la condena y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Según la información publicada por Infobae, en agosto de 2025 el Tribunal Superior de Justicia porteño confirmó que Chocobar deberá afrontar nuevamente un juicio oral. La defensa, por su parte, recurrió a la Corte Suprema para intentar evitarlo y obtener su absolución.

Una causa cerrada, pero con interrogantes institucionales

El sobreseimiento pone fin a una investigación por presunta estafa, pero también vuelve a colocar en el centro del debate el papel de los organismos de control y los límites de la intervención estatal sobre organizaciones que buscan constituirse legalmente.

La Justicia descartó la existencia de los elementos del delito investigado. El desafío institucional consiste ahora en distinguir entre una denuncia que no logró probar una maniobra delictiva y las obligaciones administrativas que cualquier entidad debe cumplir para funcionar formalmente.

El expediente concluye con un resultado judicial concreto. Las controversias políticas que lo acompañaron, sin embargo, continúan formando parte de la disputa pública entre los promotores de la fundación y los organismos que cuestionaron su funcionamiento.

Fuentes

Infobae. (2026, 16 de septiembre). Sobreseyeron al ex policía Chocobar en la causa por supuesta estafa con la Fundación que lleva su nombre.

Noticias y Protagonistas. (2026). Fernando Soto: “La jueza prejuzgó y no puede seguir interviniendo en el hábeas corpus”.

Noticias Argentinas. (2021, 26 de agosto). Los abogados de Chocobar denunciaron a la IGJ por “persecución política”.

Página/12. (2021, 7 de agosto). La Fundación Chocobar, denunciada por trucha.