El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tendrá a su cargo el proceso judicial en el que se investigará el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto y la apropiación de dos nietos restituidos.

Los imputados serán el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y ex presidente de facto, Reynaldo Bignone; y los apropiadores Roberto Cándido Duarte; Margarita Noemí Fernández; y Aída Blandina Dusolina Pizzoni.

También serán juzgados los civiles Jorge Eduardo Ramella (médico), Liliana Mabel Alvarez, Alicia Itatí Rodríguez y Jorge José Buffe.

Los casos que se investigan son el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto -ocurrido en 1975-, y a las apropiaciones de Gabriel Matías Cevasco y de Martín Amarilla Molfino, hijos de militantes desaparecidos y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.

Guido Quieto tenía 6 años cuando presenció el 28 de diciembre de 1975 el secuestro de su padre, Roberto Quieto, desde entonces detenido desaparecido, y hoy como abogado será querellante en el juicio.

"Para este juicio oral, había dos procesados por el secuestro de mi papá, que eran Albano Harguindeguy y Santiago Riveros. Lamentablemente, Harguindeguy murió impune" hace un año, señaló el hijo del militante desaparecido.

El último juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado se realizó este año con la causa caratulada “Buitrago, Sergio y otros” donde se investigaron delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, allanamientos ilegales y robo agravado en perjuicio de 31 víctimas.

En esa oportunidad, el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín condenó a Riveros a 25 años de prisión; al ex prefecto Servando Ortega a 9 años de prisión domiciliaria y al ex comisario Juan Fernando Meneghini, a 6 años, cumplidos con la prisión preventiva, por lo que quedó en libertad.

Campo de Mayo fue uno de los más grandes centros de torturas y exterminio que funcionó en el conurbano bonaerense durante la última dictadura cívico militar con 5.000 hectáreas y allí funcionó una maternidad clandestina y tres lugares de alojamiento de secuestrados.

Se calcula que por los tres centros clandestinos que había en el lugar pasaron unas 4.000 víctimas de las cuales sobrevivió sólo un diez por ciento.