Se podría imaginar una conexión general entre grupos

El funcionario aseguró que el genocida prófugo Jorge Olivera tenía vínculos con sectores económicos fuertes del país que le permitieron el armado de una estructura económica que hoy podría estar sosteniendo su sobrevivencia en la clandestinidad luego de su fuga, junto a otro represor, Gustavo De Marchi.

Según explicó el funcionario a Radio Nacional, a partir del caso de Olivera se descubrió que tenía un fideicomiso con fondos provenientes de honorarios por juicios contra el Estado nacional que podría estar financiando su supervivencia y "se podría imaginar una conexión general entre grupos" que podría estar financiando a genocidas prófugos de la Justicia.

"Es uno de los problemas desmantelar el poder económico de esos grupos, porque amortiguaría el poder de estos grupos para sostenerse" en la clandestinidad, asumió Sbatella, que precisó que según los estándares internacionales un prófugo sólo podría sobrevivir 48 horas sin ayuda económica y que gracias al congelamiento de cuentas, se pudo recapturar a unos 6 prófugos.

Ayer, los ministros de Defensa Agustín Rossi, de Justicia Julio Alak, y el titular de la UIF revelaron el hallazgo de un fideicomiso con 9.457.803 pesos vinculado con el represor Jorge Antonio Olivera, que el 25 de julio se escapó del Hospital Militar Central luego de haber sido autorizado su traslado por el Juzgado 2 de San Juan para ser atendido en ese establecimiento junto a De Marchi, también prófugo.

Como consecuencia de este hallazgo, se procedió al congelamiento de las cuentas del fondo fiduciario vinculado a Olivera, y también las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, el Cuit, las viviendas y autos de Olivera, y también de su mujer, la psicóloga del Hospital Militar Noemí Ravasi, y de De Marchi.

Este fondo fiduciario se nutrió de honorarios que Olivera cobraba a través de su estudio de abogado, que tenía en sociedad con Jorge Appiani, otro represor también abogado que hoy está detenido en Entre Ríos.

Los genocidas son considerados "terroristas" por la legislación argentina bajo la figura de "Terrorismo de Estado" (artículo 306 del Código Penal).

Por este motivo, toda persona u organización que ayude a estos genocidas prófugos a sostener la logística que les permita sobrevivir en la clandestinidad, no importa su grado de parentesco, quedan alcanzados por la ley.

"Según la ley argentina, los represores prófugos son terroristas prófugos y, por eso, todos aquellos que los sostengan, quedan afectados por la ley, con penas de cinco a quince años, sus bienes decomisados y multas", precisó Sbatella, que aclaró que esto también se aplica a familiares directos.

Sbatella agregó que el fideicomiso vinculado a Olivera se vendió a varias empresas a modo de inversión, y citó el caso de Cargill.

Recordó que el estudio de Olivera y Appiani estuvo siempre "muy relacionado con sectores económicos", que sus abogados defendieron al genocida Guillermo Suárez Mason y al coronel nazi Erich Priebke y que el estudio Nicholson ejecutó las cobranzas de los juicios.