El legislador porteño electo por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal , presentó una denuncia penal por “la posible comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias” en la actual Legislatura.
Andrés Brown Redacción En Orsai // Jueves 21 de noviembre de 2013 | 13:25
El Ejecutivo de la Ciudad procura ganar una mayoría para la votación de un paquete de leyes que implican la más grande privatización de tierras que se tenga memoria
En concreto, denunció repartir cargos entre legisladores propios y de otros partidos, a cambio de votos favorables para vender parte del patrimonio de la ciudad.
En su presentación, Ramal denunció “la intención de traficar la votación de un conjunto de leyes enviadas por el Ejecutivo de la Ciudad, a cambio de nombramientos en la Defensoría del Pueblo, fiscalías y Entes Reguladores en favor de diputados salientes de los bloques de la oposición”.
Ramal señaló que “de este modo, el Ejecutivo de la Ciudad procura ganar una mayoría para la votación de un paquete de leyes que implican la más grande privatización de tierras que se tenga memoria en la historia de la Ciudad”.
Hace un par de semanas, Mauricio Macri había conseguido que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobara un proyecto de ley que permite a la administración del Pro enajenar y vender 49 inmuebles desplegados a lo largo del territorio de la Capital Federal y del conurbano bonaerense.
La iniciativa del Jefe de Gobierno fue aprobada con 41 votos positivos y declara “innecesarios para la gestión pública” los edificios.
Entre otros terrenos, se dispuso la venta y concesión de centenares de hectáreas en la Comuna 8 (Soldati y Lugano), la habilitación de megashoppings en Palermo y Caballito a favor del grupo IRSA y la construcción de trece megatorres en la Costanera Sur, a favor del mismo grupo empresario.
Acompañando diversos testimonios que refieren a este pacto, la presentación de Ramal señala que “la existencia de un intercambio de cargos por votos favorables a un proyecto parece ser un secreto a voces”.
El escrito del legislador electo por el Frente de Izquierda será analizado por el juzgado penal a cargo de Sergio Torres.