(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) Los elementos relacionados con este atentado se entrelazan de manera sorprendente con los dos principales candidatos de la ultraderecha en Argentina, sus comandos de campaña y sus redes de acción política, específicamente hablando de Javier Miley y Patricia Bullrich.

Juan Grabois, en calidad de querellantes en la causa denominada "Revolución Federal", asumió esta posición debido a que figuraba en la lista de personas que ellos planeaban asesinar. Por este motivo conformó un equipo de investigación con el objetivo de comprender a fondo lo que realmente estaba sucediendo en dos expedientes judiciales: el de "Revolución Federal" y el de "Los Copitos". En ambos casos, la investigación no avanzaba hacia una profundidad que permitiera identificar no solo a los autores materiales, sino también desvelar las conexiones políticas, financieras y los autores intelectuales detrás de estos hechos.

Frente a la aparente negligencia o complicidad de ciertos jueces y fiscales, el equipo de investigación de Juan Grabois intenta responder a las dos preguntas fundamentales: ¿Quién perpetró el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y por qué lo hizo? No obstante, antes de adentrarnos en los hechos concretos, es imperativo transmitir nuestra interpretación política de los mismos.

El atentado contra Cristina representa el punto culminante de un proceso con un objetivo sumamente claro: desmantelar, desorientar y debilitar al campo popular argentino, al mismo tiempo que crea un acontecimiento que es percibido como heroico y que libera por completo a las fuerzas reaccionarias que abiertamente buscan destruir el estado argentino como una alternativa a la innegable crisis que estamos enfrentando.

Este atentado logró su objetivo, como lo demuestran los eventos posteriores. Cristina fue proscripta, el peronismo quedó en una situación de extrema vulnerabilidad y las fuerzas de ultraderecha avanzaron en direcciones insospechadas, alcanzando posiciones de influencia que pocos hubieran anticipado. Es evidente que la alianza entre grupos de ultraderecha deshumanizados y fuerzas paraestatales oscuras ha determinado el escenario político de nuestro país, condicionando de manera violenta el proceso democrático.

En nuestra opinión, señaló Juan Graboisen un video publicado en el día de ayer, que la dirigencia política no ha comprendido completamente este fenómeno y lo ha subestimado. Es crucial comprender y desenmascarar la verdadera naturaleza de estos grupos, su capacidad de infiltración en las instituciones políticas, tanto a nivel nacional como internacional, y sus auténticas intenciones, que van más allá de meros actos de violencia, buscando una transformación profunda y radical en la dirección del país. Esta realidad nos exige una evaluación rigurosa y una acción concertada para preservar la democracia y la estabilidad en Argentina.

La financiación del atentado

Se ha podido revelar que los hermanos del ex ministro macrista Luis "Toto" Caputo, estuvieron involucrados en el financiamiento de la banda extremista presuntamente vinculada al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. Este hallazgo ha generado un fuerte impacto en la investigación en curso sobre los escraches y actos de violencia organizados por el grupo Revolución Federal contra la Casa Rosada y el Instituto Patria.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien lidera esta investigación, ha centrado su atención en una serie de transferencias financieras sospechosas que se llevaron a cabo desde los fideicomisos Espacio Añelo y Santa Clara al Sur, ambos propiedad de Caputo Hermanos. Estas transferencias de fondos, que ascienden a un total de 7 millones de pesos argentinos, fueron destinadas al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y a otros dos individuos relacionados con el grupo, identificados como Balboa y Vallero. Estas transacciones tuvieron lugar en un período que abarca desde diciembre de 2021 hasta agosto de 2022.

Una característica destacada de estas transferencias financieras es que el dinero fue retirado en efectivo de manera inmediata. Un dato adicional relevante es que tanto Morel como Balboa y Vallero figuran como monotributistas en sus declaraciones fiscales, y ninguno de ellos tiene antecedentes comerciales que justifiquen la recepción de sumas significativas como las mencionadas.

Un análisis más profundo de los registros revela que Vallero recibió una transferencia de 2.454.480 pesos desde el Fideicomiso Espacio Añelo, propiedad de Caputo Hermanos. De manera similar, Morel retiró 1.900.000 pesos en efectivo en los días 2 y 3 de junio, poco después de recibir su respectiva transferencia.

Es importante destacar que Jonathan Morel admitió que en su carpintería se llevó a cabo "un trabajo para un fideicomiso", sin tener conocimiento de la identidad de los financiadores detrás de dicho encargo. De manera significativa, fue en esta carpintería donde se fabricó la guillotina de madera que Morel transportó a uno de los escraches que actualmente están bajo investigación.

Además, es crucial mencionar que Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, el individuo que perpetró el ataque contra Cristina Kirchner en su residencia en Recoleta, participó en algunos de los escraches organizados por Revolución Federal.

Brenda Uliarte se encuentra detenida y procesada, siendo considerada una figura clave en la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta. La vinculación entre los eventos investigados por el juez Martínez de Giorgi y la investigación liderada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, centrada específicamente en el intento de asesinato de Cristina Kirchner, es evidente. No obstante, cabe mencionar que la jueza Capuchetti se ha negado a unificar ambas causas, optando por mantener la investigación bajo su jurisdicción.

Los hermanos Caputo, Flavio y Hugo, lideran la firma Caputo Hermanos y son familiares del ex ministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis "Toto" Caputo. Nicolás "Nicky" Caputo, primo de los hermanos, también ha sido mencionado en relación con estos eventos, por los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Gregorio Dalbón, en el contexto de la causa por el intento de magnicidio.

Sobre la conexión entre los hermanos Caputo y el financiamiento del ataque perpetrado por Sabag Montiel es un punto donde evidentemente la jueza no quiere avanzar. El flujo de dinero hacia la organización extremista podría ser motivo suficiente para citarlos a declarar en relación con estos eventos.

Dentro del círculo cercano a Cristina Kirchner y sobre los que siguen detalladamente la causa, existe la convicción de que todos estos grupos extremistas están interconectados y que posiblemente recibieron financiamiento político. Estos grupos comparten una carga ideológica de naturaleza fascista y se cree que sus acciones, incluyendo el intento de asesinato, forman parte de una estrategia para socavar la imagen del peronismo desde distintos frentes. Son percibidos como actores políticos enmascarados, cuyas acciones buscan influir y desestabilizar la arena política cuyos resultados en las últimas elecciones no deja de ser una consecuencia directa.