La fiscal Daniela Dupuy es del partido político PRO y Ramos aparece en las conversaciones hackeadas a D’Alessandro y se sabe que el ministro le proporcionaba un vehículo para que lo usara. La semana pasada, el fiscal federal Federico Delgado le sugirió al juez que se aparte de la causa “por razones de decoro”, porque quedó evidenciada su relación con D’Alessandro en la adjudicación del vehículo.

Además, Ramos cerró en 24 horas otro expediente en el que se investigaban los diálogos entre D’Alessandro y Silvio Robles, operador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

Desde que Página/12 reveló el viaje a Bariloche y Lago Escondido, la justicia se aseguró de que la investigación pasara a Comodoro Py y empantanó el expediente.

La jueza María Araceli Martínez le dijo a la fiscal Dupuy que la causa no correspondía al fuero porteño dado que se trataba de interrupción de comunicaciones -un delito federal- y que los hackeados eran jueces y funcionarios públicos.

La jueza dijo que había que tomar medidas urgentes y que por eso aceptó los pedidos de la fiscal para hacerlas. Sin embargo, el expediente tardó seis meses en concretar las medidas supuestamente urgentes. D’Alessandro quiso retener la investigación para ver si podía adjudicarle la responsabilidad de los hackeos al peronismo.

Quien le sacó el control del celular a D’Alessandro fue un joven misionero, Ezequiel Nuñez Pinheiro. Desde El Dorado, Misiones, el muchacho se dedicaba a eso y lo hizo en 72 ocasiones. El encargo se lo hizo una persona con nombre falso desde una cuenta de Telegram y el pago se hizo con criptomoneda.

Nuñez Pinheiro admitió los hechos, pero dijo que él sólo tomaba control de la línea, no ingresaba al contenido. Eso lo hacía el desconocido que pagaba la maniobra a razón de 12.000 a 15.000 pesos por “objetivo”, o sea teléfono “intervenido”. Nuñes Pinheiro pidió ser tomado como arrepentido, pero no porque tuviera más información sino porque puede colaborar en detectar al autor intelectual del hackeo.

Del texto de 16 páginas de la jueza Martínez surge que no se logró establecer quién encargó las maniobras de espionaje ilegal. Es posible que no se quiera avanzar en ese terreno porque todo indica que las jugadas fueron parte de la interna macrista.