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- Que la resolución de la Corte lesiona severamente los principios del federalismo consagrado en nuestra Constitución Nacional favoreciendo al distrito más rico del país en desmedro de los 44 millones de argentinos que componen el país profundo y productivo.

- Que la cifra establecida en el fallo carece de todo fundamento legal y administrativo arrogándose, una vez más, la Corte Suprema de Justicia el poder de resolver respecto de asuntos absolutamente privativos de otros poderes del estado.

- Que dicha resolución entra en conflicto con leyes vigentes que determinan un destino específico para esos fondos, lo que significaría que numerosas obras previstas o en pleno proceso de ejecución, en caso de cumplirse el fallo, quedarían desfinanciadas y, por lo tanto, imposibilitadas de concretarse, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y el crecimiento de la producción, imprescindible en los momentos que atraviesa el país.

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- Que, una vez más, la Corte Suprema de Justicia decide dejar de lado su obligación de resolver apegada exclusivamente al objetivo de ejercer justicia, favoreciendo a un determinado sector político e inmiscuyéndose en asuntos que le son absolutamente ajenos, ya que su función no es actuar como brazo judicial de sector político alguno.

- La C.G.P. respalda de manera absoluta lo actuado hasta el momento por el Sr. Presidente de la Nación y la gran mayoría de los Gobernadores provinciales, rechazando este arbitrario fallo de la Corte de imposible cumplimiento, y apoya todas las acciones legales que se inicien para impedir que esta parcializada resolución se convierta en un intento de frenar el crecimiento económico y productivo tan necesario para todos los argentinos, inclusive para aquellos que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.