En octubre de este año la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) se puso en alerta, tras la no aprobación de un proyecto que pretendia asistir monetariamente a cada obra social sindical. Los artículos que se buscaban incluir en el presupuesto 2023, daban lugar a un fondo de cobertura multimillonario, proveniente del Tesoro de la Nación, para beneficio del sindicalismo obrero.

En el proyecto llevado a la cámara de diputados de la nación, los gremios pedían cobertura en tratamientos médicos y medicamentos de alto costo, con una reducción del IVA en determinadas prestaciones. El Gobierno, por su parte, prometió a los obreros un presupuesto por encima de los 140 millones de pesos.

Basándose en la ley que abarca las obras sociales sindicales, se exigía un fondo de $148 millones para compensaciones. Estas son para las prestadoras, abarcando los gastos referidos a tratamientos de salud y discapacidad.

Luego de meses, las negociaciones entre el sindicato y el Ministro de Economía Sergio Massa continúan su curso. En el cierre del año se discute un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la creación de este fondo. El objetivo principal es cubrir los costos desmedidos de remedios que rondan los 2 millones de pesos y garantizar el uso de recursos del Tesoro nacional para la inversión del presupuesto pactado en octubre.

Llamativamente, el sector de salud ocupa un lugar más importante a nivel monetario en el presupuesto de la CGT, comparado al sector de educación o traslados. La cúpula insiste en el cumplimiento de los acuerdos sanitarios y el respeto del presupuesto, haciendo referencia a la omisión de años anteriores. En el año 2021 el Gobierno de la Nación incumplió el presupuesto con una diferencia aproximada de 4 mil millones de pesos. Se habían prometido $11 millones de los cuales solo se cubrieron 7.

La lucha sindical por la garantía en el uso de los fondos destinados al ciclo 2023 desplazó también a las discusiones sobre aumentos salariales o paritarias, poniendo en el foco central a la salud. Los gremialistas apuntan directamente a la Ministra de Salud Carla Vizzotti, por el incumplimiento de acuerdos anteriores y los bloqueos u oposiciones a las negociaciones actuales.

El fondo para obras sociales se ajusta al aumento esperado de la inflación, que según expertos y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, será de 100,7% en los próximos 12 meses. Este presupuesto pretende existir en paralelo con el sistema que ya poseen las obras sociales conocido como Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Estos aportes provienen de las prestadoras y los afiliados, mientras que los nuevos fondos negociados provendrían 100% del Estado Nacional.

En la negociación con Sergio Massa también se trató un artículo que establece modificaciones en el pago del impuesto a las Ganancias. Los trabajadores sindicales estarán exentos del pago de este impuesto en sus aguinaldos y en los adicionales por viáticos en el sector de viajes a larga distancia.