Además de Morel, que fue apresado en la ciudad entrerriana de Paraná, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó esta mañana 11 allanamientos en el Gran Buenos Aires y detuvo a estas tres personas, en el marco de una causa de averiguación de delitos en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 8, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, señalaron los voceros allegados a la investigación.

Morel fue detenido en su domicilio de la localidad de Munro; Sosa en su casa de Villa Ballester y Guerra en Moreno, los tres en la provincia de Buenos Aires.

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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aceptada el martes pasado como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, según detallaron a Télam fuentes judiciales.

Los abogados de la Vicepresidenta, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, ya que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido a la exmandataria y que está radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, según pudo reconstruir esta agencia.

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En su momento, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.

A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran su trámite por separado.

En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "¿Hay que pudrirla?".

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En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma "Caputo Hermanos", según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.

Los pagos de la firma que estaría vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron las fuentes.

Ubeira había reclamado que se investigue el financiamiento de Revolución Federal y consideró que los aportes a esa entidad realizados por la familia del exministro Caputo "no son una casualidad".

"Habría que tener algún grado de romanticismo para creer que la presencia de la familia Caputo es casualidad en los aportes que reciben estas personas. Habían arrancado con una transferencia de un millón setecientos mil pesos, y después hay otra de siete millones de pesos. Si hay alguna explicación, que la den", señaló Ubeira en declaraciones radiales.