Los operativos de fiscalización se llevaron a cabo en la localidad rural de Nueva Andalucía, departamento de Río Primero, en el marco de controles rutinarios sobre operadores de la cadena agrocomercial.

Por otra parte, el organismo dirigido por Carlos Castagneto, decomisó en la misma provincia pero en la localidad de Piquillín, 100 toneladas de soja valuadas en $7.000.000 que eran trasladadas en camiones sin las cartas de porte correspondientes.

El valor de la soja incautada equivale a 945 Becas Progresar, una política pública destinada a que los y las jóvenes finalicen sus estudios primarios o secundarios.