Esta es la tercera visita a Jujuy de esa Comisión. Desde el miércoles y hasta el viernes están recogiendo testimonios y documentación que reflejan el avasallamiento de los derechos en la provincia, cuya última evidencia fueron los violentos allanamientos a organizaciones sociales producidos la semana pasada.

Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, afirmó que la «grave situación» que se vive en la provincia «nos retrotrae a la época de la dictadura». Además de la criminalización de la protesta, las detenciones y allanamientos arbitrarios, mencionó la destrucción del sitio de memoria en el predio del Cabildo provincial que motivó denuncias penales contra el gobierno.

Peña consideró «muy importante» la visita de la Comisión, y advirtió: «Tenemos que parar esto porque va a recrudecer».

Los integrantes del grupo de defensa de los derechos humanos son referentes de organizaciones como la APDH y el MTE, entre otras. Algunos de ellos son abogados que se desempeñan en Centros de Acceso a la Justicia de distintos puntos del país. En la delegación que visita Jujuy esta semana, hay representantes de Córdoba, Misiones, Entre Ríos Río Negro y Provincia de Buenos Aires.

María José Cano repasó que la Comisión se conformó en 2019 y desde entonces ha estado acompañando a las personas víctimas del golpe de Estado en Bolivia y represiones en Ecuador y Colombia, entre otras situaciones de vulneración de derechos humanos en la región.

«Estábamos organizando un viaje a Jujuy para profundizar los informes que ya teníamos, pero la coyuntura hizo que viniéramos esta semana a traer nuestra solidaridad, a verificar cómo se avasallan y vulneran los derechos humanos y a acompañar los reclamos para frenar esta situación», señaló Cano.

A su turno, Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, coincidió con Inés Peña en que lo vivido en Jujuy con los allanamientos a organizaciones sociales «nos recordó a la dictadura, los allanamientos que sufríamos cuando teníamos 17 años y militábamos en la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), a la Noche de los Lápices, cuando nos sacaban y nos perseguían».

«Que se enoje quien se quiera enojar -continuó-, pero Morales es un dictador desde el momento en que ha violado los derechos de su pueblo».

Los referentes mencionaron el Código Contravencional vigente como uno de los elementos principales de la falta de estado de derecho. «Tienen endeudada a la mitad de la provincia. Y si no tenés plata para la multa, vas preso una semana a un calabozo sólo por reclamar por los derechos y expresar necesidades», dijo Pimentel.

Con lo reunido en este relevamiento, van a sistematizar los atropellos que sectores políticos y sociales sufren de parte del gobierno provincial, en consonancia con el Poder Judicial. Un informe preliminar será presentado este viernes a las 16 también en el local de la CTA Autónoma Jujuy.

Gerardo te fuiste para Lomas? Justo ahora que me vine a Jujuy a ver qué está pasando con la persecución política en tu provincia.
Vos jugando la interna presidente de juntos y nosotros resistiendo a tu persecución.

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) July 14, 2022

El mes que viene volverá una delegación de la misma Comisión para relevar «tres o cuatro territorios» de la provincia. Con todo ese material más el recogido en viajes anteriores van a redactar un escrito «con ingeniería jurídica» que será entregado a Raúl Zaffaroni para que a su vez lo presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos «para que opine sobre el funcionamiento de la justicia» en Jujuy.

Integró la delegación la diputada nacional Natalia Zaracho, quien ironizó: «Parece casualidad: hoy Morales está en Lomas de Zamora, donde yo vivo, jugando la interna de Juntos, mientras acá están sufriendo persecución». Más tarde publicó su comentario en su cuenta de Twitter.

El grupo que visita la provincia apoya el proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy presentado en marzo pasado por el diputado Federico Fagioli porque, aseguraron, «hay sobrados elementos». Incluso sugirieron que luego de escuchar testimonios que refieren a desalojos violentos y detenciones con torturas, «la intervención debería ser no sólo al Poder Judicial sino a la provincia».