La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos recogerá denuncias en el territorio, sistematizará los atropellos que sectores políticos y sociales sufren de manera orquestada desde el poder local y realizará acciones que permitan romper el cerco de una provincia donde al decir de algunos de sus dirigentes, “no existe el estado de derecho”.

La necesidad de una tercera misión de Derechos Humanos a Jujuy habla de un contexto político y social que se ha ido agravando en el último año, y del que ya han dado cuenta distintos sectores políticos y sociales.

El caso más grave y conocido es el del hostigamiento cruel contra la dirigente Milagro Sala, pero junto a ella son centenas los militantes judicializados, allanados, perseguidos y hostigados por el gobierno de Gerardo Morales y sus brazos judiciales y policiales.

Es por ello que la Comisión viene planteando la necesidad de intervenir el poder judicial provincial, entre otras medidas que podrían poner fin al gravísimo contexto de violencia institucional y supresión de derechos que padece el pueblo de Jujuy.